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Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del martes 27 de agosto 2019. Acuerdo Gasero: la posición de Bartlett estaba cerrando la pequeña ventana que todavía existe para que se apruebe el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá en los próximos 60 días… Mano dura exigen a AMLO.

 

Rayuela

“Hasta donde se sabe, sin una industria de la construcción potente, no hay crecimiento ni desarrollo”.

 

Acuerdo Gasero

Raymundo Rivapalacio, El Financiero: “El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía programado para este lunes un encuentro vespertino fundamental con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett; con los representantes de las gaseras con las cuales se enfrentó y amenazó que llevaría a litigio, y con miembros del Consejo Coordinador Empresarial, que han servido como mediadores y facilitadores. Si las cosas terminan como apuntaban antes de ir a Palacio Nacional, este martes podría darse el anuncio de un acuerdo con lo cual un conflicto innecesario, se habrá conjurado. (…) Bartlett ha sido una figura muy dura en la negociación, por la ignorancia que ha mostrado en materia financiera y su intransigencia, describen varios de sus interlocutores, en la negociación de temas donde podía haber entendimiento. Esa postura rígida y sin matices obligó al Presidente a hablarle fuerte hace unas semanas y señalarle que no iba a permitir que se fuera a un litigio, que iba a durar mucho y les iba a costar, por lo que el diferendo con las gaseras tenía que resolverse en la mesa de las negociaciones. (…) la posición de Bartlett estaba cerrando la pequeña ventana que todavía existe para que se apruebe el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá en los próximos 60 días. La declaración optimista del Presidente de la semana pasada se fincaba en un encuentro que había sostenido con el mismo grupo días antes en Palacio Nacional, donde fue muy claro que a él sólo le interesaba ver el tema de las tarifas y cuánto ahorro iban a tener los consumidores. Para llegar a ese punto ya habían logrado sortear una convicción equivocada de Bartlett. El director de la CFE no entendía que el contrato con las gaseras era por servicio de transporte de gas, y exigía que los gasoductos pasaran a poder a la paraestatal. Ante la insistencia de Bartlett, la impresión que dejó y se hizo ver de diferente manera, fue que lo que buscaba, en palabras claras, era la expropiación de los gasoductos. Expropiar es una acción que el Presidente ha rechazado sobre cualquier inversión, por las múltiples consecuencias negativas que tendría para su gobierno. (…) La negociación se ha dado de manera independiente con las cuatro gaseras, que operan siete gasoductos: IEnova, filial de Sempra, con fuertes vínculos en la Casa Blanca y el Capitolio; TransCanada, que tiene detrás al gobierno canadiense; Fermaca, empresa mexicana que está apalancada con bancos internacionales, y Carso, cuya participación en el mercado es marginal en la escala del corporativo, cuyos contratos con la CFE tienen condiciones particulares. (…) El director de la CFE decidió que lo que quería el Presidente no bastaba, y el miércoles dijo que quería seguir discutiendo las cláusulas de fuerza mayor de los contratos. Lo que establecen los contratos es que las “fuerzas mayores” pueden durar hasta dos años, tiempo en el cual la CFE debe pagar por el servicio de transporte de gas, y que si no se resuelven, se cancelan, pero no por decisión de la CFE, sino que es facultad de cada empresa. (…) Esa cláusula fue uno de los pilares de la afirmación de Bartlett, de que eran contratos “leoninos”, refiriéndose en particular al gasoducto Guaymas-El Oro, que cruza Sonora y Sinaloa, que entró en operación en 2017, pero que, ante los sabotajes de la comunidad yaqui, dejó de operar en agosto. Los yaquis afirmaron que la empresa IEnova, propietaria del gasoducto, no les había informado los detalles de la obra, pero un juez desestimó el amparo al comprobar que sí les habían informado. En agosto, Bartlett firmó una prórroga de cuatro meses a IEnova para seguir negociando con los yaquis para evitar la cancelación del contrato”.

 

Diez tendencias en el primer año de la Legislatura 64 que termina este sábado.

Luis Carlos Ugalde, El Financiero: “1.- Prevalece agenda legislativa del Presidente de la República. Si bien el Presidente ha dejado de ser el gran legislador por el número de iniciativas que presenta (siete, de las cuales tres fueron aprobadas), Morena ha presentado varias que forman parte de la agenda presidencial y que han absorbido buena parte del tiempo y atención política del Congreso. 2.- Apertura a la negociación en el Senado de la República. Debido a la falta de mayoría calificada para aprobar enmiendas constitucionales, así como a la disposición del coordinador del grupo parlamentario de Morena para abrir el debate al resto de los grupos parlamentarios, se han gestado procesos de negociación técnica y política que han dado resultados satisfactorios para todas las partes. Un ejemplo es la aprobación, prácticamente por unanimidad, de la Guardia Nacional y del TMEC. En contraste, la apertura en la Cámara de Diputados es muy baja: la casi mayoría calificada de Morena y sus aliados desalientan los esfuerzos para construir consensos. 3.- Escaso control político del Congreso sobre el Ejecutivo. Se ha mermado la función de control que debe ejercer el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Un ejemplo recurrente es el impedimento de Morena para que acudan a comparecer secretarios de Estado. 4.- Se eliminaron los moches. La mayoría de Morena para aprobar sola el Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados permitió eliminar los llamados moches; es decir, la prerrogativa informal que tenían los diputados para asignar libremente recursos para proyectos de obra púbica en entidades y municipios (en ocasiones, a cambio de una “comisión”). 5.- Crece activismo legislativo para presentar iniciativas de ley. Se presentaron dos mil 736 en ambas cámaras: un aumento del 18.3 por ciento respecto al mismo periodo de la LXIII Legislatura (2015-2016) y de 55 por ciento respecto a la LXII (2012-2013). Prevalece la idea de que presentar iniciativas es un indicador de buen desempeño, a pesar de que muchas sean irrelevantes o incluso carezcan de motivación, justificación e impacto presupuestario. 6.- Excesivo número de comisiones, aunque menos que en el pasado. Hay 46 en Senado y 46 en Diputados, una reducción de 18 y 10, respectivamente, con respecto a la Legislatura anterior. Asimismo, salvo una comisión especial en el Senado (para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en el estado de Puebla), se eliminaron todas las comisiones especiales en ambas cámaras. Sin embargo, su número está muy por encima del promedio mundial, que es de 17 para cámaras altas y 14 para bajas. 7.- Persisten las violaciones al proceso legislativo. Ello ocurrió con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (no se cumplió con el mandato que la iniciativa fuera discutida de manera continua en ambas cámaras; la minuta databa del 10 de noviembre de 2011). Otro ejemplo es la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que incumplía los requisitos técnicos y legales de la Ley de Planeación. 8.- Reducción de la experiencia profesional y técnica de los legisladores. Se trata de la legislatura con menor calidad profesional y técnica en varias décadas. Este fenómeno es más acentuado en las bancadas de Morena e impacta en la calidad del trabajo técnico de las comisiones, así como el papel del Congreso para presentar alternativas de política pública. Predominan los perfiles activistas y de liderazgo social, particularmente en Morena, con un alto sentido de las necesidades sociales. 9.- Gestoría con recursos escasos. Muchos legisladores afirman que carecen de recursos económicos o en especie para llevar “beneficios” a sus electores y eso limita su poder de “representación”. Se confunde así la función legislativa, aunque se trata de un fenómeno arraigado y que responde a lo que muchas comunidades esperan de sus representantes: beneficios materiales, no leyes. 10.- Se reduce presupuesto del Congreso sin que afecte su desempeño. Las medidas de austeridad darán un ahorro de mil 681 millones de pesos en la Cámara de Diputados respecto a 2018 y de 965 millones en el Senado. (…) La falta de controles eficaces del Legislativo sobre el Ejecutivo es uno de los factores que facilitó la corrupción y la mala gobernanza de los últimos años. El desafió de la nueva Legislatura, en la cual el partido del Presidente tiene una amplia mayoría, es darle apoyo político al gobierno para que cumpla su agenda de gobierno, pero ser un contrapeso efectivo que minimice el error y contenga el abuso del poder. Un desafío muy difícil de administrar”.

 

Mano dura exigen a AMLO

Julio Hernández López, La Jornada: “Una serie de agresiones a militares está dando pie a que grupos opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador exijan detener tales ataques y la imposición de castigos ejemplares. El poder militar es considerado como la última frontera entre el orden jurídico defendible y aplicable mediante la fuerza del Estado (considerada legítima, en estos casos) y el riesgo de caos si soldados y marinos son rebasados por oleadas ciudadanas relacionadas con el crimen organizado, con autodefensas o con mezclas casi indistinguibles entre estos dos factores. La postura del Presidente de México ha sido firme e infranqueable: no habrá represión; diálogo, diálogo y más diálogo. Se ha sostenido en tal posicionamiento incluso ante movilizaciones o protestas que parecían destinadas a la confrontación violenta o a la necesaria intervención militar o policiaca para evitar daños a la economía o al interés relevante de terceros. Así sucedió ante profesores que pusieron en jaque la distribución de mercancías desde regiones en conflicto o ante policías federales que por su condición armada podrían significar un riesgo de desbordamiento sangriento. Ahora se han multiplicado las acciones de ciertos grupos sociales contra soldados, marinos y policías. En una primera lectura, parecerían consecuencias naturales de la permisividad que se ha ordenado a tales fuerzas gubernamentales, con tal de no caer en provocaciones que serían explotadas para trazar un boceto de ingobernabilidad que en otros países se ha utilizado para escalar planes de desestabilización contra gobiernos progresistas o apegados a intereses populares. Entre las voces que demandan mano militar dura están perredistas y panistas que consideran inaceptables las humillaciones al Ejército, como el único gobernador del sol azteca (en realidad, peñista), Silvano Aureoles, de Michoacán. En realidad, las preocupaciones expresadas con gravedad por esos opositores al lopezobradorismo se desentienden de la responsabilidad que han tenido en la creación de las criminales descomposturas institucionales que ahora les preocupan. Empujan, o tratan de hacerlo, al gobierno federal para que tome acciones de fuerza que luego usarían como material de propaganda política para erosionar al gobierno que tanto les incomoda”.

 

@loscabareteros

 

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