¿Castigar o proteger a ex presidentes?

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Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del lunes 08 de abril 2019. ¿Castigar o proteger a ex presidentes?: el tema de fondo es la política de perdón, protección e incluso premio a las élites del pasado, mientras a diario se informa de actos de corrupción y daño al interés nacional cometidos por esos políticos (Fox, Calderón y Peña Nieto). Ni perdón ni olvido… Se necesita una reforma fiscal

Rayuela

“Se trate de adultos, de jóvenes o del Tren México-Toluca: hace falta información veraz y puntual. Lo demás es humo”.

¿Castigar o proteger a ex presidentes?

Julio Hernández López, escribe en La Jornada: “Una exageración al mero estilo Fox colocó al presidente Andrés Manuel López Obrador ante el apremio de precisar si los ex ocupantes de Los Pinos habrán de ser sujetos a alguna forma de enjuiciamiento y castigo públicos o, por el contrario, serán irrevocablemente perdonados, protegidos e incluso premiados. Una denuncia tuitera hecha por Vicente Fox Quesada el sábado por la tarde llevó al Presidente a tomar una decisión incongruente: el otorgamiento de una escolta militar de ocho efectivos al político embotado (es decir, que usa o usaba botas) para protegerlo a él (empresario metido, entre otros negocios, a la expectativa de siembra, cosecha y comercialización de mariguana, cuando llegase a ser legal), a su familia (es decir, la esposa Martha Sahagún y ha de verse si también a los hijos de cada uno) y a sus bienes (masa patrimonial enriquecida a partir de la llegada de Fox a la Presidencia de la República en 2000, cuando su situación económica era endeble). El Presidente de México reaccionó ante la información difundida por Fox en un tuit en el que hablaba de un comando armado que habría pretendido entrar a su domicilio. Respondió con rapidez, aunque versiones de las siguientes horas hablaron de la escolta de una pareja que habría rentado instalaciones en el Centro Fox para su matrimonio o de dos o tres ladrones comunes que habrían sido disuadidos por el equipo de seguridad privada que el próspero Vicente tiene en sus extensas propiedades inmobiliarias. Dar ese trato de excepción a un personaje político tan reprobado generó una inmediata repulsa en redes sociales. Pero la cereza del contaminado coctel sabatino la puso el propio López Obrador en una conferencia de prensa banquetera en un pasillo del aeropuerto de la capital, al aprovechar la oportunidad para revelar que tres meses atrás había otorgado a Felipe Calderón un trato similar, mantenido este punto en un plano de discreción luego que el esposo de Margarita Zavala le había enviado una carta solicitando ese tipo de protección. La vuelta (sin excesos) a una parte del pasado político reciente (de privilegio para los poderosos, mientras la ciudadanía en general sufre la violencia criminal cada vez más salvaje) contradice los correspondientes mensajes emotivos de López Obrador como candidato presidencial. Un tuitero astillado escribió que el tabasqueño había entrado a la fase menguante de su luna de miel con el electorado. (…) A reserva de las mañaneras declaraciones que el presidente López Obrador haya hecho este lunes, el tema de fondo es la política de perdón, protección e incluso premio a las élites del pasado, mientras a diario se informa de actos de corrupción y daño al interés nacional cometidos por esos políticos (Fox, Calderón y, de manera particular Enrique Peña Nieto, virtual intocable de este sexenio, al igual que su pandilla central). Ni perdón ni olvido”.

Se necesita una reforma fiscal

Enrique Quintana, escribe en El Financiero: “Hasta ahora, la posición del gobierno federal ha sido que, en la primera mitad de esta administración, es decir, hasta 2021, no se propondrá ninguna reforma fiscal. Y, por los datos que conocimos en los Pre-Criterios de Política Económica para 2020, así pareciera, por lo menos para el próximo año. De acuerdo con el documento, los ingresos tributarios no petroleros del gobierno federal crecerán el próximo año en 1.5 por ciento este año, en el contexto de un crecimiento de 1.9 por ciento para el PIB. Es decir, el único crecimiento de la captación tributaria será el explicado por el propio crecimiento de la economía. No estoy seguro si esta circunstancia se podrá mantener así a lo largo del año en un contexto en el que el sesgo de los riesgos a la baja es superior a la oportunidad de un mayor crecimiento. Uno de esos riesgos es la posibilidad de que la producción de petróleo no llegue a 1 millón 916 mil barriles por día que prevé el gobierno. El último registro para un mes completo, correspondiente a febrero marca una producción de 1 millón 701 mil barriles diarios. Es decir, para que se cumpla el escenario previsto, se requiere un aumento de 215 mil barriles por día. Hace más de 15 años que no se da un aumento de esta magnitud en la producción. En contraste, la partida para pago de pensiones creció el año pasado a una tasa de 7 por ciento anual en términos reales y en el Presupuesto de 2019 se programó un incremento de 6.4 por ciento real. Pero, hasta el mes de febrero, el crecimiento de este concepto es ya de 7.9 por ciento real, por lo que no sería extraño, que requiriera más recursos este mismo año. Si en lo que resta del mes de abril se pasa la iniciativa para poder usar el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales para prepagar vencimientos de la deuda de Pemex, habrá alrededor de 140 mil millones de pesos menos para afrontar alguna contingencia en las finanzas públicas, lo que deja menos margen de maniobra aún. No se diga si los temores respecto a una recesión en Estados Unidos en 2020 se hicieran efectivos, pues ello impactaría negativamente en la captación tributaria del próximo año. En resumen, hay en el escenario probabilidades nada despreciables de que tengan que venir ajustes fiscales antes de que lo que el gobierno anticipaba. Si éstos no se operan el próximo año, sería muy difícil procesarlos en 2021, pues se trata de un año electoral, así que tendrían que darse hasta que se instalara la siguiente legislatura, en septiembre de 2021, para que tuvieran afectos hasta 2022. Quizás para entonces las finanzas públicas ya tendrían problemas más serios. (…) Los raquíticos ingresos propios de estados y municipios no pueden seguir como hasta ahora, lo que implica que los gobiernos y congresos locales asuman costos políticos en los que mayormente no han querido incurrir”.

T-MEC: Estados Unidos quiere el derecho a inspeccionar fábricas en México

Luis Miguel González, en El Economista, escribe lo siguiente: “Estados Unidos quiere que el T-MEC tenga dientes grandes y garras afiladas en materia laboral. Un documento con esas características fisiológicas podría ser como el Lobo Feroz del cuento o un monstruo. Lo que está claro es que los vecinos y socios no se conforman con los compromisos que México plasmó en el documento que firmó en noviembre de 2018: Democracia sindical; mejoras en la justicia laboral y mejoras en los salarios, en especial en las industrias de exportación. Garras y dientes para el T-MEC. Esto implica garantías de que México cumplirá lo que dice y lo que firmó. Este es uno de los únicos puntos en los que hay coincidencia plena entre los demócratas y Trump. Más allá del Río Bravo piensan que México habla mucho y actúa poco, cuando menos en asuntos laborales. ¿Cómo será un T-MEC con dientes grandes y garras filosas? Puede ser algo parecido a lo negociado entre 2017 y 2018, pero puede ser algo que implique cambios significativos en el documento que “conocemos”. El jueves trascendió la propuesta de un par de senadores demócratas, Ron Wyden y Sherrod Brown. Ellos pretenden que Estados Unidos tenga el derecho de exigir que se hagan inspecciones en determinadas fábricas localizadas en territorio mexicano, para verificar que en esos lugares de trabajo se están cumpliendo las leyes laborales, al pie de la letra. Los senadores Wyden y Brown no incluyeron en su propuesta ningún tipo de especificación técnica, por ejemplo ¿cuánto tiempo deberá durar la inspección y cómo cuidar que no sean intrusivas en la vida de la empresa? Lo que sí están dejando claro es que esperan que las inspecciones sean rigurosas y, sobre todo, que haya consecuencias por incumplimiento”.

Las culpas de Ebrard

Raymundo Rivapalacio, escribe en El Financiero: “La polémica sobre la petición de disculpas al rey Felipe VI parecía haber pasado a un segundo plano en la opinión pública, lo que era bueno para que los gobiernos de México y España trabajaran, como quedaron Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la ministra de Justicia española, Dolores Delgado, cuando se reunieron en enero. Las dos habían tenido un encontronazo en ese acercamiento, donde la señora Gutiérrez Müller le anticipó que vendría el exhorto y que irían preparando un catálogo de crímenes españoles durante la conquista para ser discutido. Aquello se dio durante la visita de trabajo del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que no terminó bien. En la despedida, tras las difíciles conversaciones, la señora Gutiérrez Müller se le acercó a su esposo y algo le dijo al oído. Entonces, López Obrador reiteró a Sánchez que la petición de disculpas era algo que no soltarían. Gutiérrez Müller y Delgado establecieron una relación intensa a través de WhatsApp, que topó con baches cuando se filtró la carta que envió López Obrador al monarca español. Sánchez dijo que no habría disculpas, pero lamentó sobre todo la filtración. Este es el gran tema. Tan importante que Sánchez volvió a referirse a ello en una entrevista publicada el jueves en El Universal. En respuesta, López Obrador dijo: “Yo no di a conocer la carta. Fue una filtración. No sé si fue el gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores. Hay las dos posibilidades, pero sí se equivocaron”. (…) La filtración ha sido manejada con mucha especulación por parte de López Obrador, pero, a la vez, con gran hermetismo ante la opinión pública. Sin embargo, funcionarios mexicanos dijeron que en Palacio Nacional tienen identificada a una persona como la responsable de haber filtrado extractos de la carta al diario madrileño El País, que dio la primicia. Esa persona es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Colaboradores cercanos a Ebrard afirman que es absolutamente falso y que se trata de rumores con el único propósito de dañarlo. Ebrard acompañó a la señora Gutiérrez Müller a la reunión con la ministra Delgado en enero, y estuvo al tanto de todos los señalamientos y del anuncio que iban a enviar una carta al rey. La Cancillería no ha negado ni desmentido que esa reunión se dio o que Ebrard participó en ella, pero en la prensa se ha sugerido en varias columnas la inocencia del canciller, incluso subrayando que desconocía la carta. En los círculos de la casa presidencial, el sentir contra el canciller es negativo, adjudicando de manera subjetiva, pero concreta en cuanto a las relaciones de poder palaciegas, su enemistad con la esposa del presidente. (…) No ha sido un arranque de gobierno terso para Ebrard, aunque parezca lo contrario, y ahora enfrenta las imputaciones de filtrador. ¿Fue él? El significado político de fondo es el choque en los corrillos palaciegos, donde Ebrard está en desventaja y no tiene posibilidades de ganar. El desgaste tenido en las últimas semanas es grande, así como su imagen pública de un político sofisticado. Los señalamientos que le hacen son fuertes –enormes en este momento, cuando menos, para sus aspiraciones presidenciales”.

SCMN

En Reforma, Denise Dresser, escribe que: “una de las habilidades políticas más notorias de AMLO consiste en resignificar y renombrar eventos. Darles un significado distinto al que verdaderamente tienen para arrancar aplausos y atajar críticas, desactivar granadas y convertirlas en guirnaldas. Así la militarización se vuelve la pacificación. El desabasto de gasolina se convierte en una cruzada contra el huachicol […]. Señalar decisiones des-democratizadoras o regresivas del nuevo gobierno equivale a ser fifí o defensor del statu quo. Y proponer la ampliación de la Suprema Corte de 11 a 16 ministros -en la narrativa oficial- forma parte de ‘la lucha contra la corrupción’. Cuando hay que exhibirla como lo que es: una táctica política diseñada para que el Presidente pueda nombrar a cinco ministros más y con ello controlar a la Corte. Una moción para manipular el tamaño del Tribunal Supremo con objetivos partidistas. Un intento por erigir a la Suprema Corte Morenista de la Nación, la SCMN […]. El argumento de ampliar a la Corte para crear una tercera Sala Anticorrupción es tramposo […]. Si el Presidente quiere barrer las escaleras de arriba a abajo hay mejores escobas a su disposición. Pero el objetivo aquí parece ser otro. Dominar al Poder Judicial o amedrentarlo […]. Y quizás AMLO se vea a sí mismo como el Roosevelt mexicano que necesita barrer a los conservadores de su camino para promulgar una agenda progresista. Ojalá fuera así. Ojalá viéramos un conjunto de leyes y propuestas como las del Nuevo Trato que buscaban fortalecer al Estado y no solo al Presidente, regular al capitalismo oligárquico y no sólo cambiarle de nombre, construir instituciones sólidas abocadas al bienestar social y no nada más desmantelar las existentes, mejorar el intervencionismo estatal, y no reducirlo a la entrega de dinero […]. Porque si prospera la iniciativa presentada en el Senado ninguna ley o política instrumentada por el Ejecutivo podría ser declarada inconstitucional. Toda decisión del Máximo Tribunal dependería de 7 votos por parte de ministros propuestos por el Presidente, y si 7 coinciden con él, jamás se alcanzaría la mayoría de 11 necesaria para determinar que una ley viola la Constitución. La mayoría morenista en el Congreso podría aprobar iniciativas violatorias de derechos fundamentales, y la mayoría morenista en la Suprema Corte se encargaría de avalarlas. Tendríamos una corte más displicente pero menos democrática, con más amigos del Presidente pero con menos legitimidad. Y una Corte anti-democrática no sería evidencia de la lucha contra la corrupción. Sería evidencia del agandalle”.

Una Suprema Corte a la medida del Presidente

En Excélsior, Leo Zuckermann, escribe que: “los senadores de Morena quieren reformar la Constitución para tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subordinada a los intereses e ideología del Presidente. Es parte del proyecto político del gobierno actual de centralizar el poder en el Ejecutivo Federal. Por más que lo adornen con otros supuestos objetivos loables, la realidad es que el lopezobradorismo quiere una Corte a su medida. Estará en manos de la minoría opositora en el Senado la decisión de entregársela o no […]. La Corte actualmente tiene 11 ministros. Algunos casos se deciden en su Pleno. Otros, de materia especializada, se resuelven en dos salas separadas de cinco ministros cada una. El Presidente de la SCJN no participa en ninguna de éstas. La idea es crear una tercera sala con cinco nuevos ministros. En lugar de los 11 integrantes actuales de la Corte, tendríamos 16. De los 11 de hoy, AMLO ya nombró a dos […] y podrá designar a otro más en 2021, cuando se retire Fernando Franco. Con la propuesta de Morena, el Presidente podría nominar a otros cinco, es decir, que, para 2021, ocho de los 16 ministros los habría puesto AMLO. Según Monreal, la tercera sala de la SCJN reemplazaría las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa contempladas en el Sistema Nacional Anticorrupción que, por cierto, siguen sin operar debido a que no se han nombrado a los magistrados correspondientes. El senador morenista argumenta que este esquema es mejor y más barato. Puede ser. Pero, entre que son peras o manzanas, si esta reforma se aprueba, para mediados del sexenio, AMLO habría nombrado a la mitad de los ministros de la Corte. Estamos, pues, frente a una estrategia muy conocida que se conoce como ‘court packing’ en Estados Unidos. No sé cómo traducirlo al español, pero significa incrementar el número de ministros para que el Poder Judicial sea más afín al Presidente […]. En manos de la minoría opositora del Senado estará el intento de debilitar la independencia de nuestra SCJN. Espero que así lo entiendan y la rechacen. También preocupa, sin embargo, que la sola amenaza de esta iniciativa pueda hacer cambiar los votos de algunos ministros a favor de las posturas del gobierno de AMLO, como ocurrió en EU. Si es así, la sola amenaza habría sido una victoria del lopezobradorismo de controlar la SCJN. Una mala noticia para los que creemos en la división de poderes como condición sine qua non de la democracia liberal”.

La poderosa Gordillo

Reforma, Templo Mayor, asegura que: “más de uno se pregunta a quién se refería Elba Esther Gordillo, ayer en Cholula, cuando habló de su gallo para dirigir al SNTE, pero no quiso decir su nombre. La respuesta es Moisés Jiménez Sánchez. Se trata de un ex priista, quien fue dirigente del SNTE en Hidalgo y que coordinó el área de Estructura y Redes Políticas Sociales de Morena. Al parecer la maestra ya le cedió el gis y el borrador para reconstruir su imperio sindical”.

La Poderosa

En Excélsior, Frentes Políticos, asegura que: “Elba Esther Gordillo Morales ocupó la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante 23 años, del 24 de abril de 1989, hasta el 26 de febrero de 2013, cuando cayó presa, acusada de desfalco a los maestros. Ayer volvió a la escena pública en el estado de Puebla, en donde, al grito de ‘¡presidenta, presidenta!’, la recibieron durante un encuentro nacional con jóvenes, en Cholula. Tras calificar al actual SNTE de mediocre, se dijo lista para resurgir. ‘No queremos pleito con ningún gobierno, pero, ¿de qué lado estamos?; esas son las definiciones’, precisó. Quienes la creyeron debilitada se equivocaron. Volverá. Que lo haga sin sed de venganza, este país no necesita otro factor más de polarización”.

Contrareforma

En Milenio, Carlos Marín, escribe que: “en el proceso legislativo de la contrarreforma educativa la oposición corre el riesgo de que, por presiones de Morena o una motivación genuina de querer ‘rescatar’ elementos positivos del proyecto que de manera bochornosa se perfila, termine siendo la ‘tonta útil0 de esta historia: si estuviera dispuesta a votar el cambio constitucional que con redacciones ambiguas […] aparentara rescatar elementos clave de la que surgió del Pacto por México, como los concursos de ingreso y promoción, o un ente […] que sustituya al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, lo más probable es que en las leyes secundarias, en donde la mayoría de la cuarta empeñada en complacer a la CNTE ya no necesitará ni un solo voto de los opositores, se pulverizará lo que pudiera parecer una buena enmienda a la Constitución. De hecho, esto ya viene ocurriendo con el dictamen aprobado por las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados: no únicamente aprobaron un transitorio que en las leyes secundarias pudiera interpretarse como el fin de cualquier evaluación al sujetar el ingreso, la promoción y los reconocimientos a lo establecido por el artículo 123 apartado B, sino que en el propio artículo 3º, en lugar de plantear con claridad lo referente a concursos y evaluaciones, se aceptó el concepto procesos de selección, lo cual es una vaguedad porque podría ser un concurso de oposición o una evaluación, pero también una tómbola o el regreso del pase automático de las normales, al determinarse en la ley que el proceso de selección sea la nota aprobatoria de la educación normal. En cuanto a la promoción, se puede regresar al escalafón […]. Porque el gobierno y Morena convirtieron a la Coordinadora en el único interlocutor visible de su negociación […], no deja de preocupar el hecho de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación brille por su ausencia […]. Esta situación puede generar una gran inestabilidad al interior del gremio, ya que la preponderancia política de la panchera CNTE sobre el institucional SNTE propicia el efecto levadura, que permite la proliferación de parasitarios hongos… “.

La mal llamada reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador

El Universal, Bajo Reserva, asegura que: “culmina el quinto Congreso Extraordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que reúne a los representantes, delegados y dirigentes seccionales de la disidencia magisterial. Al término de este encuentro, por la tarde, los profesores habrán determinado cuál será su plan de acción contra la que ya han bautizado como la “mal llamada reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador”, la ruta de negociación con la Secretaría de Educación Pública, y la de democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Básicamente los maestros decidirán hoy cuáles serán las estrategias para ampliar su influencia a nivel nacional, disputar la titularidad de la relación bilateral con el sindicato en el marco de la nueva reforma laboral que promueve el gobierno federal, así como qué acciones van a tomar para evitar la aprobación de la reforma educativa, si es que no incluye sus posicionamientos en los términos planteados, y cuál será la fecha límite para que el gobierno federal escuche sus demandas. Vaya agenda la que se espera para el día de hoy”.

El doble rostro del campo mexicano

En Milenio, Héctor Aguilar Camín, escribe que: “estuve en Los Mochis el fin de semana, una de las ciudades que crecen a partir de una agricultura moderna que poco o nada tiene que ver con lo que significa la palabra campo en el imaginario tradicional de México, y en las prioridades del nuevo gobierno. Lo que priva en las amplias cuadrículas verdes, minuciosamente cultivadas, que rodean la ciudad, son campos de agricultura moderna, de altos rendimientos. Es la agricultura comercial que ha crecido sin parar en los últimos quince años, muy por encima de la economía nacional, a veces con cifras de dos dígitos. Los cultivos tradicionales en el campo mochiteco, gran productor de maíz blanco, tienen rendimientos que en nada se equiparan a los del campo tradicional, donde las cosechas pueden ser de 2 o 3 toneladas por hectárea. En los campos maiceros de Los Mochis, y de Sinaloa en general, el rendimiento es de 13 o 15 toneladas por hectárea. Pero es aquí donde los precios de garantía que el nuevo gobierno quiere pagar por el maíz blanco no premiarán la productividad de los campos maiceros sinaloenses pues pagará esos precios, hoy superiores al precio de mercado, a productores de poco tonelaje, lo que dejará fuera del beneficio a la mayoría de los productores sinaloenses. El caso del maíz sinaloense prueba de modo fehaciente que enfrentar los problemas de la agricultura de altos rendimientos con criterios de apoyo a la agricultura de subsistencia es un camino seguro a una mala política hacia la productividad en el campo. Si la realidad del campo es dual y conviven en él la agricultura moderna productiva y la tradicional de subsistencia, quizá lo inteligente sería tener también una política pública dual: la que responda a las necesidades de la productividad y la que vele por mejorar las condiciones de subsistencia características del viejo campo mexicano. El trato igual a desiguales es una forma de desigualdad, y en el caso del campo puede obtener lo peor de los dos mundos: no aliviar las carencias del campo tradicional y quebrar la productividad del campo moderno. Subordinar uno al otro, medirlos con el mismo rasero, le hará daño a los dos”.

Desfase de verano

En Reforma, Sergio Sarmiento, escribe que: “si se siente usted ligeramente mareado y con dificultades para dormir, no se preocupe. Exhibe usted los síntomas típicos del cambio de horario […]. Cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno del Distrito Federal, trató de abolir el cambio de horario en la capital, pero la ‘mafia del poder’ lo impidió. Algunos grupos indigenistas o políticos, como la sección 22 de la CNTE, se niegan, sin embargo, a aplicarlo […]. Muchos municipios indígenas de Oaxaca y las escuelas controladas por la sección 22 no hacen el cambio con lo que generan problemas y confusiones. Quizá con la idea de que López Obrador ya como Presidente eliminaría el horario de verano, el Senador morenista Félix Salgado Macedonio de Guerrero presentó una iniciativa para derogarlo. La también morenista Jesusa Rodríguez lo apoyó y argumentó que el horario de verano ‘causa daño moral y físico moral a nuestros hijos’. El Presidente López Obrador, sin embargo, se ha negado a organizar una consulta para decidir el tema porque no lo considera ya una prioridad. En muchos lugares del mundo, sin embargo, han surgido movimientos contra el horario de verano […]. Los seres humanos siempre hemos cambiado nuestros horarios para ajustarnos a la mayor duración del día en el verano, pero de forma gradual y no con un cambio de una hora de un día para otro […]. Hoy, sin embargo, la energía se utiliza principalmente para acondicionamiento de aire, refrigeración y la operación de dispositivos electrónicos por lo que no depende de la duración del día. En México las autoridades afirman que hay un ahorro de energía eléctrica por el horario de verano, pero solo de alrededor de 0.43 por ciento del consumo. Con razón no se refleja en los recibos. Para racionalizar el uso de la electricidad sería mucho más eficaz tener tarifas mayores en horas pico, cuando la demanda obliga a la entrada a la red de plantas generadoras más viejas y caras. Pero el cambio de horario se ha vuelto un tema político. Nadie quiere considerar realmente los beneficios y problemas de la medida. La aplicación del horario de verano se decide por dogmas. Y cuando uno no ha dormido bien por el cambio de horario, es muy difícil tomar decisiones acertadas”.

@loscabareteros

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