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Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del jueves 30 de enero 2020. @MagistradoHuber: Hay sin embargo esperanza: el día de ayer la Primera Sala de la SCJN anunció que va a ejercer la facultad de atracción que le otorga la Constitución para revisar este sospechoso asunto. No será fácil que @MagistradoHuber salga bien librado cuando se halle bajo la lente de esa lupa.

 

Rayuela

“No es un plan de paz. Es una auténtica mentada de madre”.

 

Lo que se juega en Pemex

Enrique Quintana, El Financiero: “Para muchos empresarios y analistas, sin lugar a dudas, el mejor de los escenarios en el sector de la energía hubiera sido la continuidad plena de la reforma energética instrumentada por el gobierno de Peña Nieto. El problema es que ganó la oposición. Por eso, no es sorpresa que hoy las políticas sean diferentes, pues había otra visión respecto al sector. La propuesta del gobierno anterior implicó construir un entramado institucional y legal que permitiera el debilitamiento de los monopolios (Pemex y CFE) y una regulación asimétrica para propiciar la creación de un mercado de energía. La fuerza política que ganó las elecciones en junio de 2018 lo hizo ofreciendo una visión distinta: regresar al fortalecimiento de instituciones como Pemex y la CFE. Al llegar a la presidencia, el presidente López Obrador encontró, sin embargo, que no podía entrar en conflicto con muchos de los inversionistas que ya habían entrado a la industria bajo las reglas de la reforma. Ofreció, y hasta ahora lo ha cumplido, no hacer ningún cambio constitucional en materia de energía. Sin embargo, en tanto su visión era diferente, operó en los espacios que podía hacerlo como en la integración de los órganos reguladores; en modificaciones reglamentarias y en políticas para el sector. El gobierno de la 4T, desde su origen, ha estado en medio de una tensión. Por un lado, no quiere entrar en conflicto con los empresarios que han invertido en México bajo el paraguas de la reforma energética. Pero quiere llevar adelante su estrategia, que implica el darle nueva fuerza y nuevo protagonismo a los exmonopolios estatales. Este conflicto de visiones también se ha expresado en puntos de vista diferentes al interior del gabinete de López Obrador. El Acuerdo para la Infraestructura en Energía que se dará a conocer, presuntamente, en el mes de febrero, va a expresar esa dualidad. El tema más importante para Pemex en los próximos meses es el riesgo de que la agencia calificadora Moody’s degrade la nota de la deuda de la empresa petrolera y por lo tanto le quite el grado de inversión. (…) Ayer, el director general de Pemex, Octavio Romero, presentó las estimaciones de la producción de crudo en enero de 2020, y se aprecia un ligero incremento respecto al nivel de diciembre y otro un poco mayor respecto al nivel de hace 12 meses. Sin embargo, eso no garantiza que Moody’s no degrade la deuda de Pemex en los próximos meses. Hacienda entiende perfectamente la relevancia del hecho, por lo que es de esperarse que pronto desarrollen una actividad intensa para evitar esa decisión de Moody’s, que podría tener graves consecuencias para el país”.

 

@MagistradoHuber

Ricardo Raphael, El Universal: “Quien lea las líneas siguientes puede tener la tentación de escribirle a este magistrado un mensaje a través de su cuenta en Twitter. Se trata de José Francisco Huber Olea Contró, también conocido como #HuberLordFerrari, o el juzgador que propuso una fianza por 450 mil pesos en contra del profesor Sergio Aguayo, por haber dicho que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, hedía a corrupción. Es uno de esos personajes que suelen esconderse detrás de una pesada cortina de impunidad, porque cree, como la mayoría de los jueces en nuestro país, que nadie los ve cuando obran mal. Pues ahora se justica con urgencia echar una mirada sobre este magistrado de la sexta sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Para comenzar hay que decir que le gusta el arte y tiene una buena colección de escultura y pintura que no se cansa de presumir. En su oficina del Tribunal, (nada republicana ¿y qué?) como en museo puede uno envidiar los cuadros de Alberto Gironella, Rafael Coronel, Jorge Marín o Leonardo Nierman. Suele comentar con sus admiradores que los cuelga ahí porque en su casa de plano ya no caben. Vale preguntarse si su sueldo como funcionario público ha permitido la acumulación de esa fortuna en obras de arte. Luego viene el gusto que, al parecer, tiene por los autos. Al magistrado Huber Olea Contró lo han visto llegar al Tribunal montado en automóviles de la marca Ferrari y, entre los trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul, se dice que esos son los regalos que, presuntamente, le habría hecho su presidente, Guillermo Álvarez, para obtener un trato favorable en los asuntos que este juzgador tiene en su portafolios; expedientes cuyo valor rebasaría cualquier cifra imaginable. Supuestamente por sorteo, a este magistrado le cayeron los 18 juicios que la Cooperativa Cruz Azul tiene contra Álvarez. Acaso lo del Ferrari pudiera ser chisme, acaso no, pero los afectados acusan un sesgo que, en esta coyuntura, no debería pasar desapercibido. Un abogado que ha pedido a este periodista no revelar su nombre me asegura que el magistrado Huber Olea Contró le pidió una cantidad elevada para obsequiarle una sentencia favorable en un litigio con un banco. Nuevamente, acaso pudiera ser chisme, acaso no, pero la pila de acusaciones se sigue abultando. Sería interesante preguntar al licenciado José Salas Coquet, abogado de Moreira, si no sucedió algo parecido con él. (…) Hay sin embargo esperanza: el día de ayer la Primera Sala de la SCJN anunció que va a ejercer la facultad de atracción que le otorga la Constitución para revisar este sospechoso asunto. No será fácil que @MagistradoHuber salga bien librado cuando se halle bajo la lente de esa lupa”.

 

Sergio Aguayo y la amenaza para todos

Raymundo Rivapalacio, El Financiero: “Sergio Aguayo, académico, investigador y colaborador semanal de Reforma, perdió una demanda por daño moral frente al exgobernador de Coahuila y exlíder del PRI, Humberto Moreira, por lo que tendrá que pagar 10 millones de pesos. Eso determinó un tribunal de la Ciudad de México, donde pasaron por alto el conflicto de interés de su juzgador, que borró la legitimidad en el proceso. Aguayo no va a pagar esos 10 millones porque, con la defensa adecuada, lo ganará en la Suprema Corte de Justicia, si nos atenemos a los precedentes, y será Moreira quien pierda el juicio. Todo esto, aclaro, si en este país la justicia en materia de libertades se mantiene dentro de la certidumbre, porque las señales e intenciones en la actualidad indican lo contrario. Morena quiere legislar que se prohíba la crítica al Presidente, la Fiscalía General quiere volver a penalizar criminalmente la difamación y el daño moral, e iniciativas como la llamada ‘ley del olvido’ en el Senado, son expresiones que atentan contra la libertad de expresión, y tratan como enemigos a medios de comunicación, periodistas y a todas aquellas personas que la ejerzan. El caso de Aguayo se remonta a administraciones pasadas, cuando Moreira presentó una demanda por daño moral porque el académico habló de las imputaciones de corrupción al exgobernador, en el contexto de haber sido detenido y encarcelado en Madrid como parte de un proceso en la Corte Federal de San Antonio, donde lo vinculan con Los Zetas. El daño moral, está claro, no se lo hizo Aguayo. Su reputación, cuestionada durante mucho tiempo en México, se colapsó con el juicio en los tribunales federales de Estados Unidos. Si algo le afectó su imagen pública, fueron las acusaciones de sus viejos asociados de tener vínculos con el narcotráfico, no un artículo periodístico. Moreira empleó un recurso utilizado por el PRI durante largo tiempo para control de daños mediante la intimidación y la previa censura, y encarcelar a periodistas mexicanos mediante recursos poco convencionales –demanda por daño moral utilizando recursos mercantiles, que se emplean para embargos–, espionaje, investigaciones personales para hacerlas públicas, seguimiento, difamaciones en espacios de mercenarios en los medios. Esto no ha cesado en la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos colaboradores revisaron las finanzas de algunos periodistas, sus propiedades, lanzaron campañas ininterrumpidas de difamación –ya van, en algunos casos, guerras cibernéticas de 18 meses–, y un hostigamiento que está tocando los extremos. (…) Las penurias de Aguayo son transexenales. En la actualidad están utilizando los funcionarios la Ley de Protección de Datos Personales para buscar previa censura en los medios, en una confrontación de dos derechos. Hasta ahora va ganando la censura. Este es aún terreno gris porque las decisiones son casuísticas, pero recientemente el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa, la llamada ‘ley del olvido’, que da cuerpo legal a lo que ahora es discrecional, con lo cual blinda a cualquier funcionario, señalado documentalmente de corrupto o que haya abusado de su poder, de cualquier infracción. O sea, impunidad legal. Otra regresión son las reformas al sistema judicial de la llamada ‘ley Gertz’, que regresa a México a más de una década, cuando la difamación y el daño moral se castigaban con cárcel. (…) López Obrador se ha autoproclamado defensor de la libertad de expresión y para comprobarlo afirma –con razón– que no pide que se censure a periodistas ni que se les despida. Pero en los hechos, hace todo lo contrario. No lo pide en forma directa, pero todo el tiempo descalifica y eleva los costos para todos los que quieren salvaguardar el régimen de libertades. La forma como su maquinaria de propaganda sirve para profundizar el daño reputacional e incitar linchamientos, no condena la censura, sino la estimula. Las libertades están en riesgo, y el caso de Sergio Aguayo es un recordatorio público de lo que estamos perdiendo aceleradamente”.

 

En defensa del INE. Un espejo retrovisor

Héctor Aguilar Camín, Milenio: “Hay una película de Frank Kapra, It’s a Wonderful Life, sobre un suicida que se tira al río helado de su pueblo porque cree que su vida no tuvo sentido. Lo rescata su ángel de la guarda y lo lleva a ver cómo habría sido su pueblo y qué hubiera sido de su esposa y de su familia si él no hubiera vivido: hubieran sido un desastre paralelo. ¿Qué hubiera pasado en México si la transición democrática no hubiera existido y nunca hubiera existido, por tanto, el Instituto Federal Electoral, hoy INE? Bueno, para empezar no habrían existido tampoco el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni Morena su partido, ni el partido antecesor de Morena, el PRD, por el cual llegó López Obrador a la Jefatura de Gobierno en 2000, y por el cual compitió por la Presidencia en 2006 y en 2012, en alianza con otros partidos que tampoco hubieran existido. Creo que el presidente actual de México, quien dice que la democracia no ha existido, es la prueba misma de su existencia. Cambiemos las premisas para preguntar qué hubiera pasado si el PRI de otros tiempos se hubiera propuesto legislar lo que propone hoy el gobierno: tener el Padrón Electoral en manos de Gobernación; nombrar consejeros electorales que le den mayoría en el Consejo del INE; poner en manos de su mayoría en la Cámara de Diputados los nombramientos de los consejeros electorales locales; reducir a la mitad la representación proporcional en la Cámara de Diputados y eliminarla en el Senado; hacer rotativa la presidencia del INE para que cada tres años la nombrara la mayoría priista de la Cámara de Diputados. Si el PRI hubiera legislado esto cuando tenía en el Congreso un poder equivalente al que tienen hoy Morena y el presidente López Obrador, digamos en 1991, tampoco hubieran existido el actual presidente López Obrador, ni su partido Morena, ni el antecesor de ésta, el PRD, por el cual llegó López Obrador a la Jefatura de Gobierno en 2000. De haber hecho el PRI, cuando podía, las reformas que propone hoy Morena, López Obrador no hubiera podido llegar a la Presidencia sino como candidato del PRI”.

 

@loscabareteros

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