Popularidad y eficacia: ¿Y el federalismo?

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Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del martes 20 de noviembre de 2018. El “otro” manotazo de AMLO: En un interesante gesto de franqueza, el Presidente electo reconoció que la política consiste en “optar entre inconvenientes”… Popularidad y eficacia: ¿Adiós al federalismo?…

Rayuela

Por la salud de la República, es deseable ponerle un alto a los desfiguros.

El “otro” manotazo de AMLO

Eduardo Guerrero, en El Financiero: “Todo cambió con el golpe en la mesa del pasado miércoles. No sabemos si este golpe era la idea desde el principio, si el planteamiento lo hizo el General Audomaro Martínez (el paisano y asesor del futuro Presidente) o si el equipo de transición encontró sorpresas desagradables en el proceso de recepción de la Policía Federal. El caso es que el pasado miércoles AMLO y los suyos prácticamente sepultaron dicha institución, junto con la fantasía de que la militarización del país será temporal. En un interesante gesto de franqueza, el Presidente electo reconoció que la política consiste en “optar entre inconvenientes”. Él, y quienes lo precedieron en el uso de la palabra (Alfonso Durazo, Luis Sandoval y Mario Delgado), no dejaron margen para muchas dudas. Frente al evidente fracaso de las policías civiles en la lucha contra el crimen organizado, el próximo gobierno optará por poner la seguridad del país en manos de las Fuerzas Armadas. Durante el acto en el que se presentó el “Plan Nacional de Paz y Seguridad” (en la sucesivo Plan) no se escatimaron elogios para el Ejército. También se enfatizó que sería “impensable” prescindir de su participación en tareas de seguridad pública. En el texto del Plan se destaca la lealtad de nuestras Fuerzas Armadas (que se describe como una “singularidad histórica” en América Latina). En contraste, a la Policía Federal se le regatea cualquier mérito. El Plan la describe como un “agrupamiento con déficit de disciplina, capacitación y profesionalismo”. No se aclara si la Guardia Nacional absorberá completamente a dicha corporación, pero Mario Delgado incluso habló de “la actual” Policía Federal, como quien se refiere a algo que pronto dejará de existir. La decisión contundente de optar por la militarización de la seguridad pública causó algo de escándalo entre líderes de opinión. Sin embargo, podría ser un golpe maestro en términos políticos. Es innegable que las Fuerzas Armadas cuentan con mayor prestigio que las corporaciones policiales, incluida la Policía Federal. La Marina y el Ejército no sólo son, muy de lejos, las dos instituciones de seguridad en las que más confía la población nacional; de acuerdo con el INEGI también son las dos instituciones que más confianza generan en cada una de las 32 entidades federativas. (…) Por supuesto, las Fuerzas Armadas tienen un gran talón de Aquiles. Son más propensas que cualquier policía civil a incurrir en violaciones graves a los derechos humanos (en particular, por el altísimo índice de letalidad de SEDENA y SEMAR). (…) Hay otro “inconveniente” sobre el que no se elaboró mucho, pero que sí se dejó entrever. Entre el federalismo que prevé la Constitución, y un modelo centralista más funcional, se optará por el centralismo. (…) El aspecto del Plan que resulta menos viable se refiere a la visión de “Construcción de Paz” que se busca poner en marcha. (…) Sin embargo, este documento contiene los esbozos de la mayor transformación de las instituciones de seguridad que se haya propuesto en la historia reciente de México. El texto denota pragmatismo. AMLO prefiere asumir el costo de reconocer sin muchos miramientos que la apuesta al “fortalecimiento institucional” de las policías ha sido un fracaso, abortar esa misión y apostarle a un nuevo enfoque. Está por verse si será capaz de imponer esta agenda, o al menos de construir un nuevo entendimiento, con quienes previsiblemente se resistirán: gobernadores, alcaldes y mandos policiales”.

Popularidad y eficacia

Luis Carlos Ugalde, escribe en El Financiero que: “López Obrador tiene prisa. Quiere hacer la cuarta transformación de la historia de México en apenas seis años. Pero tiene poco dinero y carece de la costumbre de la planeación. Lo suyo es hablar, prometer y pedir que se ejecute. Nada de proyectos ejecutivos ni tampoco sopesar alternativas: el pueblo ha esperado mucho y él conoce sus necesidades. Así que la transformación empieza hoy. El problema es que ese voluntarismo lo puede llevar a un callejón de estancamiento. Proyectos que fracasen por falta de tiempo de maduración y por una ejecución desordenada y arbitraria. El Presidente electo ha anunciado, por ejemplo, que la construcción del Tren Maya inicia el 16 de diciembre. Pero la obra carece de un proyecto ejecutivo; no se han realizado consultas a las comunidades indígenas ni se ha registrado en la cartera de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y, según la ley, no se puede asignar dinero del Presupuesto si no se cumple ese requisito. La idea nebulosa de Santa Lucía sufre el mismo problema. Es previsible que nunca se construya ninguna pista en ese sitio simplemente por los riesgos que han advertido autoridades aeronáuticas internacionales. Tenderemos seguramente obra de ampliación en el aeropuerto de Toluca, pero ninguna solución real a la saturación del actual aeropuerto. La aviación comercial y de carga tendrá un cuello de botella que afectará el crecimiento del turismo en los próximos años. López Obrador ha puesto muchas fichas sobre la mesa. Se puede convertir en un Presidente apostador. La creencia de que puede cambiar la realidad por decreto (ya sea de leyes o de dinero) es un pensamiento mágico que comúnmente rodea a muchos líderes sociales como él. Es una suerte de desesperación que lo lleva a prometer demasiado sin tomar en cuenta que su gobierno –como cualquier gobierno alrededor del mundo– tiene recursos limitados competencias acotadas y energía finita. La infatigable energía de López Obrador lo puede llevar a estirar la maquinaria estatal sin que ese forcejeo logre su cometido de alcanzar objetivos concretos. Ciertamente muchos beneficios llegarán a la gente. (…) Eso es, habrá más dádivas y compensaciones para grupos marginados, pero eso no significa que puedas sacarlos del atraso por la sencilla razón de que buena parte de la política social de López Obrador es asistencialismo, que no ataca las causas profundas del atraso y la pobreza. (…) Tres eventos o sucesos acumulados pueden afectar su popularidad. Una, que la inseguridad empeore o que se mantenga en los mismos niveles que ahora. Dos, que su política de gasto sea insostenible y lleve a una crisis macroeconómica y de confianza. Tres, que la sumatoria de nombramientos o políticas erráticas o contradictorias (por ejemplo, la militarización de la lucha contra la inseguridad) erosione gradual y sostenidamente su base de apoyo y lo lleve a una crisis de confianza con el electorado”.

¿Adiós al federalismo?

Hector Aguilar Camín, en Milenio, escribe que: “Me he prometido no hacer profecías respecto de lo que será la llamada cuarta transformación, mucho menos sobre sus logros o fracasos. Sin embargo, las propuestas formales del gobierno electo, en parte ya leyes aprobadas, anuncian con cierta claridad su diseño estratégico. En afán de resumir, diría que lo que se perfila como el fondo de la cuarta transformación es el tránsito a machetazos del imperfecto modelo de república federal que conocemos hacia un modelo de república centralista de nuevo cuño. Creo que los dos pilares son la nueva ley de la administración pública federal, aprobada por la mayoría lopezobradorista en el Congreso, y la anunciada reforma constitucional para dar al Ejército responsabilidades plenas, y mando único, en el manejo de la seguridad pública. Nuestra policía de todos los días será militar. Lo lógica política de ambas decisiones es centralizar. La nueva ley crea la figura de los delegados federales únicos en los estados, los “superdelegados”, que nombra el presidente y que le reportan a él, igual que sus secretarios de Estado. Los superdelegados se encargarán de vigilar el manejo de las inversiones federales, en promedio, 85% de los ingresos estatales. Cada superdelegado federal tendrá bajo su mando varios subdelegados regionales, unos 300 en toda la República, tantos como distritos electorales. Superdelegados y subdelegados se encargarán de velar por que las inversiones de la federación aterricen efectivamente en cada lugar. Resumen: un poder político, administrativo y financiero alternativo a los poderes locales, para vigilarlos, controlarlos, competir con ellos, desarrollar clientelas propias y, eventualmente, ganarles las elecciones. El programa de militarizar la seguridad pública contempla la existencia de 266 unidades en toda la República. De sus consejos locales formarán parte los superdelegados y los subdelegados políticos de la federación. Junto con pegado: dinero y fusiles. Son dos maneras complementarias de ocupación del territorio desde el centro. Una, política, financiera y administrativa. La otra, militar y policiaca. No hemos visto en mi generación, digamos desde 1968, un proyecto de centralización territorial, política, administrativa, policiaca y militar tan grande como la que anuncian los primeros pasos de la Cuarta Transformación”.

Los Amlos de México

Jorge Zepeda Patterson, en SinEmbargo, escribe que: “Hace algún tiempo coordiné el libro Los Amos de México (editorial Planeta), una obra que describe la biografía de los grandes barones del dinero: Carlos Slim; Ricardo Salinas Pliego; Emilio Azcárraga; Vázquez Raña; Roberto González, “El Maseco”; Alberto Bailleres; Roberto Hernández, entre otros. En la introducción del libro argumenté que seguir sus vidas es una manera de explicar al país, toda vez que se trata de los grandes titiriteros que mueven los hilos de otros poderes. Los presidentes y los partidos cambian a ritmo sexenal, los grandes empresarios y sus sucesores, en cambio, siempre están allí. Nunca más claro que ahora. López Obrador anunció esta semana que algunos de los mencionados arriba o sus asociados y descendientes, formarán parte de un cuerpo de asesores de la presidencia. En la lista están incluidos los mandamases de las tres cadenas de televisión abierta: TV Azteca, Televisa y Cadena Tres: Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez y Olegario Vázquez Adir, respectivamente. Completan al grupo Carlos Hank González de Banorte (nieto por vía paterna del célebre político mexiquense y de Roberto González por vía materna), Miguel Alemán Magnani (Interjet, nieto del ex Presidente), Miguel Rincón (cuadernos Scribe y PIPSA) y Daniel Chávez (Grupo hotelero Vidanta). No pretendo rasgarme las vestiduras ni echar leña al fuego por la incorporación al tren de los vencedores de personajes que en otro momento fueron considerados parte de la mafia en el poder. Una y otra vez, el propio líder opositor se quejó de las televisoras y la manera en que manipulaban la realidad en beneficio de sus intereses y el de las élites. Hoy ha decidido gobernar con ellos. (…) Todo eso puedo entenderlo. Pero me carcome una pregunta: ¿es posible un cambio de régimen con tales aliados? Estos nuevos consejeros presidenciales no están allí precisamente por su amor a México, ni el Presidente los está convocando porque son sus nuevos mejores amigos o porque confíe en ellos. López Obrador pretende utilizarlos en beneficio de su proyecto; ellos participan para defender sus intereses. La pregunta es: ¿quién terminará usando a quién?”.

Recuperando la confianza perdida

En fechas recientes, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha buscado un acercamiento con el sector empresarial, al grado de nombrar a algunos empresarios “asesores” para su administración. Aunque esta nueva alianza ha despertado la suspicacia de mucho, hay otros que han reconocido en esta acción un paso para recuperar la confianza del sector empresarial y la certidumbre en los mercados. En este tono se expresa en el Excélsior, el periodista Jorge Fernández Menéndez, quien escribe que: “la última semana, Andrés Manuel López Obrador […] se dedicó a reconstruir relaciones y confianza con los grupos empresariales. En política y economía reconstruir algo que se perdió o deterioró siempre es complejo. Si todo lo sucedido con el aeropuerto de Texcoco fue traumático en la relación con los empresarios, la iniciativa de desaparecer las comisiones bancarias presentada en el Senado, resultó un golpe a la confianza de carácter global […]. Finalmente, antes de que concluyera la semana, López Obrador convocó a un grupo de grandes empresarios a conformar lo que se llamó Consejo Asesor Empresarial. Allí están Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank y Olegario Vázquez Aldir, entre otros pocos, que analizarán junto con el Presidente electo la política económica y las principales decisiones. Difícilmente, un grupo de estas características tendrá posibilidades ejecutivas, pero sin duda se trata de buscar, por una parte, una interlocución directa con el Presidente electo en un momento de turbulencia y de muchas ocurrencias individuales en el entorno de Morena, pero también de amortiguar con su sola presencia la desconfianza que se ha generado […]. Hay varias enseñanzas que se desprenden de todo esto. En primer lugar, que no hay margen en un gobierno con tanto poder y con tanta hegemonía para ocurrencias legislativas, aunque tengan alguna base argumental […]. El área financiera del próximo gobierno debe tener mayor presencia. Ante tormentas financieras y convulsiones de este tipo, Carlos Urzúa y su equipo deben estar mucho más presentes. Se supone que ellos son los que llevan la política económica y financiera y no pueden estar desaparecidos o apareciendo varios días después de que ocurran los hechos […]. Ha habido errores que han lastimado la confianza y confiabilidad de los mercados con el próximo gobierno, pero se debe reconocer que éste está intentando recuperar esa confianza y credibilidad, sin dejar una pugna que será constante en el sexenio, la del poder político con el poder económico, la de la Presidencia y los mercados, condenados ambos a convivir estrechamente para no perder la estabilidad política, económica y social que el país requiere para que unos gobiernen y los otros inviertan y produzcan”.

Narcos: casos de la vida real

Julio Hernández López, en La Jornada, escribe: “El juicio a Joaquín Guzmán Loera, en Brooklyn, es en realidad al sistema político mexicano entero, no sólo a sus ramificaciones policiacas, militares o judiciales. Pero justamente cuando la Guerra contra el narcotráfico entra a su segunda transformación (Felipe Calderón planteó el modelo original y Enrique Peña Nieto realizó la primera transformación, que en realidad fue continuidad), ahora con el ropaje de una guardia nacional de origen militar, con mano castrense y con soldados aún más intrusivos (de aprobarse el correspondiente proyecto de ley, en sus términos, podrían ser auxiliares de las agencias del Ministerio Público), las revelaciones provenientes de Nueva York muestran sin atenuantes el nivel de control del aparato estatal que han llegado a adquirir los grupos ejecutivos del crimen organizado, más allá de planes ingeniosos, declaraciones enjundiosas y buenas intenciones de reformismo compaginado. Todas las declaraciones y acusaciones surgidas del jurado neoyorquino han de tomarse con las reservas del caso, pues obedecen a estrategias de defensa o ataque por voz de apoderados legales o partícipes y testigos que suelen tener beneficios si se conducen en la línea deseada por los controladores del proceso. Sin embargo, señalamientos crudos, en particular contra personajes de primer nivel, como los citados Calderón y Peña, como presuntos receptores de sobornos provenientes de determinados cárteles, embonan con precisión en el ánimo social que les condena por el contexto y antecedentes de corrupción y abuso que caracterizaron a sus reprobadas administraciones. En el coro de delaciones que se desarrolla en Nueva York ha tenido un papel destacado Jesús Zambada, apodado El Rey, hermano del discreto Mayo, reputado como el máximo jefe real del cártel de Sinaloa. Ayer, El Rey relató que en 2005 se urdió un plan para asesinar a José Luis Santiago Vasconcelos, quien era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo, que en 2012 se convirtió en Seido, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; meros cambios de fachada)”.

López Obrador contra Peña Nieto

Raymundo Rivapalacio escribe en El Financiero también sobre el juicio a El Chapo en Brooklyn: “Entre el Andrés Manuel López Obrador que dialogó con periodistas y politólogos el 3 de mayo, en plena campaña presidencial, y el que estuvo anoche en un nuevo encuentro en el programa Tercer Grado, las diferencias son notables. La corrupción, que sabía que existía ampliamente en aquél entonces, “es mucho más grande de lo que había imaginado”. Todo lo que se ha tenido que revisar tiene que ver con la corrupción, dijo. Pero hay tanta, que “no alcanzarían las cárceles ni los juzgados” para poder encerrar a todos los culpables, comenzando por los de arriba, en el gobierno, y no sólo en el de Enrique Peña Nieto, sino “de tiempo atrás”. Pero López Obrador no ha cambiado en algo: su convicción de que no perseguirá a nadie, porque cree que lo metería en una confrontación que sólo llevaría a la discordia. Esto lo distraería de su proyecto de transformación, aunque, quizás, no le será posible mantener su deseo. López Obrador tomó de aquél programa de mayo la referencia que hizo René Delgado de la Ley del Punto Final, establecida en 1986 en el gobierno de Raúl Alfonsín, en Argentina, que estableció la caducidad de la acción penal en contra de aquellos imputados por la desaparición forzada de decenas de miles de argentinos que sufrieron la represión de la dictadura militar, quienes habían sido colocados en el banquillo de los acusados como una externalidad de la transición a la democracia, tras el colapso del régimen militar con la derrota ante el Reino Unido en la guerra de las Malvinas. Alfonsín buscó lo que quiere ahora López Obrador y poder continuar su proyecto reformador, pero se encontró con la oposición de miles de víctimas y protestas sociales que la tildaban de una ley “para la impunidad”. (…) La entrevista de Tercer Grado estuvo acotada por el tiempo del formato de televisión, pero, al terminar, le pregunté si toda la información que está saliendo de la Corte Federal de Brooklyn en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, no obligarían a su PGR o a su fiscal a iniciar una investigación en contra del presidente Peña Nieto, a quien los abogados de los narcotraficantes están acusando de haber recibido dinero del Cártel del Pacífico, que hacen eco a lo que declaró en marzo Phil Jordan, exdirector de la DEA en El Paso, Texas, en una entrevista con la cadena Univisión, donde afirmó que El Chapo inyectó “mucho dinero” en la campaña presidencial del actual mandatario y pagaba miles más por protección, como lo hizo en el gobierno del presidente Vicente Fox, a cuyo gobierno dio millones de pesos para que lo dejaran escapar. López Obrador se quedó unos instantes pensando en la respuesta. “Tendría que haber presión interna”, dijo. Iniciar una investigación contra Peña Nieto no sería consecuencia natural de lo que se diga en Brooklyn, más allá de lo contundente que pueda ser la evidencia. Tiene razón. Si se quiere enjuiciar al presidente actual, la sociedad mexicana debe exigirlo, como lo hizo la argentina para derogar la Ley del Punto Final. Pero, si es así, López Obrador no tendrá alternativa. En ese caso específico, irá por él”.

¿Democracia popular?

Antonio Navalón, en El Financiero, escribe: “A once días de que tome protesta el presidente López Obrador, resulta muy curioso observar cómo se está enfrentando el líder de Morena a su nueva situación de hombre perteneciente a la historia de México. Ya veremos cuál es el epílogo de sus primeros actos, no de pregobierno –donde las acciones sirven para tomar el pulso, evaluar cuáles son sus motivos, qué es lo que quiere, cómo se está contemplando él mismo en su nuevo papel– sino de su gobierno total. Pero resulta necesario intentar sacar unas primeras conclusiones de cuánto y de qué manera tan profunda ha cambiado o puede llegar a cambiar, todavía más, la sociedad mexicana. Es fundamental indicar que, con López Obrador, cualquier pulso o lo que él interprete como tal o lo que él entienda como falta de seriedad, será contestado por la movilización ciudadana inmediata en forma de consulta popular. Yo no digo que la consulta del próximo 24 y 25 –esa manera tan heterogénea (?) de gobernar por medio de consultas no vista en ningún lugar del mundo–, consultándoselo todo al pueblo sabio en la medida que este coincida con lo que uno quiere hacer, sea una respuesta a la manifestación del pasado 28 de octubre de los que no estuvieron de acuerdo con lo que hizo en Texcoco. Pero sí creo que es una respuesta, una reacción, dentro de un cálculo anteriormente hecho que insiste en lo mismo: el poder político está por encima de cualquier otro poder y ese poder, hoy por hoy y de manera contundente, está en la mano del que será Presidente en once días, Andrés Manuel López Obrador. Esta es otra era, esperemos que para bien”.

Tiro en el pie

En Excélsior, Pascal Beltrán del Río, escribe que: “hace un mes, el 19 de octubre pasado, la incertidumbre sobre el rumbo económico de México en el próximo sexenio comenzó a manifestarse claramente en los mercados. Primero fueron los planes de suspender las exportaciones de crudo, lo cual dejaría a Pemex sin acceso a monedas fuertes para hacer frente a su enorme deuda […]. Después vino el anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, ante el cual diversas calificadoras y corredurías incorporaron la noticia en su visión de la deuda soberana del país […]. La puntilla la dio el anuncio por parte de senadores de Morena de que impulsarían una iniciativa para eliminar muchas de las comisiones que los bancos cobran a sus clientes por sus servicios, el pasado jueves 8 de noviembre. La noticia provocó un día negro en la Bolsa Mexicana de Valores, donde el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se desplomó 5.8 por ciento, su mayor caída en 11 años. La reacción hizo que esa misma noche el próximo Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, sacara un comunicado conminando a los legisladores de Morena a ser responsables. Y como eso no fue suficiente para calmar a los mercados, el propio Presidente electo debió salir a prometer que durante tres años no se tocaría el marco legal que rige a las instituciones financieras […]. Uno tiene que preguntarse en qué estaban pensando el próximo gobierno y los legisladores de Morena al permitir que las variables macroeconómicas se deterioren así, como si las señales de la volatilidad internacional no fuesen suficientemente claras. ¿Por qué querer comenzar el primer año del nuevo sexenio […] con estos indicadores en contra? ¿Por qué darse un tiro en el pie? Si el nuevo gobierno de verdad quiere cerrar la brecha entre quienes más y quienes menos tienen, la manera de hacerlo pasa por generar un mayor crecimiento. Y eso implica, necesariamente, fomentar mayor inversión”.

Reformas de la cuarta transformación

Milenio, Trascendió, asegura que: “las fracciones de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, encabezadas por Mario Delgado y Ricardo Monreal, iniciarán hoy una carrera contrarreloj para discutir, votar y aprobar en 10 días las reformas para el inicio de la cuarta transformación. Entre las prioridades del Presidente electo, pendientes en una o en otra cámaras, o en ambas, destacan Fiscalía General, eliminación del fuero, revocación de mandato, consulta popular y legislación en austeridad republicana”.

Yeidckol alinea a legisladores

El Universal, Bajo Reserva asegura que: “la Presidente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, mantiene reuniones privadas con los coordinadores de las bancadas de su partido en los Congresos estatales para informarles sobre las prioridades legislativas. Eso, nos explican, respecto a las iniciativas que ha impulsado el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, principalmente las dedicadas a la austeridad. La idea de doña Yeidckol es que todas las bancadas en los estados estén alineadas y apoyen las iniciativas que se presentan en el Congreso de la Unión”.

Rebeliones perredistas

Reforma, Templo Mayor, asegura que: “no pasó ni un día de que el PRD modificó los estatutos del partido para desaparecer a las corrientes internas y a la Presidencia Nacional cuando comenzaron a fraguarse rebeliones en varias entidades. Es el caso del Estado de México donde se anticipa que su dirigente estatal Omar Ortega, apoyado por el Alcalde de Nezahualcóyotl impugnen legalmente las reformas estatutarias. Eso sí, cuentan que más allá del supuesto interés por defender la democracia interna del partido, lo que está detrás de la rebelión es que Ortega no quiere perder el cargo por lo que lo defenderá con uñas y dientes. A lo perredista, pues”.

Se tardaron

Excélsior, Frentes Políticos se escribe: “Existen más de una docena de exgobenadores metidos en problemas por malos manejos financieros. Se intentará ponerles un alto para evitar protección política. Será el Senado el encargado de retirarle el fuero al jefe de Gobierno capitalino o gobernadores que hayan sido sentenciados por la Comisión de Delitos Federales. Esto, únicamente cuando haya una sentencia condenatoria, sin embargo, cuando la sentencia sea dictada por la comisión de los delitos graves, electorales o por hechos de corrupción, el fuero se perderá en automático. El dictamen se votará hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. No lo pierda de vista, a ver si así se les quitan las ganas de segur tomando lo que no es suyo”.

Ayotzinapa, la PGR y la inutilidad

Han quedado libres cuatro personajes clave en el caso de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al parecer la falta de acción por parte de la dependencia hizo que no existieran pruebas suficientes. En Milenio, Carlos Puig, escribe que los personajes liberados “son los últimos clavos en el féretro de la verdad histórica. Un golpe brutal para el gobierno de Enrique Peña Nieto a días de que termine, en el caso criminal que marcó para siempre su sexenio. El caso de la PGR, su versión, su verdad histórica, defendida mediáticamente con todo no pudo ser defendida ante los tribunales, donde más importaba defenderla. […] ¿Qué era más importante Agustín García Reyes, alias ‘El Cheje’ o ‘El Chereje’; Jonathan Osorio Cortés, alias ‘El Jona’; Patricio Reyes Landa, alias ‘El Pato’, y Salvador Reza Jacobo, alias ‘Lucas’ o El ‘Wereke’, fueron dejados en libertad el 26 de octubre. La juez le da una zarandeada seria al Ministerio Público. ‘Este tribunal determina que, ante la inactividad investigadora de la fiscalía, no queda más que concluir que en la causa hay insuficiencia de pruebas para sustentar la sujeción a proceso’. Y agrega: ‘Correspondía a la fiscalía investigar adecuadamente los hechos y aportar elementos de prueba suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los ahora imputados’, y pues no. Bien advierte la sentencia que ‘La decisión aquí adoptada no debe entenderse en el sentido de que inexiste la organización criminal Guerreros Unidos, ni que los hechos que consignó el fiscal no hubiesen sucedido, sino que las pruebas que fueron lícitamente aportadas a la causa, no lo demuestran suficientemente…’ Es decir, la PGR no hizo su trabajo. ¿Quién rinde cuentas? La PGR está devastada, por más que el señor Elías Beltrán lo niegue. NO pudieron probar el caso más importante del sexenio. El próximo gobierno debe tomar nota de lo que recibe. Y cómo cualquier plan de seguridad tiene que incluir la reconstrucción de lo que hoy está en ruinas”.

Guardia Nacional y rectificación

En Milenio, Carlos Marín, escribe acerca de la creación de la Guardia Nacional y explica que: “la desconfianza generalizada en las policías, sobre todo municipales y muchas estatales, se debe a la penetración del crimen en sus estructuras que, como ilustra de sobra el caso Iguala-Cocula-Ayotzinapa, termina cooptando corporaciones completas. En las que debieran ser instituciones respetables son frecuentes la fuga de información y aviesas complicidades, pero mucho menor es el riesgo de pitazos y cambios de chaqueta en las fuerzas armadas, debido al estricto control del personal característico de la milicia. Por eso es alentadora la fórmula de que policías federales, militares y navales […] queden agrupados en una Guardia Nacional supeditada a la Secretaría de la Defensa Nacional. El que una parte sustantiva de la nueva corporación tenga capacitación militar y trabaje como policía es de celebrarse […]. Otro componente clave, la actual Policía Federal, aprehendió a más de la tercera parte de los 122 ‘objetivos prioritarios’ del gobierno que agoniza […]. Con énfasis en la prevención, el nuevo gobierno demarcará 265 regiones. Poca novedad, pues lo hizo el de Peña Nieto con la zonificación de polígonos de violencia para atender más estratégica y directamente las áreas de mayor conflicto. La variante, por demás plausible, es que 70 por ciento de la estrategia se basará en la recomposición del tejido social, tarea determinante porque delincuencia no es sinónimo de pobreza, sino de múltiples y muy complejas variables […]. AMLO busca reducir los homicidios con mayor presencia […]: 300 policías por cada 100 mil habitantes, como recomienda la Oficina para la Droga y el Delito de la ONU. Por eso, para atender a la población de 120 millones, tendrá que apoyarse en los 400 mil policías estatales y municipales que hay… y cruzar los dedos para que de algo sirvan porque ninguno estará, como sí la Guardia Nacional, bajo las órdenes de la Sedena”.

@loscabareteros

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