No son los bonos, es el Presupuesto

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Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del lunes 10 de diciembre 2018. No son los bonos, es el Presupuesto: Más que el tema de los bonos del GACM, la clave para dar una inyección de estabilidad es que el Presupuesto esté bien construido, con un volumen y fuentes de ingresos que sean creíbles y con un resultado que honre la promesa de llegar a un superávit primario de 1 por ciento del PIB… El momento populista. Al banquillo, el Poder Judicial. Sí a la libertad, no a la concentración del poder…

Rayuela

A los que tienen y deben, justicia, laxitud y perdón. A los que no tienen, pero deben, justicia a secas. Así fue en los últimos decenios.

El momento populista

Samuel Agilar Solís, en El Financiero, respecto a la 4T, argumenta lo siguiente: “La democracia liberal vive un momento difícil en el mundo, sus cuestionamientos iniciaron de manera más aguda después de la crisis financiera y económica del 2008, cuando los gobiernos usaron los recursos públicos para rescatar los bancos; en México eso ya había sucedido en la crisis de diciembre de 1994 y 1995. (…) El reto pues no es menor; ¿cómo construir un modelo económico que genere crecimiento con distribución del ingreso al interior del país, en un entorno de economía global que recupere facultades rectoras del Estado y que preserve las libertades alcanzadas, pero que se acompañe de un sistema político con equilibrio de poderes, con contrapesos a los liderazgos ahora en el poder y sobre todo que arranque de raíz la corrupción y evite la impunidad y regrese la seguridad y el respeto a la ley a los ciudadanos?. El momento populista no se vislumbra capaz de esto. ¿Pero hay una clase política alternativa ahora con solvencia moral para hacerlo?”

No son los bonos, es el Presupuesto

Enrique Quintana en El Financiero, escribe que: “¿Qué pasará si llega el límite del plazo y no se logra concretar la oferta de recompra de los bonos de Grupo Aeroportuario de la CDMX? Le hice esta pregunta a un muy influyente directivo bancario. La respuesta fue: “Pues, muy sencillo, se hace otra propuesta y asunto arreglado”. Hay quienes suponen que un posible rechazo a la oferta de recompra de los bonos sería una tragedia. Un análisis frío, como el de este banquero, nos dice que no es excepcional que este tipo de ofertas tengan que modificarse. “No es lo usual, pero puede hacerse sin problema”. Hay un caso extremo al que puede llegar el gobierno si las cosas se pusieran muy complicadas: canjear los bonos respaldados por la TUA futura, por deuda soberana. En ese caso, los tenedores de los bonos ya no tendrían ninguna duda de que los pagos de intereses y principal, se van a realizar. A los tenedores de los bonos no les importa en realidad si el aeropuerto se construye en Texcoco, Santa Lucía o si sólo se amplía el aeropuerto Benito Juárez. A ellos lo que les importa es contar con la certeza de que van a recibir sus pagos. Lo que hizo que el precio de los bonos se derrumbara ante el anuncio de que el proyecto sería cancelado, fue la percepción de que, sin Texcoco, los flujos que recibiría el Grupo Aeroportuario de la CDMX (GACM) por la TUA futura, podrían no ser suficientes para cubrir los pagos de la deuda y al mismo tiempo mantener las condiciones operativas del actual aeropuerto. También temen que, si hubiera un nuevo proyecto en Santa Lucía, el GACM pudiera tomar los recursos de la TUA para financiar ese proyecto, lo que igualmente bajaría su capacidad de pago. Si la decisión del gobierno hubiera sido recomprar la totalidad de la deuda emitida, los 6 mil millones de dólares, no existiría ya ningún problema, pues se pagaría toda la deuda. Y en todo caso, sería un asunto de precio lo que definiría la aceptación de la recompra o no. Como son mil 800 millones a lo sumo, se deja viva una deuda de al menos 4 mil 200 millones de dólares que requiere contar con garantías suficientes de que puede pagarse. Curiosamente, si en el Presupuesto para 2019 aparecen suficientes fondos para Santa Lucía o para la modernización del actual aeropuerto, ese será una buena señal para los tenedores de los bonos, porque implica que esos proyectos no distraerán los recursos de la TUA. (…) Más que el tema de los bonos del GACM, la clave para dar una inyección de estabilidad es que el Presupuesto esté bien construido, con un volumen y fuentes de ingresos que sean creíbles y con un resultado que honre la promesa de llegar a un superávit primario de 1 por ciento del PIB. (…) Lo que habrá que observar posteriormente es el propio ejercicio presupuestal. Es allí donde veremos si hay condiciones para cumplir con la oferta de garantizar la estabilidad económica, aunque en 2019 la economía crezca menos. Pero este tema ya es materia de otro análisis”.

Al banquillo, el Poder Judicial

Julio Hernández López, en La Jornada, escribe que: “Una de las propuestas centrales del lopezobradorismo ha entrado en un conflicto de definiciones con el aparato tradicional de justicia. El litigio no es menor ni secundario y va más allá del tema específico de las remuneraciones a servidores públicos: es la reivindicación que el Poder Judicial federal pretende hacer, en favor de sí mismo, ante la abrumadora concentración de poder en el Ejecutivo (el presidente Andrés Manuel López Obrador) y el Legislativo (bajo control, en los hechos, del mismo titular del Poder Ejecutivo), más los venideros nombramientos que en instituciones como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de impulsar el combo Palacio Nacional-San Lázaro y Senado. La contienda judicial podría resultar interesante si se desenvolviera en un escenario de normalidad jurídica y política. Recurrir a las instancias de justicia para impugnar un acto de poder que se considere lesivo es uno de los derechos indiscutibles de los ciudadanos y de las instancias de organización social, como son los partidos políticos. Ninguna mayoría electoral, sólo por su fuerza numérica, debería pretender frenar o satanizar la recurrencia de particulares e instituciones ante la potestad del Poder Judicial. Sin embargo, el escenario político y social es particularmente adverso para el ejercicio judicial de escrutinios y eventuales sentencias en favor de causas en las que se incluye ese mismo poder. Así sea un exceso el estribillo propagandístico que propone al sexenio lopezobradorista como proceso de una Cuarta Transformación del país y así sea insostenible la hipótesis de un cambio de régimen, lo cierto es que los poderes judiciales, el federal y los estatales, requieren una profunda transformación y un cambio verdadero, pues hasta ahora han sido, en lo general, parte del conjunto de complicidades y retorcimientos que ocasionaron la crisis de un sistema que ahora tiene en López Obrador, y sus propuestas correctivas, una oportunidad de saneamiento desde lo electoral (Morena) y lo institucional (la Presidencia de la República y el control del Congreso) sin estallidos violentos. El choque en curso (con movilizaciones populares contra el freno a los sueldos excesivos) es, a fin de cuentas, entre una legalidad en bastante entredicho (la de los poderes judiciales) y una legitimidad de índole política y social (la exigencia de austeridad en cuanto a sueldos y prestaciones de una élite abusiva y despilfarradora). La suspensión de la aplicación de la ley sobre remuneraciones ha sido abiertamente rebatida por López Obrador, en un tono sin consideraciones, y por los conductores morenistas de las cámaras, Ricardo Monreal y Mario Delgado, quienes han hecho pronunciamientos secos, de absoluta descalificación hacia esa decisión judicial y han advertido una virtual desobediencia legislativa, pues han asegurado que el próximo presupuesto federal no considerará la resolución imperativa emitida preventivamente por un ministro de la Corte. La controversia en curso exhibe penosamente la situación interna de ese Poder Judicial en el que jueces, magistrados y ministros (entre éstos Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, senadora con licencia y ahora secretaria de Gobernación, pensionada con los mismos montos que ahora tanta irritación producen) han permitido que se les identifique ampliamente con los fenómenos de dispendio, corrupción e impunidad que el nuevo gobierno federal pretende erradicar. Un ejemplo de esa disparidad, entre lo que el Poder Judicial pretende ser y lo que parte de los ciudadanos percibe, se acaba de producir en Puebla, donde el tribunal electoral, integrante del Poder Judicial de la Federación, ha confirmado la asignación de la gubernatura de esa entidad a la esposa del senador Rafael Moreno Valle, quien ya fue mandatario del mismo estado), a pesar de las múltiples pruebas de que en los comicios de referencia hubo un escandaloso fraude electoral”.

Sí a la libertad, no a la concentración del poder

Leo Zuckermann, en Excélsior, escribe lo siguiente: “En julio, López Obrador y su movimiento arrasaron en las urnas. Obtuvieron 53% de la votación. No sólo se llevaron la Presidencia, sino una mayoría confortable en ambas cámaras del Congreso. Y, desde el día uno de su victoria, demostraron que tienen un proyecto para volver a centralizar el poder en la persona del Presidente. Sus acciones están dirigidas a desmantelar contrapesos al Ejecutivo Federal. Aparte de lo que ya les otorgó el electorado (la Presidencia y el Congreso), quieren controlar todo: los gobiernos locales, la Suprema Corte de Justicia y los organismos autónomos del Estado. Tienen un proyecto bautizado como la Cuarta Transformación y, para lograrlo, les estorban los contrapesos. Veo, con preocupación, esto. Sé que hay muchos modelos de democracia y que hay un intenso debate de cuál es el que funciona mejor. En lo personal, como me importa mucho el valor de la libertad, creo en la democracia representativa con división de poderes y pesos y contrapesos. Como Locke, pienso que los seres humanos somos naturalmente libres y que el contrato social debe reconocer nuestro derecho a la vida, la libertad y la propiedad, lo cual implica un gobierno con división de poderes. Como Montesquieu, estoy convencido que ésta es la mejor fórmula para evitar la centralización abusiva del poder como la que ejercían las aristocracias en Europa. Como Madison, pienso que darle mucho poder a una de las partes del gobierno “es la mismísima definición de la tiranía”. En una democracia-liberal, el poder debe compartirse no concentrarse. La manera de preservar las libertades ciudadanas es con una división de poderes donde existan pesos y contrapesos entre los distintos órganos gubernamentales. Hoy, frente a la intención del lopezobradorismo de concentrar el poder, no sólo es importante levantar nuestra voz para criticarlo, sino que los organismos afectados actúen para impedirlo. En este sentido, en los últimos días han aparecido buenas noticias de que los organismos diseñados para ser contrapesos institucionales sí están funcionando. Comienzo con algunos gobernadores y destaco, en particular, a dos: Enrique Alfaro y Javier Corral. Al revés de otros que, ominosamente han regresado a la actitud de “lo que usted mande, señor Presidente”, con la fuerza que les da la legitimidad de haber sido elegidos por los ciudadanos de sus estados, algunos gobiernos locales están dispuestos a dar la lucha por evitar el retorno de la centralización del poder a la Federación. La débil oposición en la Cámara de Diputados rechazó tres de los seis artículos constitucionales que se pretendía reformar en materia del fuero de los políticos. En cuanto a la aprobada Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por un lado, una minoría de senadores presentaron una acción de inconstitucionalidad en su contra y, por el otro, lo mismo hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tomando en cuenta ambas demandas y la gran cantidad de amparos que estaba recibiendo el Poder Judicial por dicha ley, la Suprema Corte de Justicia suspendió la entrada en vigor de la legislación. (…) Finalmente, destaco la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Federación de rechazar la demanda de Morena para anular las elecciones de gobernador en Puebla. (…) No es mi intención, en este artículo, entrar al fondo de estos asuntos porque en sí mismo, merecen un análisis por separado. Lo que me interesa enfatizar es que estamos viendo instituciones dispuestas a ejercer su contrapeso al poderoso gobierno de Morena y AMLO”.

¡Al diablo (ahora sí) las instituciones!

Raymundo Rivapalacio, en El Financiero, escribe lo siguiente: La cuarta transformación arrancó llena de conflictos. Se trata de imponer el cambio de régimen por la vía de la fuerza y por encima de todo. El discurso es noble y correcto: acabar con los privilegios y la corrupción, pero los cómos, que están haciendo crujir las instituciones, son inquietantes. Si no se ajustan al modelo y la ruta que plantea el presidente, serán ajustadas o eliminadas. Si las leyes no se ajustan a su realidad, las mayorías en las cámaras modificarán leyes y realidad. La famosa frase de Andrés Manuel López Obrador de “¡al diablo las instituciones!”, cuando el Tribunal Electoral desestimó su impugnación presidencial y validó la victoria de Felipe Calderón, en 2006, ha recuperado fuerza, con la diferencia que aquél candidato hoy es presidente de la República y la retórica se convirtió en un recurso del poder. La Suprema Corte de Justicia suspendió la ley que recorta los salarios hasta resolver si viola o no los artículos 75 y 127 constitucionales, y López Obrador declaró que como ganan salarios “estratosféricos” no entienden la realidad, escondiendo que la Corte sólo revisa si la ley aprobada por el Legislativo, es legal. El choque avanza rápidamente. Los voceros del presidente en el Senado y el Congreso, Ricardo Monreal y Mario Delgado, afirman que no harán caso a la Corte, lo que llevará a un desacato. Si la Constitución estorba, al diablo la Constitución y quien la defienda. (…) El viernes pasado, el presidente López Obrador criticó dos órganos de regulación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Este último está en fase de extinción, que vendrá con la abrogación de la reforma educativa, quizá la primera en ser desmantelada por el gobierno. (…) Al presidente López Obrador no le gustan las instituciones que existen. (…) A López Obrador hay que leerlo al pie de la letra. El proceso del cambio de régimen, aunque a trompicones, avanza en medio del conflicto y la violencia política. Las consecuencias aún no se alcanzan de ver en todo su alcance y magnitud. El caso de los bonos del aeropuerto en Texcoco es un ejemplo; y viene en camino otro potencial conflicto con empresas y gobiernos extranjeros con la reforma energética, al cancelar las próximas rondas de exploración y perforación, antesala de que si no la abroga, la congela. El estilo mostrado por López Obrador no abre las puertas que tienen las democracias, donde los equilibrios entre los poderes los obligan a interactuar y a negociar. La negociación con sus opositores está cancelada. No tiene tiempo para ello. Las cosas se harán como las quiere, tan rápido como necesite, hasta que la cuerda, si se llega a ello, se rompa”.

Preocupante improvisación

Ricardo Raphael en el Universal escribe lo siguiente: “Sorprende el grado de improvisación que hay en algunas decisiones importantes del nuevo gobierno de la República. La prisa por actuar y la necesidad de mostrarse implacable está provocando una crisis de grandes proporciones en varias áreas de la Administración Pública Federal (APF). Por razones distintas, la semana pasada se abrieron frentes dentro del Servicio Exterior Mexicano, así como en aquellas dependencias que están corriendo gente, o donde la mayoría de la burocracia está contratada a través de honorarios. Es difícil disputar las buenas intenciones detrás de cada medida, pero sorprende la ingenuidad con que se están tomando las decisiones y, sobre todo, la falta de diagnóstico y ruta de transición para sortear las consecuencias. Funcionarios de carrera en diversas embajadas acudieron al secretario Marcelo Ebrard, después de haber recibido un ocio en el que sorpresivamente se les informa que este mes verán reducidos en un tercio los apoyos recibidos por concepto de alquiler, escuelas y mudanza. A la letra este texto advierte que para “evitar incurrir en el delito de remuneración ilícita (…) en la próxima nómina se retendrá el ISR correspondiente a las prestaciones otorgadas a los miembros del SEM adscritos en el exterior.” Así, de la noche a la mañana, los funcionarios deben hacerse cargo de una reducción de treinta por ciento sobre un paquete de ingresos del cual depende que puedan continuar en la diplomacia mexicana. Una disminución de ese tamaño es grande y para la mayoría de los funcionarios se vuelve insoportable, porque las rentas o las colegiaturas en ciudades de muchos países no se comparan ni remotamente con los costos que se cubren en México. En esta misma vena improvisadora se encuentra el ocio enviado el pasado viernes 7 de diciembre por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF). (…) Cabe prever una ola inmensa de amparos destinados a defender los derechos previstos por la ley, y a combatir la arbitrariedad detrás de esta decisión. Todavía más grave que las dos políticas previas es la prohibición, que también el secretario Urzúa anunció el pasado viernes, en el sentido de que el gobierno federal no podrá contratar personal a través de servicios profesionales pagados mediante el régimen de honorarios. Como en los otros dos casos, la intención es noble: durante los últimos veinte años la nómina del gobierno federal que se paga a través de honorarios ha crecido de manera insana. Es un mecanismo del que se ha abusado porque a través de él se evita cubrir prestaciones tales como el aguinaldo, los servicios médicos y, por cierto, la indemnización de ley mencionada antes. El problema es que hay instituciones que hoy funcionan casi por entero gracias a este régimen de contratación. En el sector salud, por ejemplo, hay institutos donde nueve de cada diez trabajadores cobran por honorarios. (…) ¿Por qué no se preocupó Hacienda de acordar un régimen de transición que permitiera a los funcionarios del servicio exterior encajar con menor sobresalto la reducción de sus ingresos? ¿Por qué no se revisó con un abogado laboralista la injusticia de castigar a los funcionarios indemnizados? ¿Por qué no se hicieron cuentas sobre la inmensidad de prestadores de servicios que cobran por honorarios dentro del gobierno federal? La improvisación es peligrosa porque no sólo da pruebas de inexperiencia sino también de propensión a la demagogia. Los desafíos que enfrentará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son demasiado grandes como para añadir a la lista una Administración Pública lastimada y enfurecida por la improvisación de las decisiones que tienen que ver con sus condiciones laborales”.

El sueldazo del presidente Juárez

En Milenio, Carlos Marín, escribe que: “al reprochar que la Suprema Corte suspendiera la nueva Ley Federal de Remuneraciones, Andrés Manuel López Obrador volvió a atribuir a los ministros ganar más del doble de lo que perciben: ‘Si ellos resuelven que van a seguir recibiendo sueldos exagerados, estratosféricos, de hasta 600 mil pesos mensuales, están dando un mal ejemplo’, dijo[…]. ‘No están entendiendo la nueva realidad y se olvidan de Juárez. Deberían quitar el retrato del Presidente Juárez de la Suprema Corte de Justicia. Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Entonces, ¿para qué tienen a Juárez ahí…?’, descargó. La encomiable máxima del benemérito sugiere la media entre opulencia y pobreza […]. Para lo que se perfila como una colosal confrontación entre los poderes Ejecutivo y Judicial conviene leer el oportuno ensayo ¿Absolutismo constitucional? […] que acaba de publicar el ministro en retiro Salvador Aguirre Anguiano […], y en especial por el capítulo dedicado a los ingresos de Benito Juárez como Presidente de México, basados en la fijación […] del salario para ese cargo en el México independiente: 36 mil pesos anuales. Según el estudio, Juárez emitió el Decreto 5296 del 6 de abril de 1861 reduciendo su asignación a 30 mil pesos al año (dos mil 500 mensuales), efectiva inclusive durante la intervención francesa; la confirmó él mismo al restaurarse la República y fue su salario hasta su muerte (18 de julio de 1872). ‘El 31 de mayo de 1872 se publicó la Ley de Presupuestos de ingresos y egresos de la federación en el año económico 48 que comenzará el 1º de julio de 1872 y terminará el 30 de junio de 1873, y disposiciones que en la misma ley se citen. En ella se determina de manera global un gasto de 48,172.40 pesos en el Poder Ejecutivo; sin embargo, se puede inferir fácilmente que el sueldo del Presidente permaneció inalterado, ya que el importe de 48 mil 172.4 coincide exactamente con el importe global de los años anteriores, e incluso con el de 1873, en los cuales el salario del Presidente era de 30 mil pesos anuales’, hace ver Aguirre Anguiano. Lo suculento del ensayo viene cuando el ministro en retiro, basándose en distintas mediciones […] deduce que a Benito Juárez se le pagaría hoy, a valor maíz: 756 mil 590.1 pesos; a plata, 851 mil 381.38, o a dólares, un millón 234 mil 822.14 mensuales…”.

Tres golpes a la 4T

En Excélsior, Jorge Fernández Menéndez, explica que: “en realidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ‘está dando un mal ejemplo’, como dice el Presidente López Obrador. La Corte está haciendo su tarea de contrapeso legal y al aceptar revisar la Ley de Remuneraciones de servidores públicos simplemente está ejerciendo un derecho constitucional sobre una ley que está mal construida y redactada. El Presidente López Obrador está en todo su derecho de reducir su salario e incluso el de sus colaboradores, pero no puede obligar a hacerlo a otros poderes, como el Judicial, que tiene autonomía al respecto o a instituciones autónomas […]. Insistir en que los ministros de la Corte son corruptos porque ganan 600 mil pesos mensuales no sólo es un abuso verbal del Presidente o los legisladores contra los integrantes de otro poder, sino también una falsedad: el salario de los ministros es de aproximadamente 290 mil pesos mensuales. En el caso de los trabajadores del poder Judicial simplemente el Ejecutivo no puede establecer sus salarios, ya que se trata de un poder autónomo. La ley de Remuneraciones viola normas constitucionales y debe ser revaluada si el Presidente insiste, como lo hará, en que nadie gane en el sector público más que los 108 mil pesos que se ha fijado a sí mismo de salario […]. Si se quiere imponer esa ley, tendrá que ser revisada y elaborada nuevamente asumiendo los espacios en los que el Ejecutivo no tiene autoridad para imponer los salarios e incluso dejando abierta la posibilidad de excepciones para ciertas responsabilidades laborales que requieren de especialistas muy bien pagados”.

Informe de Luis María Aguilar y AMLO

Milenio, Trascendió, asegura que: “en los pasillos de la Suprema Corte aseguran que Andrés Manuel López Obrador confirmó su asistencia al informe anual de labores que ofrecerá el ministro presidente del alto tribunal, Luis María Aguilar, el jueves. Visita que se dará en un momento de abierta confrontación entre el mandatario y la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión con el Poder Judicial a causa de la polémica Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República. A ver qué pasa”.

Monreal y La SCJN

Reforma, Templo Mayor, asegura que: “dicen en la Suprema Corte que si Ricardo Monreal tiene pruebas de que dos ministros metieron mano en el tema de la Ley de Remuneraciones que presente las pruebas… o que vaya pensando cómo pedir disculpas. Y es que nada bien cayó entre los ministros que se señalara a Alberto Pérez Dayán y a Jorge Pardo de haber asesorado a los senadores que impugnaron esa ley que fue puesta en la congeladora por resolución judicial. Los cercanos a Pérez Dayán no sólo califican como “rotunda mentira” lo dicho por el morenista, sino que además le piden leer antes de hablar, pues la suspensión sólo aplica en el caso de los poderes judiciales (federal y locales) y los consejeros del INE, pues hay una prohibición constitucional en esos casos. Habrá que preguntarle al Senador Monreal si tiene con qué sostener su dicho o… de lengua se come un taco.”

¿Acción de inconstitucionalidad?

Excélsior, Frentes Políticos, asegura que: “fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien otorgó una suspensión para que los salarios de los servidores públicos del próximo año no se fijen con la nueva Ley de Remuneraciones para Servidores Públicos y que trae entre dimes y diretes a dos de los poderes. Consideró que si se aplica puede haber afectaciones “irreparables”. Sobra decir que actuó con total parcialidad y en evidente conflicto de interés, ordenó la suspensión de la Ley de Remuneraciones, al aceptar a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo minoritario de la oposición en el Senado PRI, PAN, PRD Y MC. Su salario asciende a más de cuatro millones de pesos al año. He ahí el porqué.”

¿Guerra entre poderes?

El Universal, Bajo Reserva, asegura que: “en un hecho inédito, los jueces y magistrados federales en la Ciudad de México realizarán un acto de protesta y darán lectura a un mensaje nacional. La convocatoria ocurre en medio del choque entre el Poder Judicial de la Federación, el Ejecutivo y la representación de Morena en el Legislativo por la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones. Al contexto se sumó la resolución del Tribunal Electoral que avaló el triunfo de la panista Martha Érika Alonso como Gobernadora de Puebla, sobre el morenista, Miguel Barbosa, fallo que ayer mismo fue descalificado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien lo consideró “antidemocrático” aunque también dijo que lo respetará. Guerra entre poderes”.

¿Hasta dónde llegará el conflicto de poderes?

Sobre esta lucha de poderes, en El Universal, Salvador García Soto, escribe que: “tal como se pronosticaba, la ruta de colisión entre los Poderes de la Unión, en la era de la Cuarta Transformación, finalmente está a punto de provocar el primer gran choque. El enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial […] por la suspensión ordenada por la Suprema Corte de la Ley de Remuneraciones es apenas el inicio de un conflicto político que puede terminar poniendo en jaque el orden constitucional en la República […]. El escenario en pleno fin de año no se ve fácil. Primero porque viene la aprobación del Presupuesto 2019 y será ahí donde se producirá el primer choque frontal en esta guerra de poderes cuando la Cámara de Diputados, respaldada por la mayoría del Senado, y por el Ejecutivo, decidan mantener la reducción de salarios para todos los funcionarios públicos, incluidos quizás los del Poder Judicial, por debajo del tope de los 108 mil pesos a los que obliga la impugnada Ley de Remuneraciones, aún a pesar de la suspensión otorgada por la Corte […]. Y ahí, si se mantiene el abierto desafío del Legislativo a los ministros de la Corte, anunciado y azuzado por los dos coordinadores de la mayoría de Morena, Mario Delgado y Ricardo Monreal, con el argumento, de enorme aceptación popular, de que ‘los jueces y magistrados no pueden ser juez y parte’ y que trata de un claro ‘conflicto de interés’ en el que los juzgadores federales no pueden conocer de un asunto que involucra directamente a su interés y sus salarios, la respuesta del Poder Judicial pudiera ser una acusación de ‘desacato’ en contra de la Cámara de Diputados por no atender la suspensión dictada según la Constitución. Si eso ocurre podríamos terminar el año y comenzar el próximo en medio de una batalla política, mediática y constitucional entre dos de los tres poderes del Estado mexicano […]. Lo más grave de todo, cuando se produce este choque entre los tres poderes que integran la República, es que ya se escuchan versiones de que el conflicto podría escalar tanto que de un lado, el de los jueces y magistrados planean llevar el problema hasta instancias internacionales para defenderse de lo que dicen es un embate para allanar al Poder Judicial, mientras que del otro lado, desde el Legislativo y el Ejecutivo se azuza, con aceptación entre la gente, la idea de que si un Poder como el Judicial ‘está podrido’ más valdría una reforma constitucional para desaparecerlo en su actual conformación y dar paso, ya sea a una nueva Corte suprema integrada por ministros más afines al proyecto gobernante […] o de plano un nuevo Tribunal Constitucional para lo cual ya hay proyectos y hasta propuestas de reforma que se preparan en el nuevo gobierno de López Obrador. Se viene un fin de año agitado para la República y sus poderes formales”.

Populismo penal

En una crítica a las acciones de los legisladores morenistas en el Congreso, en Milenio, Carlos Puig, escribe que: “hace unos años el Partido Verde, sí, ese, hizo una intensa campaña electoral para dar pena de muerte a los secuestradores. Era, por supuesto, un absurdo. Pero algún efecto electoral tuvo. Es el populismo penal. Esa táctica para aparentar que se combate el delito sin combatirlo […]. Pues no han tardado ni diez días de haber llegado el poder, y la 4T ya se convirtió en el Verde. Primero la creación de la Guardia Nacional bajo mando militar ignorando que la mayoría de los delitos y buena parte de la violencia tiene que ver con la construcción de capacidades locales hoy devastadas en buena parte del país. Después con ignorar todo lo que tenga que ver con justicia, investigación de los delitos, procuradurías y fiscalías. Ahora con la modificación constitucional aprobada el jueves en el Senado, que aumenta los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa; ya podrán presumir que algo están haciendo para combatir la delincuencia. En realidad, no están haciendo nada, más que una larga campaña electoral”.

@loscabareteros

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