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¿Por qué el T-MEC llevará el combate a la corrupción de AMLO a otro nivel?

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Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del viernes 17 de enero 2020. ¿Por qué el T-MEC llevará el combate a la corrupción de AMLO a otro nivel?: El mayor impacto del capítulo 27 se sentirá en México, porque tiene el mayor nivel de corrupción entre los tres países y carece de algunas de las medidas anticorrupción que ya están en vigor en EU y Canadá.

 

Rayuela

“Ya lo dijimos en este microespacio, pero vale la pena recordarlo: Trump será relegido”.

 

¿Por qué el T-MEC llevará el combate a la corrupción de AMLO a otro nivel?

Luis Miguel González, El Economista: “El combate a los sobornos y a la corrupción tienen un lugar destacado en el T-MEC y obligará a México a tomar medidas que garanticen que el combate a la corrupción va en serio. Es verdad que este asunto está en el centro de los mensajes de AMLO, pero tendrá otra dimensión al formar parte del acuerdo comercial: los países firmantes del T-MEC se obligan a establecer medidas, destinar recursos y crear estructuras que prevengan y combatan los sobornos y los actos de corrupción. ¿Basta con los recursos que ahora se tienen? ¿Es suficiente la estructura? Sería muy interesante conocer la opinión de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de algunos expertos del tema, como Edna Jaime o Eduardo Bohórquez. Todo está en el capítulo 27 del acuerdo comercial, del que se ha hablado muy poco. No había nada parecido en el TLCAN y constituye el más explícito y detallado conjunto de medidas anticorrupción que forme parte de cualquier acuerdo comercial que Estados Unidos haya firmado. ¿Servirá como pretexto para que nuestros vecinos intervengan en la forma en que tratamos nuestros trapos sucios? ¿Bastará con lo que AMLO y la 4T han dicho y hecho para cumplir con los mayores niveles de exigencia antisobornos y anticorrupción que derivan del T-MEC? Los gobiernos se obligaron a establecer procedimientos adecuados de selección y entrenamiento de personal en posiciones públicas consideradas vulnerables a la corrupción. ¿Se está haciendo ahora de forma sistemática o hay planes piloto de hacerlo, por ejemplo, en las áreas de compras o en los órganos reguladores? Una cosa es clara: el T-MEC es mucho más exigente respecto a las obligaciones de los servidores públicos de declarar con detalle su patrimonio y sus actividades externas, incluyendo inversiones, activos y conflictos de interés. Obligaría a México a tratar con más seriedad o severidad situaciones como las que derivaron de la Casa Blanca de Angélica Rivera o las 29 casas relacionadas con Manuel Bartlett. En esta materia, el acuerdo comercial obliga a los gobiernos a ir más allá de lo que el funcionario quiera declarar: compromete a los países firmantes a establecer políticas y procedimientos que identifiquen y eliminen los conflictos de interés de los servidores públicos. El capítulo se enfoca en las obligaciones de los gobiernos, pero tiene implicaciones para empresas e individuos. Llama la atención el énfasis para que las empresas establezcan procedimientos contables que impidan movimientos financieros en cuentas paralelas u off the books. Podemos suponer que esto van en línea con la reforma fiscal penal que se aprobó, pero no necesariamente: el T-MEC no va contra la evasión fiscal, sino que busca combatir las malas prácticas corporativas que, a través de la corrupción, generan ventajas competitivas desleales en concursos públicos. ¿Quién llevará el liderazgo de este asunto en el gobierno… lo hará el SAT, la súper Unidad de Inteligencia Financiera o la Procuraduría Fiscal? El mayor impacto del capítulo 27 se sentirá en México, porque tiene el mayor nivel de corrupción entre los tres países y carece de algunas de las medidas anticorrupción que ya están en vigor en EU y Canadá, afirman los expertos Collman Griffin, Richard Mojica y Marc Alain Bohn en un paper dedicado al tema. ¿Servirá para hacer más institucional y menos voluntarista el combate a la corrupción en la 4T? El tiempo nos traerá la respuesta”.

 

Los que consiguieron el Tratado

Enrique Quintana, El Financiero: “Fue un 16 de junio de 2015, hace cuatro años y siete meses, cuando el TLCAN sufrió un gran embate. En esa fecha, Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, y entre sus planteamientos estuvo el cancelar este Tratado, que él calificó como el peor en la historia de Estados Unidos. Ayer, el Senado norteamericano ratificó un nuevo tratado que reemplazará al TLCAN. Fueron poco más de cuatro años y medio de esfuerzos e incertidumbre. ¿Quiénes fueron los responsables de este cambio que fue de la amenaza a la esperanza? (…) hay decenas y decenas de ejecutivos del sector privado, especialistas, consultores, funcionarios públicos, que le pusieron talento, energía, sacrificio, para llegar a lo que finalmente ocurrió el día de ayer. No pueden dejarse de lado. Falta aún que el Parlamento canadiense ratifique el acuerdo, y eso podría tardar aún algunas semanas o incluso algunos meses. No obstante, nadie percibe en ello una amenaza de que no concluya este proceso. Estamos en la vía de entrar en otra etapa de nuestra historia económica, y eso no puede regatearse a quienes lo han logrado”.

 

Fiscal Barr, visitante frecuente

Julio Hernández López, La Jornada: “(…) Además de la inusual disposición viajera del fiscal estadunidense de Justicia a tierras mexicanas también llama la atención la asimetría de grados entre los partícipes: William Barr se hizo acompañar de dos de sus subordinados inmediatos, un subprocurador general asistente y un coordinador de asesores y del embajador en México, Christopher Landau (aspirante a suavizar la textura de su encargo mediante un continuo uso de redes sociales para enviar amables mensajes culturales, artísticos y folclóricos referidos a México) y dos funcionarios diplomáticos más. Por la parte mexicana, en cambio, estuvieron cinco secretarios del gabinete obradorista (los civiles Durazo, Ebrard y Sánchez Cordero y el marino Ojeda y el general Sandoval), además del muy poderoso consejero jurídico de la Presidencia (Julio Scherer). También, un subsecretario de protección y seguridad ciudadana, el procurador fiscal Romero, el muy mediático director de la Unidad de Inteligencia Financiera (Santiago Nieto) y los jefes de Estado Mayor de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. La visita del fiscal Barr se produjo el mismo día en que Donald Trump concentraba sus fuerzas políticas y operativas en el tema del juicio político iniciado en su contra en el Senado estadunidense. Desde Honduras, mientras tanto, se encaminaba hacia Guatemala una caravana de migrantes que tratarán de ingresar a México como país de paso hacia Estados Unidos. Sin embargo, no pareciera que los afanes del fiscal Barr correspondan a temas migratorios (ya no hace falta apretar nada: el gobierno obradorista seguirá con la mano dura para impedir el paso de esos migrantes por territorio mexicano) o a preocupaciones de política interna del país imperial. Ni siquiera, obviamente, a temas del nuevo tratado de comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que ayer aprobó con muy amplia votación el senado de esta última nación. En todo caso, las especulaciones podrían tener asidero en temas como el proceso contra Genaro García Luna, el secretario de seguridad pública de la administración de Felipe Calderón Hinojosa que fue detenido en Estados Unidos unos días después de la primera visita a México del citado fiscal Barr. De hecho, versiones oficiales esparcidas a medios de comunicación señalaron en general que el tema de García Luna había sido abordado en esta ocasión, aunque nada sustancial fue revelado más allá de la mención del presunto tema tratado. Dicho encarcelamiento tiene ribetes más importantes de índole política que meramente judicial. Y de su desenlace dependen resoluciones políticas e incluso electorales en tierra mexicana, en caso del eventual involucramiento expreso del citado Calderón Hinojosa en las confesiones que podría ofrecer García Luna, si acepta más adelante la condición de testigo protegido. A reserva de que los hechos vayan perfilando algo de los acuerdos habidos en las sesiones con el fiscal Barr, en lo inmediato se va consolidando una política binacional que ya ha tenido consecuencias en el manejo mexicano de los temas migratorios y, ahora, en el siempre delicado tema de los cárteles del crimen organizado, que no están constituidos solamente por delincuentes explícitos sino que han tenido fuertes nexos con políticos y política en México”.

 

@loscabareteros

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