¿Por qué no hay más inversión privada en México?

¡Comparte!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on reddit
Share on pinterest
Share on google
Share on email
Share on whatsapp
Share on print

Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del miércoles 20 de febrero 2019. AMLO-IP: ¿vendrá calma productiva después de las tormentas?… La inversión privada en Corea del Sur equivale a 35% de su PIB. Ésta es una de las razones por las que ese país ha crecido 5% anual en promedio y es uno de los líderes globales en investigación y desarrollo, ¿Por qué no hay más inversión privada en México?… Hay que serenarnos, todos. Todo sea por GN y mayoría calificada: Felicidades al PRD…

Rayuela

“Hay que agradecer a quien corresponda que nos regale, de vez en cuando, lunas de nieve como la de anoche”.

AMLO-IP: ¿vendrá calma productiva después de las tormentas?

Luis Miguel González, en El Economista afirma que: “La inversión privada en Corea del Sur equivale a 35% de su PIB. Ésta es una de las razones por las que ese país ha crecido 5% anual en promedio y es uno de los líderes globales en investigación y desarrollo. En México, la inversión privada apenas supera 20% del PIB. Ésta es una de las causas de que estemos atrapados en una tasa de crecimiento mediocre, donde el techo parece estar en 2 por ciento. Para crecer, se necesita detonar la inversión privada. (…) Nuestro récord, como país, se alcanzó el 2008, con 24 por ciento. Cifra muy buena comparada con 19% promedio en lo que va de este siglo, pero lejana de las marcas asiáticas, donde China llega a 40% e India supera 25 por ciento. ¿Por qué no hay más inversión privada en México? Tenemos recursos naturales en abundancia; somos uno de los 15 mayores mercados internos del mundo y contamos con una posición geográfica privilegiada, cerca de Estados Unidos y con cientos de kilómetros de litorales y playas. Somos una joya en bruto y también un país hambriento de capitales, como lo decía Alfonso Romo en la reunión con los miembros del servicio exterior, a principios de enero, pero no llegan los capitales, ¿por qué? La falta de un Estado de Derecho es una de las causas principales. En este concepto caben la corrupción y su hermana, la impunidad. La corrupción produce un estado de desconfianza entre los inversionistas y encarece la inversión privada. A veces, la espanta. También produce capitalismo de cuates (crony capitalism), pero no un capitalismo de innovación, con capacidad de incrementar la productividad, innovar en bienes y servicios y ofrecer “derrama” social de prosperidad. Nos pesa mucho la corrupción, pero también otras cosas: México ha carecido de una promoción eficiente, orientada a la creación de valor local y al desarrollo equilibrado de las regiones. El boom exportador de la industria mexicana tiene un lado sombrío: las ventas de México al exterior tienen un bajo componente nacional, menos de 25% del valor total. Es mexicana la mano de obra, los empaques y los servicios administrativos. Las partes más valiosas —por ejemplo, la propiedad intelectual— pagan regalías y derechos a otros países. El TLCAN no sirvió para detonar la zona sur-sureste. Frente a esto, no hubo políticas públicas que compensaran los desequilibrios regionales. Las diferencias entre Nuevo León y Chiapas se ampliaron en las últimas tres décadas. Es la brecha en el PIB per cápita, pero también en las oportunidades para las personas. ¿Qué cambiará con AMLO? El lunes se anunció la creación de un Consejo para el Fomento de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento, que presidirá Alfonso Romo. La apuesta está en la implantación de una política industrial que atienda sectores y regiones, con un enfoque que esboza cierto proteccionismo a la mexicana. Falta un eslogan, pero el mensaje es claro: primero los mexicanos. El anuncio del consejo es muy relevante, entre otras cosas, porque se da en un contexto de tensión entre AMLO y la IP. ¿Podrá este consejo restaurar o instaurar la confianza entre los empresarios y el presidente? Ésta es la cuestión. A ambas partes, les corresponde aprender a escuchar y procesar los agravios con madurez. Muchas cosas cambiaron el 1 de julio, pero, en otros aspectos, el mundo sigue funcionando igual. Una de ellas es que, cuando se confrontan gobierno y empresarios, cualquiera de los dos puede ganar, pero el país siempre pierde”.

Hay que serenarnos, todos

Enrique Quintana, en El Financiero, escribe que: “Nos hace falta serenarnos. El presidente López Obrador parece haber encontrado en el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, la suma de todos los males, cuando se trata de un funcionario discreto y honesto que no aceptó renunciar cuando se lo pidió la secretaria de Energía, pero nunca denunció ni reclamó el ilegal hecho. No es amenaza pública ni corrupto. Simplemente, tocó fibras sensibles del poder con sus declaraciones. En el otro extremo, los enemigos de AMLO visualizan que viene la destrucción de todos los organismos autónomos cuando hizo dos propuestas excelentes para el más importante de todos ellos, el Banco de México, y dejó transitar sin problemas dos muy buenos relevos, en el IFT y en la Cofece. ¿Cuál destrucción? A veces, por el tono de las declaraciones, pareciera que estamos en la alborada de un Estado autoritario o en la rebelión de los opositores. Pareciera que el Estado, en el pasado, nunca utilizó sus instrumentos para golpear a sus opositores. Por favor. El caso de Ricardo Anaya es el más ejemplar de todos ellos. ¿Cuántos de los señalados en ese caso están procesados o en la cárcel? Fue obvio y escandaloso el modo en el que el gobierno de Peña Nieto utilizó todos los instrumentos del Estado para golpear a Anaya. Ya no sabemos si para tratar de ayudar al candidato del PRI –lo que no sucedió– o para evitarle riesgos al candidato de Morena. Ese antecedente no justifica ni legal ni moralmente el uso de las instituciones para golpear a los críticos. Pero, en términos de un análisis de hechos, siempre ha ocurrido. No nos escandalicemos. El presidente de la CRE, aun si no se le hubiera criticado un ápice, eventualmente enfrentaría una Junta de Gobierno contraria –según todos los indicios– que va a limitar en gran medida sus acciones. Pareciera que, en este caso, AMLO quiere dar una lección a quienes eventualmente lo pretendan confrontar. Mal antecedente. Porque finalmente, no pareciera tener la misma actitud con los órganos autónomos. Ya le comentábamos de las muy buenas nominaciones que hizo para el Banxico: Jonathan Heath y Gerardo Esquivel. Con ellas fortaleció la autonomía del Banco Central. Pero, además, el pasado 14 de febrero, Ramiro Camacho se integró, a propuesta de AMLO y a recomendación del Senado, como nuevo comisionado del IFT con respaldo virtualmente unánime. Para la Cofece, la propuesta es Gustavo Pérez Valdespín, cuyas calificaciones profesionales le van a motivar el respaldo unánime. En la Corte va a haber polémica, sin duda, con las propuestas de AMLO. Pero, al margen de quién resulte electa, no cambiará el balance en el máximo tribunal del país. El ministro Arturo Zaldívar, así como la composición del máximo tribunal del país, son una garantía de autonomía e independencia, al margen de qué ministra sustituya a Margarita Luna Ramos. En suma, tampoco AMLO –en los hechos– ha resultado el carnicero de los órganos autónomos que algunos quieren ver. Más allá de afinidades o diferencias ideológicas, hoy es crucial que mantengamos la cordura y seamos capaces de ponderar los hechos, para darles su justa dimensión. Hay que pelear las batallas necesarias e importantes. Y a veces, parece que hoy, todos, vamos a cualquier pleito”.

Aplaudieron a AMLO pero no invertirán

En Milenio, Joaquín López Dóriga, escribe que: “cuando la mayoría de los empresarios que critican al Presidente Andrés Manuel López Obrador lo aplaudían el lunes por la mañana en Palacio Nacional al convocarlos a invertir para crecer a 4 por ciento este año, no entendieron que les había endosado esa responsabilidad y que de no llegar a esa cifra, como no se llegará ni a la mitad, será su responsabilidad. A esto agrego lo que publicó el Vicegobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel: ‘La desaceleración económica parece ser más generalizada de lo que algunos creen. En diciembre de 2018, la actividad industrial en Europa cayó a una tasa anual no vista desde hace una década. Lo mismo ocurrió en México’. Consultado otro especialista, me dijo: Esquivel tiene algo de razón, pero dada la dependencia con Estados Unidos, que no se ha desacelerado, caer igual que Europa es una mala noticia’. ¿Qué quiere decir la suma del planteamiento del Presidente a los empresarios de invertir para crecer este año a 4 por ciento, cuando los indicadores nos ponen por debajo de 2 por ciento y la afirmación de Esquivel que de darse es desaceleración, como se dará, será un asunto del exterior? Pues que el decrecimiento de este año será responsabilidad de los empresarios, que no invirtieron y de la caída de la economía internacional. Y le doy estos datos: en los últimos cuatro sexenios, de acuerdo con el Inegi, el crecimiento promedio de la inversión bruta de capital fue de un triste 1.8 por ciento, lo que no se alcanzará este año. Así, pues, será imposible, no diga usted crecer a 4 por ciento, como le celebraron los inversionistas el lunes por la mañana, ni siquiera al 2. Pero ya hay responsables: esos empresarios que le aplaudieron en el salón Tesorería y los factores externos de volatilidad. Sus decisiones de gobierno, no”.

Todo sea por GN y mayoría calificada

Julio Hernández López, escribe en La Jornada que: “En un giro de ironía histórica, el partido que nació para diferenciarse del de la Revolución Democrática ha terminado adquiriendo la estratégica mayoría calificada en la cámara de diputados merced a la virtual anexión (no en términos de membresía, pero sí de votos comprometidos) de (casi) la mitad de los diputados federales de ese partido estigmatizado, el del sol azteca: nueve de 19 ocupantes de curules perredistas en San Lázaro renunciaron ayer a su partido para declararse independientes, pero explícitamente predispuestos a sufragar en el sentido de Morena. El lance tiene como destinatario inequívoco el expediente de la Guardia Nacional, que en caso de ser aprobada en el Senado habrá de pasar a la Cámara de Diputados en una situación aritmética plenamente favorable (a causa de los nueve nuevos conversos) para los propósitos de Palacio Nacional en cuanto a la transitoria y excepcional conversión de las fuerzas armadas al nuevo ropaje de embozo civil. El descuartizamiento político del PRD tuvo un episodio notable en marzo de 2017, cuando Miguel Barbosa, entonces coordinador de los senadores del sol azteca, anunció su adhesión a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, por lo cual fue removido y en su lugar quedó Dolores Padierna. Días después, seis senadores decidieron dejar el PRD: el propio Barbosa, Luz María Beristáin, Lorena Cuéllar, Humberto Fernández, Fidel Demédicis y Raúl Morón. Otros seis ya estaban políticamente fuera del PRD, pero se mantenían en una suerte de amasiato administrativo: los ahora subsecretarios de gobernación, Zoé Robledo y Alejandro Encinas, el ahora coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, Benjamín Robles, Rabindranath Salazar y Armando Ríos Piter, aunque este tomó un camino distinto al resto de sus compañeros renunciantes. De 20 senadores, el PRD se quedaba con ocho. En la escisión anunciada ayer destacan tres diputados de peculiares historiales: Ricardo Gallardo Cardona, Héctor Serrano y Mauricio Toledo”.

Felicidades al PRD

Salvador Camarena, escribe en El Financiero lo siguiente: “En 75 días el Partido de la Revolución Democrática cumplirá 30 años. La cosa iba mal rumbo al aniversario, pero ayer tuvieron una buena noticia. Varios legisladores, entre ellos el coordinador de la bancada en San Lázaro, un exdelegado que acumula escándalos y un operador político de los poco memorables tiempos de Mancera, renunciaron al PRD. Bien vista, esta podría ser la mejor cosa que pudo pasar a los perredistas en mucho tiempo. Falta sólo saber si podrán sacar raja de tan oportuna defección. El PRD, compañero de viaje de Andrés Manuel López Obrador durante casi tres décadas, perdió su categoría de partido mayor en la elección de 2018, cuando el tabasqueño capturó la Presidencia, las mayorías en San Lázaro y el Senado, cinco gubernaturas y más de la mitad de los congresos estatales. Los comicios del 1 de julio fueron una suma cero para el PRD. Tres de sus gubernaturas –Ciudad de México, Tabasco y Morelos– las perdió a manos de Morena. Y buena parte de las curules y los escaños que dejaron de ser amarillos en el Congreso de la Unión los ocuparon cuadros de López Obrador y sus aliados en esa elección. Pero sería incorrecto decir que el otrora principal partido de la izquierda mexicana se desfondó como efecto del llamado tsunami lopezobradorista. Habrá quién vea en la adhesión del PRD al peñista Pacto por México la causa de la debacle, habrá quien fije el origen de la crisis de los amarillos en una cada vez más descarada hambre de poder de sus tribus, y no faltará quien se atreva reconocer que algo habrá contado el que varias apuestas en diferentes gobiernos salieron mal: desde las cosas que se vieron en las alianzas personificadas por Gabino Cué (Oaxaca) y Rafael Moreno Valle (Puebla), los escándalos de administraciones como las de Amalia García y Leonel Godoy, que llevó a regresar al PRI Zacatecas y Michoacán, respectivamente; cosa que en años después repetirían Graco Ramírez y Arturo Núñez. Y, claro está, Miguel Mancera en la capital. El común denominador de todos esos casos podría ser el inadecuado procesamiento al interior del PRD de escándalos, ya sea por presuntos actos de corrupción, ya sea por ineficacia, inoperancia e indolencia. (…) A punto de cumplir 30 años, el PRD ha recibido un regalo. Felicidades. Se han ido varios de los que le hicieron perder credibilidad. Pero faltan otros. Ojalá la dirigencia aproveche esto para, ahora sí, refundarse. De lo contrario, este sol se apagará sin remedio”.

Desentrañando al presidente

Raymundo Rivapalacio escribe en El Financiero, lo siguiente: “El debate sobre la militarización, que está en el corazón de la creación de la Guardia Nacional, volvió a crear un cisma político en Morena. Para que pudiera aprobarse ese nuevo cuerpo, los senadores de Morena tuvieron que aceptar el mando civil y un límite para que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de seguridad pública, como lo hicieron los diputados de Morena para pasarla semanas antes. Pero como protestó con los diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a inconformarse con sus legisladores, exigiendo implícitamente que corrigieran la iniciativa antes de votarse el jueves. “Con todo respeto a los legisladores, no acepto, como titular del Ejecutivo, la simulación”, dijo durante su comparecencia matutina en Palacio Nacional. Para el presidente, de aprobarse una ley en los términos como se está pactando, donde todas las partes ceden algo para darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas –que es lo que llevan años pidiendo–, es como reeditar a la Policía Federal, que según López Obrador, no ha funcionado. Las razones que expuso para esa afirmación no mencionaron aspectos como los resultados de la Policía Federal en su lucha contra los delincuentes, sino la temática que baña su gobierno, la honestidad. Por eso subrayó la corrupción en compras de equipos y en suministro de alimentos que, afirma, le heredaron. Si se viera sólo en ese plano, probablemente no se entendería lo que dijo el presidente, o se podría alegar que está desviando la discusión de fondo. Sin embargo, no es así”.

La llamada sociedad Civil

En Milenio, el periodista Carlos Puig recuerda la palabras del Presidente en torno a la sociedad civil pues durante su campaña expresó: “’Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes. El problema es que han simulado demasiado con lo de la sociedad civil, es como lo de las candidaturas independientes que son independientes del pueblo, no de la mafia del poder, pero ahorita te aclaro, te voy a poner un ejemplo, la transparencia que tú citaste. Un parapeto en el mejor de los casos, supuestamente promovido por la sociedad civil, independiente, ¿en qué terminó? El Instituto de la Transparencia que nos cuesta mil millones de pesos, promovido por Fox, pero apoyado por la sociedad civil…’ La semana pasada anunció el fin de cualquier transferencia de recursos del gobierno a esas organizaciones y ayer dijo: ‘La sociedad civil, que antes era pueblo, nada más que ahora ya se apropiaron de la sociedad civil, yo no conozco gente de la sociedad civil, de veras, muy pocos de izquierda, con todo respeto, todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo, hasta los grandes consorcios promueven a la sociedad civil, es una bandera la sociedad civil’. Ayer algunos buenos amigos de las OSC salieron a defenderse en los mismos términos, que si sí son de izquierda muchos, que si hay de todo… Creo que no va por ahí. La inclusión ciudadana en la toma de decisiones públicas, componente distintivo de la democracia participativa, está resuelto por López Obrador por medio de las consultas. Si los ciudadanos se quieren organizar, que lo hagan en partidos y se sometan a votaciones y luego trabajen en el gobierno o sean legisladores. Y en este momento el gobierno y los legisladores son los de Morena. Esos son hoy los ciudadanos votados por el pueblo. Los demás, mientras no estorben, todo bien”.

Con ustedes… la sociedad civil

Javier Risco en El Financiero, escribe que: “El 1 de julio, 30 millones de votos aplastaron la posibilidad de la oposición de hacerle sombra a Andrés Manuel López Obrador. No imaginábamos que ese poder ciudadano le iba a dar al primer Presidente emanado de ‘la izquierda’ la ilusión de que los contrapesos ciudadanos y políticos atentan contra la idea de transformar al país. ¿Por qué López Obrador lleva diez semanas de gobierno empecinado con terminar con la imagen pública de los contrapesos que lo han sido desde hace décadas al gobierno, sin importarle el color? La prensa, los organismos autónomos, la oposición… la ‘sociedad civil’. No importa el origen ni el propósito, al Presidente sólo le lleva una declaración para descalificar años de reputación. Ayer, en un irresponsable acto de generalización, el Presidente, por el que tanto abogaron muchos personajes de la sociedad civil, que ahora vitupera, usó de nuevo su conferencia mañanera para atacar con el peso de un plomazo de discurso a organizaciones de la sociedad civil que llevan décadas –muchas de ellas más décadas de trabajo que él como político– y aseguró que no conocía a ninguna que fuera de izquierda. ¿Cuál es el interés de Andrés en volver invisible el trabajo que por años han hecho cientos de organizaciones que se han dedicado no sólo a ser un contrapeso del poder, sino que han contribuido en el desarrollo de políticas públicas progresistas? En su afán terco por que se apruebe una Guardia Nacional a la imagen y semejanza del cuerpo militar que él tiene en la cabeza, ha ido más allá de intentos de convencer con argumentos y evidencias, se ha saltado las reglas de la mesura política para disfrazar su derecho de réplica en un ataque con el aparato de comunicación del Estado. (…) ¿En serio, quien hoy goza de más del 80 por ciento de aprobación nunca escuchó, por ejemplo, de Cencos, el Centro Nacional de Comunicación Social, que recién cumplió 50 años de ser portavoz de las voces a las que la impunidad intentó callar? Dos casos cercanos para que alguien se las presente a Andrés Manuel: Cencos estuvo en la defensa de la inocencia de Nestora Salgado, hoy legisladora por el partido que él fundó y a quien tanto defendió en la campaña. El acompañamiento jurídico y de comunicación de Cencos fue fundamental para que Nestora pudiera salir de prisión y mostrar las violaciones a su debido proceso. ¿No le suena, Presidente? Porque ellos, por ejemplo, son parte de la sociedad civil que lo cuestionó y a quien pretende desaparecer con una declaración. Otro caso del que seguro escuchó y que Cencos acompaña: la ejecución extrajudicial en Tlatlaya por parte de… sí, el Ejército, ese pueblo uniformado que recibió la orden de abatir a 15 personas que no tuvieron oportunidad de defenderse. Quién sabe, Presidente, a lo mejor sólo es que tenemos un gobernante que no se enteró de la lucha social que también forma parte de la historia del México que tanto nos presumió conocer”.

Autonomías

En Excélsior, Pascal Beltrán del Río, escribe que: “cada órgano autónomo constitucional con que cuenta el Estado mexicano es resultado de alguna lucha concreta de la sociedad civil, que, con ello, ha buscado cerrar la puerta al autoritarismo […]. Muchas de las instituciones que hoy son autónomas nacieron como apéndices del gobierno. Con la presión de la sociedad civil, lo que en un principio fueron concesiones de la autoridad para aplacar alguna inconformidad social, se convirtieron en órganos autónomos sobre los que los gobernantes perdieron el control. Los organismos autónomos aparecieron con el fin aplacar el apetito de la clase política para servirse a sí misma y evitar […] que los gobiernos caigan en la autocontemplación. Es evidente que a las autoridades no les gustan los organismos autónomos. Por ejemplo, no creo que al Presidente Enrique Peña Nieto le haya agradado que el Coneval documentara que su programa Cruzada contra el Hambre fuera un fracaso. Es cierto que los órganos autónomos no son perfectos y que, como toda creación humana, deben ser sometidos a un proceso de evaluación. Pero, en serio, ¿pueden ser calificados de ‘gobierno paralelo’ o de ‘gran farsa’? […] ¿Qué sería si no existiera el INE? Seguro volveríamos a los tiempos previos a 1997, cuando las elecciones eran organizadas por el propio gobierno […]. ¿Y si no hubiera CNDH? La autoridad no tendría problema en ocultar graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre del río Tula, en 1982, cuando el Presidente José López Portillo ordenó parar de tajo las investigaciones sobre la aparición de cadáveres en ese afluente […]. Cada órgano autónomo tiene su razón de ser y una historia de movilización social que le dio origen. Si funcionan mal, hay que repararlos. Si alguien ha abusado de ellos en su provecho, o de otros, hay que castigarlo. Pero son instituciones con un propósito […], y los ciudadanos mal haríamos en no defenderlos”.

Los matices de la autonomía

El Universal, su Editorial, asegura que: “uno de los tantos debates que están dominando en la escena nacional es el de los organismos autónomos, aquellos que han sido creados por el Estado para un manejo eficaz de áreas estratégicas. Algunos se crearon de manera expresa con esa característica o adquirieron la autonomía años después de su surgimiento […].  Una de las justificaciones de su aparición es la conformación de contrapesos en el ejercicio del poder público, aunque esto no siempre ha ocurrido de la mejor manera. Antes de la entrada de la actual administración federal se hablaba de que partidos o incluso el mismo gobierno habían capturado de manera parcial o total algunos de esos organismos. La designación de consejeros electorales, por ejemplo, se ha dado en medio de intensas negociaciones partidistas y de reclamos de cuotas por parte de cada agrupación política. Otro caso fue el de una integrante del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que el año pasado apareció en la lista de candidatos a diputados plurinominales del entonces partido en el poder, el PRI. En los procesos para elegir a sus integrantes se ha vislumbrado siempre una pugna para ganar espacios de poder y la disputa de un botín por conquistar. Hace dos días el Presidente consideró a los organismos autónomos como ‘una gran farsa’ por estar al servicio de ‘intereses particulares’ […]. El tono de esas críticas no son de ahora, vienen de años atrás […]. No puede decirse que la actuación de los mencionados órganos ha sido inmaculada […], pero su creación ha marcado un antes y un después para el desarrollo tanto económico como democrático del país, así como para el impulso de la transparencia y de los derechos humanos. En ese como en otros temas, no todo es negro ni todo es blanco. Los matices importan y deben ser tomados en cuenta. De colocarse en una balanza, seguramente ganan los aspectos positivos en un país que requiere de equilibrios”.

La tarea de Ruíz Massieu

En Excélsior, Frentes Políticos, asegura que: “Claudia Ruiz Massieu se prepara para entregar el cargo de líder nacional del PRI. Se espera una de las batallas más importantes, pues el otrora partido invencible vio mermada su capacidad política en 2018. Hay varios candidatos. Habría que recordarles los requisitos: artículo 171, para ocupar la Presidencia y la Secretaría General de los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos de las entidades federativas, Municipales y de las demarcaciones territoriales de la CDMX, se deberá acreditar carrera de Partido y, como mínimo, una militancia fehaciente de diez años para dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, siete años para dirigentes de los Comités Directivos de las entidades federativas y tres años para dirigentes de municipios o de las demarcaciones territoriales de la capital del país. Si usted está impedido estatutariamente porque nunca ha sido militante y fue candidato externo, absténgase.”

Ruíz Massieu: la ausente

En El Universal, Bajo Reserva, asegura que: “la ausente, así le dicen algunos legisladores de la bancada de diputados del PRI a la dirigente nacional de ese partido, Claudia Ruiz Massieu. Priistas aseguran que la también Senadora nada más no da luz a sus diputados para ir en la misma línea para los temas nacionales, es más, ni siquiera se para por San Lázaro para influir en la votación de casos relevantes como el de la Guardia Nacional. Por ello es que ya la empiezan a llamar la ausente. Ni duda cabe que el proceso de renovación de la dirigencia está en curso y que en el PRI el clima no es precisamente de unidad”.

Salud catastrófica

En Milenio, Héctor Aguilar Camín, escribe que: “mucho antes de ser secretario de Salud, una de las obsesiones de Julio Frenk era el carácter catastrófico de las enfermedades desde el punto de vista económico. Para atender una enfermedad inesperada o un accidente grave, las familias sin seguro médico podían, pueden, perder todo su patrimonio, contraer deudas asfixiantes, cambiar de clase social. Una de las piezas maestras del Seguro Popular fue por eso el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), calculado para que la red de salud pública pudiera hacer frente a las contingencias de salud que son a la vez frecuentes e impredecibles […]. En el proyecto de recentralización del sistema de salud que propone el nuevo gobierno, se ha planteado que podrían utilizarse los recursos de ese fondo para regularizar la situación de 80 mil médicos, asunto importantísimo, seguramente necesario, pero que sería el equivalente, dentro del sector Salud, a tapar un hoyo grande haciendo un hoyo mayor. Si los recursos del FPGC fueran redirigidos a esta cuenta corriente, dicen Frenk y Gómez Dantés, se empobrecería el rendimiento no solo de la red de atención del Seguro Popular, sino de los mismísimos Institutos Nacionales de Salud, orgullo de la medicina pública mexicana […]. Concluyen Frenk y Gómez Dantés: ‘La expropiación de este fondo representaría una auténtica catástrofe para las decenas de miles de personas que dependen de él’ […]. Se dice que el nuevo gobierno no escucha a los expertos. No lo creo. Ojalá que no. Aquí está la voz de unos expertos que deberían escuchar”.

¿Sabía o no sabía?

Reforma, Templo Mayor, asegura que: “¿no que el Presidente de México todo lo sabe y de todo se entera? Como que no sonó muy creíble eso de que Andrés Manuel López Obrador no conocía los detalles de la reforma a la Ley de Pemex. Así que una de dos: o mintió o en serio no sabía. Si como jefe del Ejecutivo no estaba enterado, malo, pues significaría que no anda concentrado en los asuntos importantes y que, además, su equipo le oculta información. Y si lo que dijo fue una mentira, pues habrá que sumarla a la lista. Como sea, lo central en todo esto es reconocer que el gobierno federal dio marcha atrás en una reforma muy cuestionada y que, además, le habría traído fuertes problemas a Pemex tras la pérdida de confianza de inversionistas y calificadoras. Dicen que esto fue un triunfo para los técnicos del gabinete, como Carlos Urzúa y Alfonso Romo; y una derrota para los rudos, como Rocío Nahle y Octavio Romero Oropeza. De paso, los que quedaron colgados de la brocha fueron Zoé Robledo, que es el enlace del gobierno con el Poder Legislativo; y Mario Delgado, que fue quien empujó la iniciativa y ahora lo obligaron a guardarla en la congeladora”.

@loscabareteros

¡Comparte!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on reddit
Share on pinterest
Share on google
Share on email
Share on whatsapp
Share on print