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La prueba para el peso mexicano

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Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del miércoles 15 de enero 2020. La prueba para el peso mexicano: Si usted quiere encontrar dos indicadores que seguir este año para asegurarse de que persiste la estabilidad cambiaria, póngale el acento a estos dos ingredientes: la situación financiera y el avance de los resultados fiscales del gobierno federal, que empezarán a llegar al final del mes de febrero de este año.

Rayuela

“El avión que mandó comprar Calderón es un perfecto monumento al despilfarro”.

El avión presidencial

Raymundo Rivapalacio, El Financiero: “Después de una larga travesía retórica, el avión presidencial TP-01 ‘José María Morelos’ regresará a México, con lo cual se cierran algunos ciclos políticos y se admiten abiertamente –aunque, al no ser parte explícita del discurso quedará soslayado– algunas mentiras del pasado electoral. La más importante en este rubro es que el avión no costó los siete mil quinientos millones de dólares, como dijo Andrés Manuel López Obrador en uno de sus primeros spots para la campaña presidencial, difundido en YouTube el 26 de marzo de 2018, y la otra, de menor relevancia, es que el hangar presidencial no ha desaparecido. En términos de acción política, el retorno, por la puerta de atrás, es la demostración de una gestión que fracasó, pero podría –deseo casi utópico– convertir un fiasco en algo positivo para el Presidente y para el país. (…) La decisión es como un balde de agua fría que cae sobre el Presidente, aunque los verdaderos responsables son aquellos aduladores y lambiscones en su entorno que no le proporcionaron con franqueza a López Obrador los datos duros del avión y los escenarios reales que podría enfrentar al chocar con la realidad. El miedo que le tienen llevó a este fiasco y arrastraron al Presidente. El avión fue evaluado en 130 millones de dólares para su venta, ante lo que se advirtió que no se podría vender en esa suma y, quizás, en ninguna otra, a menos que lo remataran. Pero ni aun así lo pudieron colocar en el mercado. Lo más que ofrecían unos empresarios texanos, dentro de un paquete de compra de una buena parte de la flota aérea gubernamental, no superaba los 69 millones de dólares. (…) Lo ideal sería una rectificación del Presidente y que, rebautizado, pintado del gris de la Fuerza Aérea o camuflajeado, se reincorpore al servicio del gobierno. Pedirle que por razones de seguridad nacional él sea uno de sus usuarios, puede ser demasiado para un hombre que sólo piensa en política electoral, pero reactivarlo para uso oficial no es algo que debería desestimar en automático”.

El avión

Julio Hernández López, La Jornada: “La devolución a México del avión presidencial que se ha negado a usar Andrés Manuel López Obrador encajó de inmediato en la lógica de confrontación automática y sin matices que puebla redes sociales y espacios de opinión pública. Para los opositores al Presidente de la República, tal regreso de la aeronave constituye un fracaso de su intención comercializadora y una demostración de que en Palacio Nacional se toman decisiones ocurrentes y sin el adecuado sustento técnico. Los seguidores del político tabasqueño y sus políticas, a su vez, enfocan la imposibilidad de vender dicho avión como consecuencia de una herencia de gobiernos anteriores (el de Felipe Calderón, que lo compró, y el de Enrique Peña Nieto, que lo usó), de tal forma que el alto costo original de ese faraónico aparato de navegación y su reducido radio de aplicación práctica le habrían convertido en pieza de muy difícil comercialización. Más allá de los posicionamientos en los extremos, lo cierto es que la intención comercializadora no prosperó y que implicó gastos totales cercanos a 30 millones de dólares a lo largo de un año de estancia en un hangar californiano. Si alguien trata de vender un producto, paga un alto precio por mantener dicha mercancía en exhibición y a disposición de posibles compradores, y no cierra ninguna operación, es sin lugar a dudas un fracaso en esos términos. Sin embargo, la negativa a utilizar dicho avión por parte del entonces candidato y luego presidente de la República, López Obrador, le ha significado una constante sintonía con millones de mexicanos que aprecian el hecho de que el político de mayor relevancia en el país rechace privilegios y extremas comodidades que, como dice con insistencia el titular del Poder Ejecutivo, resultan ofensivas para un pueblo con tantas carencias. Como ha sucedido con otros temas (uno de los más recientes, el de la llanta ponchada en Sonora, rumbo a un encuentro con familias mormonas), ciertos enfoques formales se desmoronan por falta de practicidad política. El avión mencionado es un símbolo del distanciamiento derrochador de la cúpula del poder político mexicano respecto a la sociedad y, a bordo de esa nave, se practicaron algunos de los hechos de abuso, insensibilidad social y despilfarro que más critican los mexicanos y que, por ello, abrieron el camino a la opción presidencial obradorista. Así como abrir Los Pinos a quien desee conocer esa ex residencia presidencial ha permitido a los mexicanos comprobar hasta dolorosamente la opulencia en que se movían el anterior ocupante de Los Pinos, su esposa, hijos, familiares y amigos, bastaría abrir al público el interior de la mencionada nave presidencial, cuando ya esté instalada en nuestro país, para confirmar que aun cuando hubiera costos como el registrado en California o pérdidas por depreciación en caso de su eventual venta, en este México ha sido una buena decisión que su Presidente se abstenga de viajar en ella, por congruencia personal y por respeto a la sociedad”.

La prueba para el peso mexicano

Enrique Quintana, El Financiero: “Ayer por la tarde, el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estaba en 18.79 pesos, lo que implica una revaluación anual de 1 por ciento. Pocas monedas en el mundo pueden presumir este resultado. Entre los principales mercados emergentes, solo el rublo ha superado al peso mexicano. Desde hace muchos meses he escuchado la sorpresa de diversos analistas del país que dicen: ¡cómo es posible que los inversionistas extranjeros no se den cuenta del desastre al que este gobierno está llevando a la economía de México! Y luego dicen: nosotros estamos en el ‘ombligo’. Estamos tan cerca como es necesario para darnos cuenta de que el país va al colapso. Es cuestión de meses para que eso ocurra. El año pasado, varios amigos, que manejan fondos multimillonarios me decían: “¡no terminará este año sin que tengamos una grave crisis cambiaria y una enorme fuga de capitales!”. Y no pasó. Hemos pasado momentos complejos, sin embargo a poco más de un año y un mes de este nuevo gobierno, los inversionistas extranjeros siguen apostando a que es redituable invertir en activos financieros en pesos. Una de las explicaciones de este hecho es, sin duda, el nivel de las tasas de interés que prevalece en México. Sin embargo, independientemente del nivel de estas tasas, si existiera la expectativa de que en el lapso de algunos meses pudiera estallar una crisis, lo más probable es que muchas de estas inversiones ya hubieran abandonado los activos mexicanos para buscar otras opciones más seguras, como por ejemplo los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, como ha sido lo usual. No ha ocurrido. Esta condición de atractivo a las inversiones financieras del extranjero, que hemos vivido a lo largo de los últimos 20 meses, sin embargo no será eterna. Lo que hasta ahora ha preservado la estabilidad de nuestro tipo de cambio ha sido la disciplina fiscal y la percepción por parte de los inversionistas extranjeros de que hay un compromiso irreductible del gobierno federal para mantener esta circunstancia. El desafío que tenemos en México en este año es que en los próximos meses, cuando se conozcan las cifras de las finanzas públicas, se perciba que la recaudación viene en línea con el calendario fijado por el gobierno. Si resulta que los ingresos por concepto de ISR e IVA van muy por abajo de lo previsto, entonces es muy probable que empiecen a surgir serias preocupaciones por parte de los inversionistas y que eventualmente valoren que mantener sus recursos en pesos puede ser una decisión de alto riesgo. El otro factor crítico, muy mencionado desde 2019, tiene que ver con la posibilidad de que Moody’s baje la calificación de la deuda de Pemex. Cualquier baja de esta nota significaría la pérdida del grado de inversión y con ello dos de las tres más importantes calificadoras considerarían que los pasivos de Pemex son deudas chatarra. Si usted quiere encontrar dos indicadores que seguir este año para asegurarse de que persiste la estabilidad cambiaria, póngale el acento a estos dos ingredientes: la situación financiera y el avance de los resultados fiscales del gobierno federal, que empezarán a llegar al final del mes de febrero de este año”.

Insabi: derechos perdidos

Héctor Aguilar Camín, Milenio: “Los servicios de atención médica gratuita que suprime el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), respecto del anterior diseño, es quizá la mayor pérdida de derechos sociales que se haya tenido en una reforma de la salud pública de México. El Seguro Popular cancelado por esta reforma había significado quizá el mayor salto en cobertura que había dado ese mismo sistema. Hablo de cantidades, no de calidades, y no en añoranza de un sistema de salud perfecto, impenetrable a la corrupción, a la ineficiencia o a la simulación. Simplemente era un sistema que protegía mejor y a más gente que el que perfila el nuevo Insabi. Hablamos de 53 millones de derechohabientes del Seguro Popular a quienes se les ha suprimido de un plumazo la atención gratuita —con una cuota de recuperación ajustada a sus posibilidades— en el tercer nivel de cuidados médicos, el de las enfermedades más caras, las que requieren el cuidado de hospitales de especialidades, las que puede quebrar no solo la salud de una familia, sino también su patrimonio. Los 53 millones de ex beneficiarios del Seguro Popular han perdido también el derecho a la atención gratuita del cáncer y la realización de trasplantes, así como la cobertura personal, no por enfermedad determinada, no solo del beneficiario, sino también de su familia. El Insabi conserva cuestiones fundamentales y sería una mentira decir que desatiende lo esencial, porque garantiza atención gratuita y medicamentos sin costos para el primero y el segundo nivel de salud, que constituyen la abrumadora mayoría de los casos tratados. Mantiene también sin costo la atención al sida. La supresión de servicios gratuitos al desaparecer el Seguro Popular sigue siendo enorme, sin embargo, y en algunos grupos vulnerables cuya sola enunciación subleva el ánimo, por ejemplo, la de los niños con cáncer. Las razones aducidas de que había que cambiar el sistema para combatir la corrupción, suprimir los negocios con medicinas y ajustar el abuso en los sistemas de salud de los estados, no apuntan al corazón social del problema, sino a sus excrecencias indeseables. Y el dicho de que el Seguro Popular ni era seguro ni era popular, es simplemente una mentira”.

Adhesión al Insabi genera algunas resistencias todavía

Jorge Monroy y Marisol Velázquez, El Economista: “Los gobernadores del PRI y del PAN dijeron que evaluarán, antes de firmar, la adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que sustituyó al Seguro Popular. El único mandatario que expresó que no firmará el convenio fue el de Jalisco, Enrique Alfaro. Los mandatarios se reunieron este martes en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del inicio de año. Éstos aseguraron que en la reunión no abordaron el tema del Insabi. Sin embargo, en lo individual, cada gobernador expresó su postura. El panista Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, puntualizó que los mandatarios se reunirán el próximo fin de semana en Yucatán, donde analizarán su postura en torno al Insabi; incluso para elaborar una propuesta sobre reglas de operación. En lo individual, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, mencionó: “nosotros ya hemos dicho que vamos a firmar el convenio de colaboración al Insabi, aunque lo haremos como un estado no adherido, pero asumiremos todo lo que se menciona en la Ley General de Salud”. Los gobernadores del PRI Alfredo del Mazo (Edomex) y Claudia Pavlovich (Sonora) coincidieron en que analizarán la situación antes de firmar. “Todavía hay que definir algunas cuestiones a través de los convenios con el Insabi. Por ejemplo, todavía no está claro cómo se va a aportar la cuota solidaria estatal, la responsabilidad laboral de los trabajadores de la salud y los tiempos para la transferencia de los recursos (del Seguro Popular) al Insabi”, indicó Del Mazo. Los gobernadores de Morena (Morelos, Chiapas, Veracruz, Puebla y la jefa de Gobierno de la CDMX) dijeron que no tienen problema en suscribir el convenio. El gobernador Enrique Alfaro, de Jalisco (Movimiento Ciudadano), fue claro en que su estado no firmará el convenio con el Insabi: “en esas condiciones, no”, expresó”.

@loscabareteros

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