Querida (es un decir) nueva mafia del poder

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Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del viernes 16 de noviembre de 2018. La bomba de Zambada: El testimonio de El Rey Zambada abarca una década fundamental en la historia de los cárteles mexicanos. Fueron los años de la consolidación del Cártel del Pacífico, que reclutó a funcionarios en todos los niveles, inclusive en la Presidencia de la República bajo el mandato de Vicente Fox, y su expansión en ese sexenio que llevó a que, a finales de 2006, el presidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra las drogas… Querida (es un decir) nueva mafia del poder. Una guardia militar…

Rayuela

El edil de Tijuana y su xenofobia traicionan el principio de asilo que ha sido ejemplo en nuestro país.

La bomba de Zambada

Raymundo Rivapalacio escribe en El Financiero que: “El testimonio de Jesús Zambada, El Rey, en el segundo día del juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, está lleno de cargas nucleares. Como testigo de la Fiscalía contra quien fue su socio durante lustros, reconoció en la Corte Federal de Brooklyn cómo controló, durante casi toda la primera década de este siglo, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, mediante el pago de sobornos a funcionarios de la PGR y de la Policía de Caminos. No lo reveló Zambada, hermano del líder del Cártel del Pacífico, Ismael El Mayo Zambada, pero su testimonio, si se quiere llegar al fondo de lo que dijo, podría llegar a tocar a los exprocuradores Eduardo Medina Mora, actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia, y a Marisela Morales, que recientemente presentó su renuncia como cónsul en Milán. Para entender la raíz de estos vínculos hay que remontarse al 22 de octubre de 2008, cuando en un operativo en Lindavista, agentes de la Policía Federal detuvieron a El Rey Zambada, junto con su hijo y 15 miembros del cártel. Los agentes seguían su pista como el jefe de plaza que había puesto precio a la cabeza de varios de los comandantes de la Policía Federal. Asesinos de bandas contratados por el Cártel del Pacífico mataron, en mayo de ese año, a Roberto Velasco, director de Investigaciones Criminales de la Secretaría de Seguridad Pública, que llevaba años tras la pista de El Chapo Guzmán. Ese mismo mes ejecutaron a Édgar Millán, coordinador de Inteligencia y Operativos contra el Crimen Organizado de la misma dependencia. En la lista funcionarios sentenciados se encontraban Luis Cárdenas, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, y Gerardo Garay, quien reemplazó a Millán. Garay le ganó la carrera a Zambada y encabezó el operativo que lo detuvo. Las intercepciones de su teléfono mostraron que El Rey pidió, en el momento del enfrentamiento con los federales, que lo rescatara Édgar Bayardo, un mando medio en la Policía Federal que recibía 25 mil dólares mensuales del Cártel del Pacífico por protección. Bayardo no pudo hacer nada porque Garay y su equipo actuaron con mayor velocidad e impidieron que intercediera por Zambada. Una semana después, Bayardo fue detenido por su presunta vinculación con la organización criminal. Bayardo se convirtió en testigo protegido de la PGR y le reportaba directamente a Medina Mora. (…) El testimonio de El Rey Zambada abarca una década fundamental en la historia de los cárteles mexicanos. Fueron los años de la consolidación del Cártel del Pacífico, que reclutó a funcionarios en todos los niveles, inclusive en la Presidencia de la República bajo el mandato de Vicente Fox, y su expansión en ese sexenio que llevó a que, a finales de 2006, el presidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra las drogas. Esta historia probablemente terminará de escribirse en Brooklyn”.

Querida (es un decir) nueva mafia del poder

Salvador Camarena, escribe en El Financiero sobre la nueva mafia del poder: “Antes que nada, y para que no haya malentendidos de ahora en adelante, les saludo en la conciencia de que sin importar el resultado de las elecciones pasadas, hoy en el barco de los ganadores de ese proceso han terminado por figurar las caras, y el cuerpecito entero, de muchos –por no decir que casi todos– de megabeneficiarios del modelo que, durante décadas, ha instalado una desigualdad social donde una minoría diminuta ha hecho fortunas sin pestañear ante la mendicidad de más de 50 millones de compatriotas. Felicidades –disculpen si son tardías– por su triunfo, muchachos. Se suponía que el eje principal, o así fue entendido por algunos, de la elección del 1 de julio había girado en torno a esa, para otros, insoportable realidad: no habría futuro para el país si la política seguía bajo la influencia de un grupúsculo de potentados de tan famosa como infame voracidad, mirreyes de una cúspide soportada por hordas de miserables. Y que por tanto, lo que seguía, lo imperante, era que por el bien de México, primero los pobres. Se suponía. Para lograr esa misión igualadora, que nadie se equivoque, no era menester que el próximo gobierno se planteara como un objetivo el destruir capital, o castigar indebidamente a los empresarios; y menos el confiscar a diestra y siniestra fincas y fábricas, revocar sin fundamento licencias o cancelar inopinadamente contratos. Es más, ni siquiera resultaba estratégico pelearse con los hombres y la mujeres del poder económico nomás porque sí. Dificultarles por deporte su actividad es tan ridículo e improcedente, como peligroso para la economía. (…) ¿El próximo gobierno aún buscará eso, ser el que manda y cumplir el mandato que se le dio de lograr la justicia social? ¿O basará fundamentalmente su modelo en dádivas para unos (jóvenes y viejos) y favores para otros (ustedes los ricos, con el perdón de Ismael Rodríguez)? Será en el tiempo que esas interrogantes se despejen y el legado del futuro presidente acusará si fue acertado o equívoco el abrazarse a ustedes. Porque hoy que nos enteramos, querida (es un decir) nueva mafia del poder, de que serás parte del entorno del próximo presidente, nos surge una duda enorme”.

Seguridad: la nada, lo poco, lo peor

Tras el anuncio del plan de seguridad que será implementado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de uno considera que la estrategia planteada por el próximo presidente es la misma que ha sido implementada en los últimos 12 años: el ejército en las calles realizando labores propias de la policía. En Milenio, Carlos Puig, escribe que: “pues ya hay plan –amanecí generoso–. Lo peor: camina en sentido contrario de todo lo que hemos aprendido en estos años trágicos. Doce años de militarización, donde el Ejército y la Marina han sido los verdaderos protagonistas de la lucha contra la delincuencia organizada con los resultados que están a la vista, convencieron al Presidente electo y su equipo de que esa era la ruta para seguir, la misma con esteroides, mucho más de lo mismo, pero ahora hacerlo con todas las de la ley. Como si el problema hubiera sido la ley. En el camino, acabando con la única corporación policíaca civil, la Policía Federal y diciéndoles a esos 30 mil elementos que fundamentalmente no sirven para nada y ahora se someterán a la disciplina castrense, que en la teoría de la 4T esos sí son buenos y eficientes y además les van a ordenar, ahora sí, ser así. Suerte. La(s) nada(s): ¿cincuenta mil elementos en la Guardia Nacional? Pues si hago cuentas no son nada, o más bien son lo mismo. Si uno suma los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval, pues nos dan más o menos 50 mil. Es decir, lo que hay. Por cierto, en los peores tiempos de Calderón se desplegaron hasta 60 mil efectivos del Ejército mexicano, y ya vimos qué bien nos fue. Ánimo con eso. Es la idea del próximo gobierno que en asuntos de seguridad la justicia no existe. Así. No hay una sola mención, por ejemplo, a policías ministeriales, el enorme cuello de botella del sistema, gran creador de impunidad. Por ahí se dice que harán de los elementos de la Guardia Nacional, auxiliares del Ministerio Público. No pues mucha, mucha suerte ahí. Y por supuesto, no existe lo local. Nada, cero. Ahí donde caen la mayoría de los delitos. Bueno, soy injusto, sí los invitan a unas juntas mañaneras donde todo se va a arreglar. Nada hay de policías municipales ni estatales ni fiscalías estatales. Nada. Será que no les dio tiempo. Lo poco: se habla de acabar con la prohibición de la droga, pero se mete un farragoso párrafo sobre de cómo Estados Unidos no quiere y tendrá que ser bilateral. Se habla de prevención, cárceles y reinserción –sin cómos-. ¡Hey!, ánimo, se va a erradicar la corrupción”.

Una guardia militar

En Reforma, Sergio Sarmiento, escribe acerca de la propuesta de López Obrador para crear una guardia nacional que se encargue de salvaguardar la seguridad de los mexicanos, sin embargo, uno de los puntos discutibles de la propuesta es que para su conformación elementos de policía serán resignados a las fuerzas armadas: “los grupos de izquierda cuestionaron insistentemente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por militarizar la seguridad pública. Llevaron la Ley de Seguridad Interior a la Suprema Corte de Justicia para que fuera declarada inconstitucional. Había un gran interés, por lo tanto, para ver el Plan Nacional de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo reemplazaría al Ejército y a la Marina en las funciones de policía? Hoy tenemos la respuesta: militarizándola de manera formal y definitiva. La propuesta de López Obrador es integrar una nueva Guardia Nacional con contingentes de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal. Esta nueva corporación tendrá entre 120 mil y 150 mil elementos, contra 40 mil de la actual Policía Federal. El mando lo tendrá la Secretaría de la Defensa. No sorprende que López Obrador haya decidido militarizar formalmente a la policía. A pesar de lo “inconveniente” de la solución, quizá no hay otra opción en la actualidad para enfrentar al crimen organizado. Pero hay dos problemas. Uno es que la militarización será permanente, cuando lo recomendable es usar a las Fuerzas Armadas de forma temporal mientas se crea una policía federal eficaz. El otro es que la solución es inconstitucional, lo cual no arredra a López Obrador, quien pidió a los líderes del Congreso que enmienden la Constitución para dar cabida al proyecto. Otros de los ejes del Plan de Seguridad no tendrán un impacto significativo en la delincuencia. Los programas de desarrollo y bienestar pueden ser muy positivos, pero no disminuyen la inseguridad […] Regenerar la ética de la sociedad a través de una Constitución moral es un ejemplo más de cómo las expresiones de buena voluntad reemplazan al sentido común. La ética de la sociedad no se recupera a través de una Constitución sin fuerza de ley […] La inseguridad es una de las razones principales del triunfo electoral de López Obrador. Los dos gobiernos anteriores encontraron en este tema sus mayores derrotas. A todos nos conviene que el nuevo régimen tenga éxito donde fallaron los anteriores. Pero no se ven en el nuevo plan elementos que nos den certeza de que el nuevo gobierno tiene una visión más clara en este tema que los anteriores”.

Seguridad incierta

En Excélsior, Yuriria Sierra, habla acerca de la declaración de inconstitucionalidad que la suprema Corte emitió para invalidar la tan controvertida Ley de Seguridad Interior: “atrás. Diez de once ministros declararon inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Tal vez la coyuntura no le permitía un final distinto; desde su presentación, la ley fue polémica y sumamente criticada, pues daba a la fuerza militar facultades para gestionar temas de seguridad pública, y por ello provocó la organización de colectivos que ayer habrán celebrado la decisión de los ministros, quienes consideraron que, además, el Congreso no tiene facultad para legislar en esta materia. Era un desenlace esperado: el martes, durante la primera sesión de deliberación, se contaron seis votos a favor de invalidar la ley, ayer sumaron el resto de los necesarios, ocho, y agregaron dos más. Los ministros concluyeron que sólo el Ejecutivo Federal está facultado para disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad; por si fuera poco, subrayaron que la ley tuvo vicios de origen en el procedimiento legislativo que derivó en su aprobación. Todo mal, pues. Y vaya día para esta resolución. Estábamos en la relectura de lo presentado el miércoles por Andrés Manuel López Obrador, su Plan Nacional de Paz y Seguridad, con el que se combatirá a la corrupción con la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, se tipificará como delito grave, sin libertad bajo fianza; también, nos dicen, garantizará empleo, educación, salud y bienestar con la implementación de programas sociales; además establece la redacción de una Constitución Moral para mejorar relaciones sociales; también se recuperarán las cárceles y se dignificarán las condiciones de los internos […] llega la incertidumbre: ¿qué sucederá con lo planteado por López Obrador tras lo resuelto en la Corte? Aquello que dijo que ya no sucedería, seguirá como parte de la realidad nacional: el Ejército en las calles. Y tal vez el cambio sea por una evaluación de viabilidad, ¿qué otra cosa se puede ofrecer en el corto plazo? Pero lo que es un hecho, es que lo decidido en la Corte merma este polémico punto. Se sabe que el martes, legisladores de Morena presentarán ante el Congreso una iniciativa para permitir la creación de la Guardia Nacional para establecer un marco legal de la actuación del Ejército en las calles, a través de reformas constitucionales necesarias, para abrir la puerta a que militares vigilen las calles, realicen detenciones y sean auxiliares del Ministerio Público, como una policía de investigación. Si bien, Morena es mayoría y difícilmente frenarán esta propuesta, lo que habrán de pensar ahora es ¿cuál será el escenario posible si su propuesta llega también a la SCJN como ocurrió con la Ley de Seguridad Interior? ¿Cuántas impugnaciones llegarán, más aún con el antecedente de lo ocurrido ayer? Otra raya a un tigre que aún no toma protesta. Faltan dos semanas. Comenzará la prueba”.

Oportunidad para la paz

En El Universal, su Editorial, asegura que: “doce años con el tema de la violencia e inseguridad dominando la conversación pública y política son demasiados. En este lapso decenas de comunidades han modificado hábitos y vida social por la actividad de los grupos criminales. Muchos empleos desaparecieron, varios negocios sencillamente no se concretaron por no encontrar el clima adecuado. Miles de vidas terminaron cuando se negaron a desprenderse de sus pertenencias o por quedar en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales […] El gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre se ha comprometido a modificar el escenario. Con ese objetivo, el miércoles presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. El eje del proyecto es la creación de una Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa y conformada por elementos de la Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal. Expertos ven una continuación de la estrategia que se ha seguido en los últimos dos sexenios, la de enviar a efectivos militares a desempeñar labores de seguridad pública, situación que —exponen— se contrapone a lo que marca la Constitución Política. El intento del gobierno actual de instaurar un marco legal a la actuación del Ejército precisamente fue frenado ayer por la Suprema Corte al declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que pretendía avalar la participación castrense en temas de seguridad. El nuevo gobierno adelantó que buscará una reforma constitucional para regular la Guardia Nacional y no se incurra en la ‘simulación’. A partir del 1 de diciembre será necesario que al proyecto se sumen actores que el miércoles estuvieron ausentes, como los gobernadores. No es deseable marginarlos del plan sino comprometerlos, por ejemplo, con la profesionalización de sus cuerpos policiacos. También será indispensable que, de la misma forma en que se anunció el plan, se conozcan los avances, se reconozcan eventuales errores y se adopten los cambios pertinentes para alcanzar lo que se ha propuesto. Ninguna estrategia puede ser 100 por ciento exitosa. Admitir fallas de ninguna manera debe ser sinónimo de fracaso. Lo importante es actuar, en lo que puede ser la última oportunidad para alcanzar la paz”.

AMLO tendrá fiscal carnal

En La Jornada, Julio Hernández López, escribe que: “no habrá un fiscal general con sana distancia respecto al poder presidencial […] Así como este miércoles el coordinador de Morena en San Lázaro dijo a Andrés Manuel López Obrador que sus diputados habían trabajado hasta la madrugada para entregarle los cambios legales suficientes en materia administrativa para avanzar en la Cuarta Transformación del país, ayer el Senado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación que, en los hechos, deposita en las manos del propio López Obrador la designación de quien cumplirá tareas similares a las de la actual Procuraduría General de la República, pero con aspiraciones (sólo teóricas) de autonomía real respecto a otros poderes o factores de poder real. Con esa decisión senatorial se abaten los márgenes de eventual independencia del futuro fiscal general, quien, como ha sucedido en las administraciones presidenciales anteriores, tendrá un compromiso político y laboral con aquel que lo colocó en tan alto puesto […] En el caso de la fiscalía general hay un recorrido político de oposición a lo que se ha denominado un fiscal carnal. Enrique Peña Nieto pretendió imponer a uno de sus cercanos, Raúl Cervantes Andrade, como sucesor en automático de sí mismo, pues ya era titular de la Procuraduría General de la República y, conforme a un artículo legal transitorio, pasaría a ser el nuevo fiscal, por nueve años, sin mayor discusión. La evidente pretensión peñista de conseguirse un guardaespaldas judicial transexenal movió a diversos grupos y personalidades a rechazar la idea de ese fiscal carnal. Vencida que fue esa tentación peñista, se impulsó la propuesta de establecer modificaciones legales que impidieran la aparición de posteriores tentaciones similares. Pero, ayer, el Senado aprobó en lo general una ley que concentra en Palacio Nacional el poder real de decisión. En áreas importantes del morenismo se argumenta que la trascendencia del proyecto político encabezado por López Obrador no permite correr el riesgo de un Fiscal de Troya que frene las propuestas de la llamada Cuarta Transformación y que, eventualmente, pueda servir para enderezar acciones judiciales facciosas contra el obradorismo”.

A disculparse y volver a invitar

En Milenio, Carlos Marín, escribe que: “el miércoles, después de escuchar los argumentos de Josefina Vázquez Mota sobre el agravio diputadil a las fuerzas armadas por invitar y luego desinvitar a los altos mandos en activo a la ceremonia en que protestará el cargo de Presidente su próximo comandante supremo, el morenista Félix Salgado Macedonio, cabeza de la comisión de los asuntos relacionados con el Ejército y la Marina Armada del Senado, expresó: ‘Hemos de rectificar. Y como Comisión de la Defensa Nacional, uno de nuestros propósitos es, precisamente, ser garantes de que nuestras fuerzas armadas sean respetables, sean respetadas, y de que continúen haciendo su labor en defensa de nuestra nación…’. Aunque sus pares de las otras fracciones opinaron lo mismo, que el presidente de la instancia senatorial compartiera esa preocupación facilitó que el asunto se plasmara en la Gaceta Parlamentaria, y todo indica que el martes adquirirá el rango de orden este punto de acuerdo: “El Senado de la República exhorta a los organizadores del mencionado acto solemne a, de manera inmediata y sin reservas, reconvenir y extender una nueva invitación a los altos mandos del Ejército mexicano para que asistan en calidad de invitados especiales a la toma de protesta del Presidente de México. Es cuanto’ […] Para la comisión, ‘retirarle a los más altos representantes de las fuerzas armadas de México la invitación para asistir a ese evento, se constituye no solo en un agravio y una descortesía, sino en toda una afrenta y en una falta de respeto que ellos no se merecen y que nosotros no aceptamos. Por eso, les exigimos altura de miras a los responsables de la organización de esa toma de protesta tanto por parte de la colegisladora como de parte del equipo de transición, y les exhortamos (…) se reivindiquen extendiendo tanto una disculpa pública, como, a su vez, una invitación a los altos mandos militares a la toma de protesta del próximo Presidente de la República el próximo día primero de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que por mandato constitucional será también, nada más y nada menos, que el próximo comandante supremo de las fuerzas armadas […] ¡Chíngale!”.

“Amarga realidad…”

En Excélsior, Francisco Garfías, escribe que: “tengo una amiga activista. Ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos desde trincheras muy distintas. Su corazón late por la izquierda. Abraza todas sus causas con devoción. Ayer la sentí impactada con el llamado de AMLO a cambiar la Carta Magna para dejar atrás la ‘simulación’ y elevar a rango constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen. No le gustó. Los días previos habían sido de felicidad. A todo mundo le contaba que el pasado martes, seis ministros de la Suprema Corte de Justicia se habían pronunciado en contra de la Ley de Seguridad Interior. ‘Ya sólo nos faltan dos para que sea declarada inconstitucional’, festejaba. Y ocurrió lo que esperaba. La votación fue nueve a uno en el pleno del máximo tribunal. Pero ocurrió la paradoja. Los militares se quedan en las calles para combatir criminales por decisión del próximo presidente. Este jueves, nuestra amiga no celebró. Lamentó, eso sí, el anuncio del ‘electo’. Está consciente que la Constitución será reformada para legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en el violento combate al crimen. En Morena se le cuadran a Andrés Manuel, aunque aparenten lo contrario. La activista está convencida de que la ‘militarización’ de la lucha contra el crimen no es el camino para pacificar el país. Su voz dice lo que mucha gente que votó por AMLO piensa: ‘Resulta muy inquietante que se proponga reformar la Constitución para consumar la claudicación de las autoridades civiles frente a las Fuerzas Armadas’ […] El anuncio de que los militares quedarán al mando del combate a la delincuencia inquietó a muchos, muchísimos. Las protestas de las organizaciones pro derechos humanos se multiplicaron. Amnistía Internacional de plano le pidió al presidente de facto —Peña ya se fue— a sacar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública y fortalecer a las policías. A nosotros, sin embargo, nos parece atinado dar marco legal a la participación de soldados y marinos en labores de seguridad pública, sobre todo cuando se rompen la maceta con criminales peligrosos y bien armados. Sabemos que ha habido abusos de los militares. Tlatlaya. Están documentados. Pero también sabemos que ‘el pueblo sabio’ los quiere en sus comunidades. Sin los militares se sienten desprotegidos. La ‘amarga realidad’ —como la definió AMLO— obliga a que soldados y marinos participen en la lucha contra el poderosísimo crimen organizado que avasalla territorios enteros”.

Malas influencias

Milenio, Trascendió, asegura que: “el alcalde panista de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, destapó una de sus influencias en materia política que ni sus más allegados compañeros de partido se imaginaban: el priista Arturo Montiel, quien usaba como eslogan de campaña la desafortunada frase ‘Los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas’. Encolerizado por la llegada de una de las caravanas de centroamericanos a esa ciudad histórica de migrantes, a la que llamó ‘hordas’, pidió a la autoridad federal ‘aplicar el 33’ a esos ‘pésimos extranjeros’ y sentenció en entrevista con nuestro colega Alejandro Domínguez: ‘Los derechos humanos son para los humanos derechos’. Ups”.

Nuevos asesores

Reforma, Templo Mayor, asegura que: “¡santas señales encontradas, Batman! Justo el día que el colectivo #FiscalíaQueSirva, en el que participan decenas de organizaciones civiles -entre ellas, la Coparmex-, rompió con el próximo gobierno por su plan de seguridad, Andrés Manuel López Obrador anuncia que tendrá un consejo asesor de empresarios. Y resulta que entre los mencionados por el tabasqueño hay accionistas y directivos de empresas que, hace no mucho tiempo, cabían en el enorme saco de ‘La Mafia del Poder’ y que ahora, a la luz de la Cuarta Transformación, serán sus consejeros. Pero quizás lo que más sorprende es que esto suceda menos de dos semanas después de que el Presidente electo decretó la separación del Poder Político y el Poder Económico. Como dice el bolero: ‘¿En qué quedamos por fin?, ¿me quieres o no me quieres?’”.

Timón

Excélsior, Frentes Políticos, asegura que: “la conformación del Consejo Asesor Empresarial, propuesto por Andrés Manuel López Obrador, viene a apuntalar el proyecto económico del país. Da confianza y certidumbre. La experiencia de Alfonso Romo, quien coordinará al Consejo, y su cercanía con los empresarios, es un mensaje de que la nueva administración federal gobernará para todos. Tras reunirse con los representantes de la iniciativa privada, López Obrador reveló que salió de ellos la idea de apoyar, y les tomó la palabra. Romo llevará a buen puerto el encargo. ‘Confíen y colaboren’, les pidió, ‘no queremos un ejercicio del poder alejado de la gente’. Esta historia comienza bien”.

Y ahora viene la constitución moral de AMLO

El Universal, Bajo Reserva, asegura que: “desde la campaña electoral Andrés Manuel López Obrador comenzó a manejar el concepto de constitución moral, sin mayores detalles de su contenido. Posteriormente designó a un grupo de personas para trabajar en la elaboración. En esa ruta, nos dicen, el ahora presidente electo reunió este jueves al consejo encargado de la realización de la carta. Don Andrés Manuel puso un periodo de seis meses para que sus consejeros arrastren el lápiz y tener listo el documento que pretende ser la guía para la moral y las buenas costumbres de los mexicanos. El consejo está integrado por el futuro vocero presidencial Jesús Ramírez, José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván Ochoa y Verónica Velasco. Ahí viene la constitución moral de Andrés Manuel López Obrador…”.

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