El huachicol y la opinión pública

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Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del martes 15 de enero 2019. El huachicol y la opinión pública: Las encuestas muestran amplio respaldo a la batalla contra el robo de gasolina y tolerancia ante el desabasto. Al igual que con el combate al narcotráfico o a la pobreza, acabar con el robo de gasolina es un tema que genera consenso. El apoyo al objetivo es previsible y natural. En temas de consenso, la población respalda el objetivo pero suele dividirse en torno a la estrategia… Datos y fuerza escénica: ¿Peces gordos o pequeños?…

Rayuela

La virtud de Trump es crear trampas que le permitan salir de ellas cual Houdini. Siempre gana.

La guerra al huachicol da bono aún mayor a AMLO: De las Heras, Mitofsky, Reforma y El Financiero

Desde la redacción de SinEmbargo, se escribe lo siguiente: “A pesar de que la estrategia del Gobierno federal para combatir el robo de combustible ha provocado el desabasto de gasolina en al menos 11 estados del país, la mayoría de los mexicanos apoya las medidas implementadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los resultados de las últimas cuatro encuestas. En la encuesta del diario El Financiero, publicada este lunes, el 89 por ciento de los consultados a nivel nacional apoya el combate contra el robo de combustibles (huachicol), proporción que sube a 92 por ciento entre los habitantes de la Ciudad de México. En contraste, el 11 por ciento está en desacuerdo a nivel nacional, y ocho por ciento en la capital del país”.

El huachicol y la opinión pública

Jorge Buendía, en El Universal, escribe lo siguiente: “Las encuestas muestran amplio respaldo a la batalla contra el robo de gasolina y tolerancia ante el desabasto. Dado que esta lucha apenas inicia, van algunos apuntes para entender a la opinión pública en este momento y los posibles derroteros que pueda seguir. En primer lugar, los ciudadanos están formando su opinión en un contexto de escasa información. Las principales piezas podrían resumirse en que se trata de una política impulsada por el nuevo gobierno de AMLO, que busca combatir el desmedido robo de gasolina y que, para evitarlo, se han cerrado algunos ductos lo que genera escasez de gasolina en varias ciudades del país. Incluso entre expertos existen interrogantes sobre los cómos, los cuándos, los dóndes y los porqués de la estrategia. (…) Al igual que con el combate al narcotráfico o a la pobreza, acabar con el robo de gasolina es un tema que genera consenso. El apoyo al objetivo es previsible y natural. En temas de consenso, la población respalda el objetivo pero suele dividirse en torno a la estrategia. Salvo en redes sociales, la discusión pública no se ha centrado en el debate de cuál es la mejor estrategia a seguir. Dicho de otra manera, en el tema del huachicol los desacuerdos en la opinión pública serán sobre la forma de acabar con él y no sobre el fondo del asunto (su combate). Ante la falta de información, para muchos ciudadanos apoyar la lucha contra los huachicoleros se reduce a expresar o negar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. No se evalúa la acción per se sino a quien la realiza. Dada la popularidad de AMLO, y el objetivo que persigue, es comprensible que en este momento las encuestas reflejen un amplio respaldo al combate al huachicol. Segundo, cuando una medida inflige costos entre la población por un largo periodo se debe apelar a un razonamiento intertemporal; es decir, los costos están en el presente y los beneficios están en el futuro. El lema utilizado por el gobierno, “una molestia momentánea para un beneficio permanente”, ilustra nítidamente esta lógica intertemporal. Pero este argumento también muestra los peligros que tiene una estrategia de esta naturaleza. Por un lado, el desabasto no debe durar mucho tiempo. Si lo hace, significa que la palabra empeñada no se cumplió, pero sobre todo tendría un gran costo para el país: contracción de la economía, mayor inflación, desabasto de perecederos, etc. A los costos directos (pérdida de horas-persona para cargar gasolina) habría que sumar los indirectos derivados del deterioro de la economía. Son costos, además, que los ciudadanos experimentan directamente por lo que la comunicación gubernamental resulta menos efectiva. A futuro queda la tarea de convencer a los ciudadanos de que el desabasto derivó en beneficios para la población. Los beneficios tendrán que ser visibles, de lo contrario la población se quedará con la impresión de que el esfuerzo fue innecesario. Tercero, el gobierno federal eligió una opción extrema para combatir el robo de gasolina. Muchos ciudadanos leerán esto como un indicador de que el problema es más grave de lo que se pensaba. Al ocurrir al inicio del sexenio, también queda claro de que se trata de un problema heredado. Ello le permite al actual gobierno contar con un mayor margen de acción para enfrentar el “huachicoleo”. Por un lado, la población tenderá a culpar al gobierno pasado de este problema y, por el otro, le permite contar con una reserva de tolerancia ciudadana para capotear el descontento por el desabasto. Que el combate al huachicol se traduzca en éxito político, sin embargo, dependerá de la rapidez con que se solucione el problema de la escasez de combustible”.

Datos y fuerza escénica: ¿Peces gordos o pequeños?

Julio Hernández López, en La Jornada, escribe que: “Andrés Manuel López Obrador le asignó la mayor densidad política y técnica a su conferencia mañanera de prensa. Fue la comparecencia ante reporteros con mayor duración, con mayor número de servidores públicos presentes en el estrado y con el mayor volumen de información interesante. (…) El primer parte bélico oficial reportó que hay tres ex directivos de Petróleos Mexicanos cuyas omisiones, irregularidades o complicidades ya han sido judicializadas, según reveló con cautela el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, deseoso de no dar pie a la hasta ahora clásica caída de los procesos contra funcionarios corruptos por violaciones al proceso judicial. Además de estos tres casos (¿de alto o medio-alto nivel?, ¿peces gordos o pesca mediana?), Gertz señaló que se han abierto mil 700 investigaciones relacionadas con la que probablemente será la palabra más usada en el primer semestre de este año: huachicol. También informó que un millar de policías federales ministeriales han dejado de cumplir funciones de guardaespaldas de funcionarios y particulares y ahora serán destinados a las tareas contra el huachicoleo. Pero, ¿quiénes son los particulares que se beneficiaron indebidamente de un servicio policiaco así escamoteado a la atención de los graves problemas nacionales de seguridad pública? La poeta y fiscalista a cargo del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, informó a su vez que encontró inconsistencias fiscales por más de 3 mil 200 millones de pesos en la revisión de cuentas de poco menos de 200 empresas gasolineras. Y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que el robo de gasolinas y su distribución ilícita a través de gasolineras cómplices ha permitido blanquear más de 10 mil millones de pesos. Con el poder presidencial plenamente activo y un horizonte que no se ha nublado a pesar de las difíciles circunstancias, López Obrador ha dicho que así irá revisando otros aspectos de la vida institucional mexicana. Caso por caso, uno por uno. Ya se verá si, al final, el erario recupera tanto dinero desviado a cuentas particulares y, también, si causantes mayores de la desgracia nacional son sometidos a procesos judiciales sin consideración del rango que hayan tenido. De avanzar en este tramo López Obrador, y salir fortalecido, otras turbulencias medicinales estarían en camino”.

Lecciones equivocadas

Salvador Camarena, en El Financiero, escribe lo siguiente: “El hartazgo era esto. Un concierto de dislates, medias verdades, vacíos de información, caos e imprudencias mediáticas por parte del nuevo gobierno no causa mella, apuntan las encuestas, en el apoyo popular al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos semanas de escasez en gasolina y quince días de galimatías en la comunicación gubernamental no empañan entre la gente la imagen de la nueva administración. El hartazgo que dejaron priistas y panistas es un pozo muy hondo, según estamos descubriendo con la crisis de la gasolina; una gran reserva de la que harán vicio en echar mano los de López Obrador cuando el mundo se les venga encima. Hace doce años, a estas mismas alturas del arranque del segundo sexenio presidencial del PAN, a los calderonistas les explotó la primera crisis. El precio de la tortilla comenzó a irse para arriba en aquel enero, el de 2007. Sin maíz no hay país, rezan en las marchas. Las tortillas caras enervarían a una población dividida entre quienes reclamaban fraude y quienes defendieron su triunfo “haiga sido como haiga sido”. El cerillo del alza en el precio de las tortillas encendió todas las alertas en el gobierno de Felipe Calderón. Los panistas sudaron frío para sortear ese primer escollo. Ellos no tenían ninguna reserva de credibilidad entre la población, así que un tempranero tropiezo resultaría costosísimo. Salieron del apuro, pero no sin abolladuras. Más fue un tema coyuntural de una Presidencia que se ahogó en una crisis de inseguridad que nunca supo descifrar y menos explicar. A los peñistas las crisis se les multiplicaron a partir del segundo semestre de 2014: el pésimo manejo durante las tormentas Ingrid y Manuel, en la tragedia de Ayotzinapa y tras la denuncia de la casa blanca de los Peña-Rivera hundieron a ese gobierno. Sin embargo, las protestas populares llegaron al clímax con el gasolinazo de finales de 2016 y principios de 2017, un año nuevo de saqueos y desmanes como pocas veces se había visto en el México moderno. (…) Pero la pregunta es, en la presente coyuntura, qué alimenta a esa resiliencia. No es una resiliencia –si atendemos a las encuestas de El Financiero, Consulta Mitofsky y Reforma– surgida de la resignación o del grueso callo de los mexicanos, acostumbrados como están a que en los peores momentos el gobierno, de todo partido y nivel, quedará por debajo de las expectativas. Porque más que resignación, en el ambiente flota el respaldo a la medida. Porque la crisis del abasto de gasolina, surgida por decisiones de la actual administración, ha servido para probar cuán galvanizado está el apoyo de los partidarios de Morena (en particular destaca el dato de que 96.8% de quienes votaron por AMLO le creen el argumento de que la escasez es por el combate al robo de hidrocarburos). Por desgracia, también podría servir para apuntalar en los recién llegados pésimos reflejos. El repertorio de salidas en falso del nuevo gobierno a la hora de articular explicaciones sobre la escasez no ha sido penalizado por la población. (…) La entereza o resiliencia con que muchos han asumido el costo personal del desabasto podría ser pagada con la pésima noticia de que los gobernantes aprendieran que una política errática, voluntarista y ajena a la transparencia en vez de desaprobación cosecha respaldo. Pasa que las relaciones cuando comienzan dejan establecido un patrón a futuro. No vaya a ser que en el naciente gobierno de AMLO se la crean y asuman que esto es lo óptimo. Vaya mala lección que aprenderían”.

Cabezas

Excélsior, Frentes Políticos, asegura que: “en tiempo y forma se están alineando los resultados contra el robo de combustible ejecutados por el gobierno federal, que inició el proceso de judicialización contra tres altos funcionarios de Pemex involucrados en el huachicoleo, y están abiertas mil 700 carpetas de investigación. ‘Ya lo tiene el Poder Judicial, estamos esperando fecha para que nos den audiencia y que nos señalen el juez que los va a judicializar’, informó Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la PGR. Hay otras cinco denuncias contra un exfuncionario de Pemex, un ex Diputado local, un ex Presidente municipal y empresarios que blanquearon 10 mil millones de pesos en el sistema financiero. El fin del negocio será doloroso para quienes negociaban con hidrocarburos robados. ¡Ya era hora!”.

Comparecencia de SHCP ante Diputados

Milenio, Trascendió, asegura que: “por cuestiones de agenda, el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, descartó su asistencia a la reunión de hoy con diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar el desabasto de combustibles, por lo que enviará en su representación a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para exponer la versión oficial, al lado de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle; el director de Pemex, Octavio Romero, y el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield. La mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso de la Unión, encabezada por Mario Delgado, consiguió además ponerle un límite de dos horas a la presentación de los funcionarios, con la posibilidad de considerar una tercera ronda de preguntas de los legisladores”.

Gol de Nieto contra Huachicol

El Universal, Bajo Reserva, asegura que: “como una primera anotación, utilizando el argot futbolero, se vio en el actual Gobierno Federal el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, que detectó lavado de miles y miles de millones de pesos, producto de la actividad ilícita del huachicol, de la extracción de combustibles en Petróleos Mexicanos. Nos explican que la cifra inicial del blanqueo de dinero arroja 10 mil millones de pesos de 2017 a 2018. Sin embargo, nos dicen, esa cantidad es apenas el primer reporte de las instituciones financieras. En pocas palabras, el lavado de dinero en el que participaron funcionarios, ex empleados de Pemex, políticos, gasolineros y empresarios puede ser mucho mayor, con una cifra aproximada de 45 mil millones de pesos, como se publica hoy en la primera plana de la edición impresa de EL UNIVERSAL. ¿Antes nadie se dio cuenta de los movimientos, los flujos de dinero procedentes del robo de combustibles?”.

Cifras contradictorias

Reforma, Templo Mayor, asegura que: “Ahora resulta que las cifras oficiales de Pemex desmienten lo que había dicho… ¡el Presidente de la República! Desde que asumió el poder, en sus madrugadores soliloquios, Andrés Manuel López Obrador insistió una y otra vez en que el robo de combustible era mucho más grave y cuantioso desde dentro de la petrolera, que por parte de los huachicoleros que ordeñan los ductos. Los ‘de arriba’, decía el mandatario, son los que más roban, porque el pueblo es bueno y cuando roba, pues, es por necesidad. Pero ayer Octavio Romero Oropeza reveló que no es así. De acuerdo con las gráficas que el director de Pemex presentó en Palacio Nacional, el robo a través de los ductos ha venido aumentando en los últimos cinco años hasta ¡triplicarse! En cambio el hurto desde las instalaciones de la empresa se redujo a más de la mitad en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Será que a López Obrador no le pasan la información correcta a tiempo o que no le interesa que su discurso empate con la realidad? Es pregunta.”

La tentación militar

Héctor Aguilar Camín, en Milenio, hace un recuento de cómo ha evolucionado la formación de los cuerpos de seguridad a lo largo de la historia y escribe que: “gran parte de la historia política de México puede leerse siguiendo la forma en que fueron domados sus ejércitos. La abundancia de jefes y caudillos con poder militar propio fue uno de los grandes problemas del México independiente. Guerras, rebeliones, revueltas y cuartelazos sacudieron al país por varias décadas, hasta que, a partir de su segunda presidencia, en 1884, Porfirio Díaz empezó a centralizar el poder, sometiendo uno a uno a los hombres fuertes locales, heredados de las guerras civiles. Díaz borró caciques y construyó un ejército profesional, más bien pequeño[…]. La Revolución parió una nueva camada de jefes militares con autonomía. La doma de aquella camada costó tres rebeliones: la delahuertista de 1923, que mandó anticipadamente al otro mundo a Francisco Villa y a la mitad del generalato revolucionario; la de Francisco Serrano y Arnulfo Gómez en 1927, que significó una nueva purga castrense, y la de Gonzalo Escobar, sofocada con mano de hierro al tiempo que se fundaba el Partido Nacional Revolucionario, en 1929. En los años 30, Lázaro Cárdenas tuvo todavía el amago de una rebelión, que le costó la vida al general Saturnino Cedillo. Pero Cárdenas pudo hacer una transmisión pacífica del poder hacia las manos del que sería el último Presidente militar de la Revolución, Manuel Ávila Camacho, en 1940. Con la presidencia de Miguel Alemán (1946-1952), no sin un conato de golpe militar, empezó la era civil de la política mexicana que dura hasta ahora. Una de las obsesiones de aquella era, y uno de sus logros, fue mantener al Ejército fuera de la política, con grandes ventajas burocráticas como corporación, pero con subordinación política al mando civil, encarnado en la figura del Presidente. De entonces a la fecha, cada vez que el mando civil ha metido al mando militar a resolverle problemas políticos, el país ha pagado un alto precio”.

Evitar más frentes

En Excélsior, Yuriria Sierra, quien escribe que: “efecto colateral por los tiempos, tal vez. La Guardia Nacional […] se perfilaba para ser uno de los grandes obstáculos y frentes que tendría que sortear el gobierno de Andrés Manuel López Obrador […]. El cambio de dirección en su propuesta de Guardia Nacional, incorporar un mando civil, no militar, se ha entendido como una maniobra para esquivar nuevos conflictos, hoy a todas luces innecesarios. Y mucho habrá tenido que ver la resistencia que encontró dentro y fuera de su equipo. ‘Me preocupa, me ocupa, sí quiero la Guardia Nacional, no la quiero como la estamos planteando… y tampoco entiendo por qué la prisa de querer entrar a hacer estos cambios constitucionales…’, expresó Tatiana Clouthier hace unas semanas. Quien fuera coordinadora de campaña, hoy como vicecoordinadora de los diputados en Morena, se ha convertido también en un urgente contrapeso dentro del mismo gobierno federal […]. Mañana inicia el periodo extraordinario en el Congreso, ahí está anotado el futuro de la Guardia Nacional con la que el gobierno de México busca replantear la estrategia contra el crimen organizado. Si en campaña se prometió que el Ejército saldría de las calles, tras el inicio de la administración, la realidad obligó a corregir, a aceptar que por ahora es imposible que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, pero, a pesar de esto, la iniciativa original ponía todo en materia de seguridad en manos de éstas, sin dar más detalles del cómo. Y es que esas imprecisiones, que parecen ser el sello de las decisiones de López Obrador, fueron el motivo para el descontento. El viernes, el mismo AMLO se corrigió la plana. Vía Alfonso Durazo, pidió a los diputados que se contemple un mando civil, se despidió de su idea de una cabeza militar. Lo que tanto se pidió en la resistencia al proyecto […]. La discusión de una Guardia Nacional con mando civil no volverá terso el debate del proyecto, pero sí alivia un tanto la presión y el descontento al respecto. Porque con esto, Andrés Manuel López Obrador se evita un frente que, para estas alturas de su gobierno […], aún tiene en la víspera asuntos pendientes, como el de la Fiscalía General de la República, que no le augura días fáciles ni libres de controversias. Habrá que ver los términos de lo que se discutirá y la forma que den a la Guardia desde el Congreso”.

Recorte a la democracia

En Milenio, Carlos Marín, escribe que: “para el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, la decisión de la Cámara de Diputados de escamotear al presupuesto del Instituto Nacional Electoral 950 millones de pesos ‘fue una apuesta a la parálisis institucional por la vía de los recurso’”. Beneficiaros del trabajo del sistema que garantizó la limpia realización de las elecciones que les permitieron ser legisladores, los diputados que aprobaron la disminución de lo requerido para una operación electoral confiable no buscaron el ahorro, sino complacer al Presidente y su llamado a la austeridad, sin reflexionar en que tijeretear a lo güey pone en serio riesgo la democracia mexicana. Conforta saber que el organismo encabezado por Córdova está dando la batalla contra quienes pretenden pulverizar el abaratamiento del instituto, poniéndolo en aprietos para cumplir sus responsabilidades […]. Lo mejor será que prosperen las conversaciones del INE con la Secretaría de Hacienda, a fin de que se le amplíe lo aprobado, si no con los 950 millones de pesos que le fueron agandallados, con al menos 619 para sufragar los costos de las elecciones ordinarias que habrá este año en cinco estados. Desde finales de diciembre, Córdova había hecho notar lo insano que es el que un organismo autónomo tenga que acudir a otras instancias (como Hacienda) para obtener los recursos que le permiten cumplir sus tareas básicas, ya que podría generarse un escenario donde se pueda condicionar el dinero a cambio de ‘otras cosas’. A la pericia de Hacienda y su titular, Carlos Manuel Urzúa Macías, debe sumarse la de Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, ya que el recorte que se aplicó se deriva de una operación eminentemente política. La tasajeada al presupuesto dejó en capilla la instalación de 16 mil 124 casillas para los comicios en Baja California (Gobernador, alcaldías y Congreso), Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas (diputados y ayuntamientos). En Puebla[…], por fortuna, el costo de las elecciones correrá a cargo del erario local. Se reprocha que ‘la democracia’ mexicana es de las más caras del mundo, pero es el INE el que expide, apechugando el costo, las credenciales que en otros países llaman cédula de identidad y que otorgan ministerios equivalentes a la Secretaría de Gobernación. Ahora, ¡chíngale!, no alcanza para seguirlas subvencionándolas…”.

Ex presidentes ¿Al Banquillo?

El Universal, Salvador García Soto, escribe que: “en medio de la crisis del desabasto de combustibles y tras sentenciar que ‘todos los negocios jugosos de corrupción que se hacen en el país llevan el visto bueno del Presidente de la República’ y que siempre que hay delitos de corrupción los mandatarios nacionales o ‘son cómplices o se hacen de la vista gorda’, el Presidente Andrés Manuel López Obrador abrió de nuevo la posibilidad de someter a un enjuiciamiento a varios de sus antecesores […]. Sin especificar de qué tipo de delitos podría acusarse a los ex presidentes[…], López Obrador revivió su propuesta de campaña y de su toma de posesión, para someter a una consulta popular, con base en el artículo 35 constitucional, la posibilidad de que por primera vez en la historia del país se pudiera acusar y someter a juicio a ex titulares del Poder Ejecutivo federal por presuntos delitos de corrupción cometidos durante sus sexenios […]. Aunque política y jurídicamente el planteamiento de López Obrador resultaría inédito y sentaría un precedente en la inmunidad e impunidad que hasta ahora ha rodeado a los presidentes de México, el tema tendría que revisarse no sólo desde la óptica de la opinión popular, que indudablemente resultaría abrumadora a favor de llevar al banquillo de los acusados a los ex presidentes, algo que es una demanda histórica e insatisfecha de la sociedad mexicana. Desde el punto de vista del derecho, para poder acusar a los ex presidentes primero tendrían que cumplirse los requisitos de procedibilidad, que existan denuncias o querellas presentadas y por qué tipo de conductas delictivas cometidas durante sus gobiernos se les podría denunciar y procesar, para saber si éstas no prescribieron o están vigentes de acuerdo de acuerdo a la ley […]. El problema es que la ley no puede aplicarse retroactivamente y, suponiendo que a Salinas, Zedillo y quizás Fox, se les quisiera acusar de delitos como esos, si las reformas que establecen nuevos plazos de prescripción fueron después de su gobierno, no podrían aplicarles esa ley, porque el artículo 14 constitucional impide la aplicación retroactiva de la ley a cualquier ciudadano […]. Es decir, que según lo que establecen los códigos penales y las leyes, salvo al ex Presidente Enrique Peña Nieto, que dejó su encargo hace un mes y medio, al resto de los ex mandatarios mencionados por AMLO, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, difícilmente se les podría acusar y procesar judicialmente. A menos que en la consulta se proponga un ‘juicio popular’ y ahí sí las acusaciones serían al gusto del pueblo: que sienten a Carlos Salinas de Gortari por favorecer a sus amigos en las privatizaciones de su sexenio[…]; a Zedillo que lo acusen del ‘error de diciembre0 y la filtración de información que permitió la fuga de capitales y nos sumió en la peor crisis económica y de paso por el Fobaproa […]. Y ya entrados en gastos a Fox que lo acusen de permitir el ‘chiquihuitazo’ a Ricardo Salinas […]; mientras a Calderón indiscutiblemente podrían enjuiciarlo por sumir al país en la peor violencia durante su sexenio con una estrategia fallida contra el narcotráfico y de paso investigar acusaciones de que favoreció al Cártel de Sinaloa y protegió al ‘Mayo’ Zambada […]. Ya con Peña, la cosa cambia y ahí sí hay conductas y acusaciones que, por tiempo, podrían derivar en presuntos delitos, desde la Casa Blanca y su tráfico de influencias, hasta las omisiones y desvíos de la investigación de Ayotzinapa, por no mencionar posibles acusaciones de enriquecimiento y, por supuesto, el tema que revive la propuesta de López Obrador: el enorme crecimiento del huachicoleo y sus ganancias multimillonarias en su sexenio”.

@loscabareteros

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