La Corte: dónde sí, dónde no

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Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del martes 11 de diciembre 2018. La Corte: dónde sí, dónde no: No hay que quedarse en la batalla por los salarios. Que se profundice el análisis de la Corte, como una derivación positiva y saludable del conflicto actual. No como el principio para eliminar la institución, sino para revisar si los ministros actuales están o no a la altura de la nueva realidad mexicana o si, como otras instituciones, son ellos o ellas lo que hay que cambiar…  Sánchez Cordero, ¿pro Corte?

Rayuela

La confrontación no es menor: un poder contra otro. Tal vez no es lo deseable tan tempranamente.

¿Quién gana 444 mil de aguinaldo, 428 mil por asignaciones, 554 mil por riesgo? En el Poder Judicial…

Guadalupe Fuentes López, en SinEmbargo, escribe sobre los sueldos de los ministros en la corte: “Un Ministro de la Suprema Corte y un Consejero del Consejo de la Judicatura Federal, los puestos más altos dentro del Poder Judicial en México, reciben un salario de 269 mil 215 pesos mensuales, además de otras percepciones anuales como un pago por riesgo (554 mil 595 pesos), aguinaldo (444 mil 380 pesos), prima vacacional, seguro de gastos médicos mayores, ayuda de gastos funerales, ayuda de anteojos, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, entre otros. Los salarios de algunos sí son mayores al que recibirá el Presidente López Obrador, que será de 108 mil pesos mensuales.

La Corte: dónde sí, dónde no

Raymundo Rivapalacio escribe en El Financiero: “Los arrebatos belicosos del presidente Andrés Manuel López Obrador al enfrentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque suspendió la ley para recortar salarios, no deben esconder el problema de fondo en el Poder Judicial. No es la institución per se lo que debe analizarse y eventualmente fustigarse, sino la integridad de los ministros, sus mecanismos de autorregulación y la calidad de sus decisiones, que deben ser pasados por una revisión crítica. La discusión sobre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que suspendió la Corte para revisar si hay violaciones a la Constitución, tampoco debe quedarse en ese punto como si fuera lo único o lo más importante en términos de lo que beneficia e interesa más a la nación. Hay que ver más alto y más lejos, como dijo alguna vez José Ortega y Gasset, y examinar con mayor profundidad el papel de los ministros de la Corte. (…) Abogados constitucionalistas sostienen que la Corte no es independiente ni apartidista. Efectivamente, las designaciones de los ministros se han dado por las cuotas de los partidos del viejo régimen, el PRI, PAN y PRD, donde algunas de sus decisiones han sido altamente controversiales. Por ejemplo, el PRI metió en diciembre de 2012 a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con cuyo voto se le otorgó la libertad inmediata a la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada. Dos semanas después de su liberación, la misma Corte votó en sentido opuesto sobre el caso de dos indígenas acusadas de la privación de la libertad de dos policías federales. No se puede soslayar algo muy relevante, que es la ausencia de mecanismos de autorregulación, que han llevado a la Corte a situaciones indefendibles. El último caso fue el escándalo de fraude de los jueces de ascenso, conocido en febrero pasado, cuando un concurso interno fue anulado por el Consejo de la Judicatura Federal debido a que se filtraron las respuestas a las preguntas del examen. No hay que quedarse en la batalla por los salarios. Que se resuelva, pero que se profundice el análisis de la Corte, como una derivación positiva y saludable del conflicto actual. No como el principio para eliminar la institución, sino para revisar si los ministros actuales están o no a la altura de la nueva realidad mexicana o si, como otras instituciones, son ellos o ellas lo que hay que cambiar, sin afectar la institución que debe seguir siendo contrapeso de los otros poderes”.

Sánchez Cordero, ¿pro Corte?

En La Jornada, Julio Hernández López, quien escribe que: “en la nueva iconografía política habrá que destacar la insólita actitud de altos funcionarios del Poder Judicial en protesta pública por la reducción de sus remuneraciones. Nunca antes, en la historia política moderna del país, jueces, magistrados y personal de juzgados y tribunales se sintió en necesidad de manifestar de manera organizada, nacional y pública, su oposición a determinadas medidas de la punta de la pirámide de los poderes mexicanos, el Ejecutivo federal. Por el contrario, históricamente el aparato judicial del país había vivido en una connivencia en ambos sentidos, con los dos ámbitos, el Ejecutivo y el Legislativo, en amasiato de intereses sabidos […]. El litigio en curso alienta las objeciones al obradorismo por parte de los segmentos que consideran que se está fracturando un sistema jurisdiccional que, según ese punto de vista, habría funcionado con cierta eficacia. Del lado obradorista, la resistencia del aparato judicial confirma la necesidad de avanzar en el abatimiento de los altos niveles de ingreso de esas élites opuestas a los cambios derivables de las pasadas elecciones. Una de las peculiaridades de esta confrontación es el papel de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue beneficiaria del golpe del entonces Presidente Ernesto Zedillo para renovar la Corte e incluir a personajes cercanos a él. Con una formación en el servicio público concentrada en el ámbito del Poder Judicial federal, Sánchez Cordero, senadora con licencia, mantiene una postura desde Bucareli que revolotea de distintas maneras en favor de sus propios ex compañeros […].. Incluso la secretaria de Gobernación ha llamado al diálogo, como si ella en lo personal pudiera ser un punto neutral o una especie de tercera en discordia. En todo caso, ese diálogo debería conjurar con rapidez la posibilidad de una crisis política y jurídica en caso de que el Congreso federal apruebe en los hechos una forma de desobediencia al mandato judicial de frenar la ley de remuneraciones […]. La crispación del caso ha sido abordada por el propio López Obrador, quien ha dicho que, aunque sean equivocadas, respetará las resoluciones de la Corte, en el caso de las remuneraciones, y del tribunal electoral, en el caso poblano. El tabasqueño ha aprovechado para defender la postulación de personajes cercanos a su proyecto político para ocupar un asiento en la misma SCJN. En las acciones recientes de la Corte y el tribunal electoral, según ha dicho el Presidente de la República, subsiste el viejo régimen, que seguramente vamos a padecer”.

La hora de Olga Sánchez Cordero

En Milenio, Carlos Marín, quien escribe que: “la embestida contra los servidores públicos de todo tipo de instituciones […] que ganan más de 108 mil pesos al mes arrecia peligrosamente. De tal magnitud es la confrontación que el Senador por Morena Félix Salgado Macedonio lanzó la estulta amenaza de impulsar la disolución de la Suprema Corte de Justicia. ‘Si los ministros no aceptan ajustarse a la austeridad y quieren seguir viviendo como virreyes, habré de plantearle al Presidente Andrés Manuel López Obrador que los liquide y envíe al Senado las ternas de los nuevos ministros. Ernesto Zedillo lo hizo. AMLO también puede hacerlo…’, advirtió. Como este protogolpista […], en las bancadas lopezobradoristas del Congreso abundan los dispuestos a dinamitar la vida institucional de México. Por suerte y hasta dónde va la mayor crisis constitucional de la historia, la idea de disolver la Corte no está en los planes de Andrés Manuel López Obrador, por mucho que sea él quien más ha prodigado descalificaciones a jueces, magistrados y ministros. Esta semana, el acto en que el ministro Presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar, presentará su último informe de trabajo, será el mejor escenario para conocer el tamaño real del conflicto, ya que es impensable que no acuda el Presidente de la República. Una mujer en el primer círculo de AMLO, sin embargo, ha de estar jugando un papel medular para que se no se llegue a una irreparable colisión: Olga Sánchez Cordero. Como se lo recordó su predecesor en la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la ex Ministra reúne (como Benito Juárez) los atributos de haber servido en los tres poderes, y es de suponer que está mediando entre sus ex compañeros del Judicial y su jefe. Entre las conclusiones del ensayo del ministro en retiro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, citado ayer aquí, resalta ésta: ‘Si la Cámara de Diputados permite que sea el Presidente de la República el que fije su remuneración y, por extensión, la de todos los demás servidores públicos, no solo abdicará de su potestad sino que además violará flagrantemente la Constitución, ya que se reunirán dos poderes en una sola persona'[…]. Qué alivio para muchos de los afectados por la nueva ley que el Presidente no se asignara un salario de 5, 10 o 15 mil pesos mensuales…”.

A favor de la austeridad republicana

Leo Zuckermann, en Excélsior escribe que: “Uno de los aspectos que me gusta de la agenda lopezobradorista es la austeridad republicana. Son muchos los casos donde tenemos un gobierno caro que no produce buenos resultados para la ciudadanía. En México, como en cualquier país, debemos aspirar a un gobierno bueno y barato. Nada fácil de lograr, pero ése es el reto. Y no es fácil el desafío porque las burocracias tienden a crecer y a defender sus privilegios. Hay muchos ejemplos. Cuando en el sexenio de Fox se legisló la ley de transparencia, en lugar de otorgarle a los jueces la facultad de ordenar la entrega de la información gubernamental a los ciudadanos, se creó una nueva burocracia con esa misión. En ese momento discutí la creación del INAI original con uno de sus fundadores. “No te preocupes —me dijo— va a ser una institución chica, pero eficaz para salvaguardar el derecho a la transparencia”. Famous last words. Desde entonces, hasta nuestros días, lo único que ha hecho el INAI es crecer y gastar más dinero de los contribuyentes. Otro caso son las múltiples burocracias electorales. El INE, cuando todavía era IFE, tenía nueve consejeros. Sin embargo, la partidocracia, con ese apetito voraz de crear puestos para dárselos a sus clientelas, aumentó el número de consejeros a once en la última reforma electoral. Lo mismo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que pasó de cinco a siete magistrados. Todo esto implicó más puestos (secretarias, asesores, choferes, etcétera) y recursos materiales (oficinas, coches, computadoras, etcétera). INE y Tribunal funcionaban igual de bien, o hasta mejor, antes de su expansión. Los ciudadanos no ganamos nada, pero sí nos costó más. Amén, por cierto, de que tenemos un sistema electoral dual donde hay burocracias locales (OPLES y Tribunales estatales) que conviven con autoridades nacionales (INE y TEPJF). El resultado es que México es uno de los países donde sale más caro organizar elecciones del mundo. Hace unos años, el CIDE publicó una fantástica serie de cuadernos sobre el uso y abuso de los recursos públicos en México. En 2010, Carlos Elizondo y Ana Magaloni escribieron el de la Suprema Corte. Argumentaron que, si bien se había afianzado la independencia judicial, los datos indicaban “que la asignación y administración de los elevados presupuestos de la Corte han servido para engrosar la nómina a través de una burocracia cada vez más amplia que, en muchos casos, tiene asignadas tareas que poco o nada tienen que ver con la función sustantiva de un Tribunal Constitucional”. En conclusión, teníamos una de las Cortes más caras del mundo “sin que ello lleve aparejado una mayor productividad o mayor confianza ciudadana en el máximo tribunal”. Así nos podríamos ir con, prácticamente, todas las dependencias de la administración pública federal, las dos cámaras del Congreso, el Poder Judicial de la Federación y los órganos autónomos del Estado sin entrar, por supuesto, a ese hoyo negro de dispendio y abuso que son los gobiernos locales. (…) En este sentido, tiene toda la razón López Obrador. Urge la austeridad republicana. Es una lástima que el debate sobre este tema se esté centrando en el asunto de las percepciones de los mandos medios y superiores porque ése no es el problema de fondo”.

Salarios, burocracia y una pésima ley

En Milenio, Carlos Puig, escribe que: “la suspensión de la ley de remuneraciones del servicio público emitida por el ministro Alberto Pérez Dayán conduce a un callejón legal de difícil salida. La Cámara de Diputados puede no acatar, como ha dicho, la suspensión decretada por el ministro, a saber, que no se use la ley de remuneraciones, recientemente aprobada por el Congreso, como guía para hacer el presupuesto de 2019. La lectura política de la Cámara de Diputados sobre esta suspensión es que se refiere, en el fondo, a que no sean tocadas las remuneraciones de ministros, magistrados y jueces, pues eso violaría a la letra el artículo 94 de la Constitución. La Cámara de Diputados se dispondría entonces a definir el presupuesto de acuerdo con la ley suspendida, salvo en lo tocante al Poder Judicial. Con esta solución, la Cámara no perdería mucho del dinero que el gobierno quiere ahorrar con la reducción de sueldos a la burocracia y dejaría a la Suprema Corte como triste defensora solo de los ingresos de su gremio. La lectura técnica de la suspensión dictada por Pérez Dayán es menos negociable de lo que se propone la Cámara. Se trata de una suspensión general de la ley de remuneraciones y no puede aplicarse parcialmente: al Poder Ejecutivo sí, al Judicial no. Hacer esto sería un acatamiento parcial de la ley, una oferta muy mexicana de negociación de la ley: aplico la suspensión a favor tuyo, Poder Judicial, porque te quejas, pero no a favor de la burocracia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Probablemente en esta fórmula terminará el presente episodio del litigio, pero no es una buena solución al problema de la suspensión decretada, pues ésta no distingue entre poderes: dice simplemente que la ley de remuneraciones está en duda constitucional y que no puede usarse como metro para hacer el presupuesto. Si el Poder Legislativo no obedece esta suspensión general y emite un presupuesto que acepta solo parcialmente la suspensión, puede entrar en el supuesto de estar aprobando un presupuesto ilegal, sujeto a la posible inconstitucionalidad de la ley sobre la que está construido”.

Los otros problemas de la Corte

En Excélsior, Yuriria Sierra, menciona que la Suprema Corte de Justicia tiene en la víspera otro tema que resolver que es “el nombre de quien llegue a la presidencia del máximo tribunal con el término de gestión de Luis María Aguilar Morales […]. Los candidatos son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar. Y es éste último quien sobresale. Con más de 35 años de ejercicio profesional, así como académico y docente. Su trabajo en la Corte no se limita a su arribo como ministro en 2009. Tiempo atrás participó en la redacción del proyecto de Ley de Amparo. Tras su ratificación en el Senado, Arturo Zaldívar ha generado discusiones urgentes, incómodas, pero necesarias, que mucho han abogado para el entendimiento de nuestras leyes, así como de la ejecución de éstas […]. Zaldívar es, sin duda, una figura progresista necesaria en el Poder Judicial, el último eslabón de la cadena de impartición de justicia en nuestro país. A diferencia de otros de los candidatos, como Jorge Pardo Rebolledo, Zaldívar se ha mostrado a favor del consumo lúdico de la mariguana, pues entiende las deficiencias de las leyes punitivas y de las violaciones que éstas provocan en el desarrollo de la personalidad cuando se es mayor de edad. ‘El principio básico de la división de poderes, referido a la distribución del poder entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial como forma de limitar su ejercicio, es una condición esencial para la existencia de un Estado constitucional y democrático de derecho. Una de las expresiones fundamentales de este principio es la independencia judicial, conformada por una serie de garantías cuyo propósito es el de mantener los equilibrios necesarios para que los jueces cumplan con su función de proteger las libertades y los derechos humanos de las personas…’, se lee en el proyecto de trabajo que el ministro presentó con su candidatura. Y justo su trayectoria es prueba de que lo escrito anteriormente es la línea de trabajo con la que podría presidir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será hasta el próximo 2 de enero, cuando en una sesión presidida por la ministra Margarita Luna Ramos se realice la votación para designar al sucesor de Luis María Aguilar Morales. Es urgente que la Corte tenga a la cabeza a quien con su reputación y trayectoria garantice independencia en el Poder Judicial”.

El nuevo integrante de la corte

Reforma, Templo Mayor, asegura que: “la decisión sobre quién será el nuevo integrante de la Suprema Corte pinta para convertirse en un pleitazo, pero no entre la mayoría de Morena y la oposición en el Senado… ¡sino entre los propios morenistas! Cuentan que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, tiene como favorito para esa posición al ex magistrado capitalino Juan Luis González Alcántara. En tanto, dicen que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, prefiere a Loretta Ortiz, esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, cuadro muy cercano al zacatecano. Y se sabe que ya se comenzaron a alinear los bandos. A ver si esa pugna no provoca que se queden cortos de obtener el apoyo de dos terceras partes de los senadores, mínimo para concretar ese nombramiento”.

Ley de salarios: verdades a medias

Enrique Quintana, escribe en El Financiero, lo siguiente: “Un pleito de pronóstico reservado ha surgido a partir de que el ministro Alberto Pérez Dayán declaró la suspensión de la aplicación de la Ley de Remuneraciones, que fue impugnada ante la Corte por un grupo de senadores de oposición y por la CNDH. (…) En nuestro sistema judicial, la interpretación de la Constitución es tarea de la Corte y no del Poder Legislativo. Sin embargo, los diputados de Morena dicen que ellos van a actuar como si el artículo válido fuera el 127. Pero, del otro lado, los ministros de la Corte insisten en que no ganan 600 mil pesos mensuales, efectivamente… pero casi. En efecto, su salario mensual neto es de 269 mil pesos al mes. Pero, si a ese monto se suman prestaciones de ley, pago por riesgo, seguros, fondos de ahorro, y otros ingresos menores, al sueldo bruto anual integrado total asciende a 6 millones 938 mil 234 pesos brutos, que equivalen a 578 mil 186 pesos mensuales, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2018. Hay que notar que este monto es para algunos ministros, los más antiguos, pues no todos tienen el mismo régimen. No son los 600 mil pesos, pero están muy cerca. Mejor convendría al Poder Judicial llevar el debate al tema de la independencia de los poderes y no de las remuneraciones. Por otro lado, aun suspendida la Ley Federal de Remuneraciones, la Cámara de Diputados tiene la facultad de fijar las compensaciones de los mandos en el servicio público y órganos autónomos, o por lo menos, algunos lo interpretan así. A diferencia del Poder Judicial, en donde está la protección del artículo 94 constitucional, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y órganos autónomos, se podría aplicar el artículo 127 constitucional, sin violentar ninguna otra norma de la misma jerarquía. Es incierto el desenlace y las implicaciones de este litigio, pero lo que sí es seguro es que apenas es el primer round de un proceso en el que veremos a un Ejecutivo dispuesto a subirse al ring cuantas veces sea necesario. Con ello, va a sacudir la vida institucional del país, nos guste o no”.

Salir del bache

Milenio, Trascendió, asegura que: “la dirigencia nacional del PRI, que encabeza Claudia Ruiz Massieu, por fin rompió con los dedazos en la selección de sus candidatos, que a decir de los propios priistas ‘fue parte de los errores que cometieron en el sexenio pasado’, por lo que en Baja California, entidad que el próximo año renovará gubernatura, eligió el método ‘abierto a militantes y simpatizantes’. Pese a que ya pasaron 30 años de que perdieron esa entidad y con la ola de Morena en contra, el PRI busca aprovechar la debilidad panista en el estado”.

Sacar al PRI del bache

Excélsior, Frentes Políticos, asegura que: “a presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, tiene la más grande encomienda, sacar del bache al partido que dominó durante siete décadas en México. Llamó a los priistas a estar listos para el 2021, pues ‘en tres vamos a ganar’, dijo. Sostuvo que México necesita a un partido popular para quienes más lo necesitan y para los que no tienen oportunidades. ‘Eso nos hizo grandes y nos va a volver a hacer grandes’, dijo al tomar la protesta a la nueva dirigencia priista en Sinaloa, que encabezan Jesús Valdés Palazuelos y Cinthia Valenzuela Langaríca, Presidente y secretaria general, respectivamente. Hará falta mucho más que buenos deseos. Ella tiene los arrestos para eso y más”.

El dinosaurio sigue aquí: El 43% de los sindicatos pertenece al PRI, y 10 familias controlan la mayoría

Efrén Flores, en SinEmbargo, escribe que: “Diez familias controlan el 60 por ciento de los sindicatos en México. Las cifras de la Secretaría del Trabajo refieren que dos de cada cinco gremios (1 mil 533 de 3 mil 579) están afiliados a confederaciones priistas como la CTM y la CROC, que este año fueron expulsadas de la Confederación Sindical Internacional por obstaculizar la libertad y la democracia sindical. Lo anterior refrenda la actual situación nacional: el control sindical por patrones y gobiernos en beneficio de intereses políticos y económicos que merman el desarrollo nacional”.

De orgullos paternos y ¿nepotismos?

Salvador Camarena, escribe en El Financiero sobre Jiménez Espriú y su hijo: “Qué felicidad es para un padre que la vida le regale la oportunidad de, en días importantes, estar acompañado por tu hijo. Pero en este caso, la cosa podría ir más allá de una satisfacción paternal y despertar cuestionamientos sobre si hizo bien o no Jiménez Espriú en permitir que su hijo atestiguara a escasos tres metros, y rodeado de exfuncionarios, su toma de posesión. Porque resulta que Javier Jiménez Gutiérrez es un profesional adscrito a una consultora internacional con operaciones en México que ha tenido negocios con… el gobierno mexicano. Y es que Javier Jiménez Gutiérrez es socio de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, una importante firma legal con presencia en 17 países, actividades en sectores de infraestructura y energía entre otros, y que asesora tanto a clientes privados como públicos. En esa firma, y según el sitio de la propia Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, Jiménez es un socio en las áreas de desarrollo de infraestructura, petróleo y gas y en arbitraje internacional. En el mismo sitio se destaca que tiene experiencia en transacciones corporativas, privatizaciones, proyección financiera y arbitraje, incluidos proyectos de la industria petrolera y eléctrica. Entonces, además de proyectos de energía, Jiménez Gutiérrez trabaja para Curtis en el área de Infraestructura, que según la misma firma explica en su página de internet en “el área de Desarrollo de infraestructura asesora a clientes en todo el mundo sobre la gran variedad de asuntos corporativos, financieros y normativos que afectan a sus respectivas industrias. Nuestros clientes actúan como promotores de proyectos, inversionistas, prestamistas, desarrolladores y entidades estatales, y operan en una amplia variedad de sectores, incluyendo electricidad (hidro, gas, GNL, eólica y geotérmica), agua y aguas residuales, petróleo y petroquímicos, transporte (aeropuertos y puertos, marítimo, ferroviario y carreteras de cuota) y minería. (…) Bueno, pues ahora la vida le da otro regalo a Jiménez Espriú: ya está en la posición de fijar un estándar ético acorde a los nuevos tiempos. Veremos”.

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